La Fiscalía ha abierto en Arrecife una investigación para estudiar si pudo existir alguna irregularidad o delito en el decreto que firmó la ex presidenta del Cabildo de Lanzarote María Dolores Corujo para tratar en teoría de garantizar que el polémico Juan Manuel Sosa cobrara íntegramente su sueldo de médico al margen de las resoluciones que se pudieran adoptar tanto en la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias como en los tribunales de justicia. Según ha podido saber este diario consultando fuentes de la Primera Corporación insular, el actual director insular de Presidencia, el abogado David Monte, tendrá que ir a declarar a la sede del Ministerio Público el próximo 9 de junio a las 9 de la mañana, en su caso por haber sido el denunciante de la situación que se ha encontrado el actual Gobierno que preside el nacionalista Oswaldo Betancort. Tal y como reseñan las mismas fuentes, el galeno que se transfugó del Grupo de Coalición Canaria (CC), del que era portavoz, para apuntalar el Gobierno de la ahora diputada nacional y secretaria general del Partido Socialista (PSOE) en Lanzarote y evitar así una posible moción de censura de los que eran sus socios en aquel momento, el Partido Popular (PP) de Astrid Pérez, y la propia Corujo tendrán que pasar a declarar posteriormente los días 10 y 11 para aclarar el porqué del documento que se elaboró en la sede del Cabildo.
Fue el 5 de noviembre de 2021 cuando la consejera accidental de Recursos Humanos realiza una propuesta de decreto de confirmación de la delegación especial del consejero de Sanidad y Planificación Sanitaria en contra de la propuesta de resolución de la Intervención del día 8 de octubre sobre el abono de las retribuciones a Juan Manuel Sosa Rodríguez y atendiendo a un informe que había hecho el propio departamento de Recursos Humanos el día anterior. Finalmente, la entonces presidenta confirma en todos sus términos el anterior decreto que había elaborado en diciembre de 2019 mediante el que se delegó en el ínclito consejero el nuevo ejercicio de sus competencias reconociendo y asumiendo la situación de servicios especiales y dedicación exclusiva al puesto que había venido desempeñando desde esa fecha al amparo de lo dispuesto en la Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 27 de abril de 2020. Es decir, que independientemente de lo que sucediera a posteriori, teniendo en cuenta que cuando se firma el decreto ya se había denunciado por parte de CC que el cobro de su sueldo íntegro como médico del Servicio Canario de la Salud (SCS) era ilegal, puesto que lo estaba cobrando por su puesto de portavoz de Grupo y al transfugarse había dejado de serlo y por tanto debía cobrar el mismo sueldo que el resto de consejeros, se amarraba en teoría el salario que se había pactado entre ellos cuando se produjo el acuerdo político que blindó a la entonces presidenta de la institución insular.
El párrafo más llamativo sin duda del decreto es el que determina la posible intencionalidad que tendría el acto y que es lo que se va a investigar: “En el caso de que el Gobierno de Canarias modificara el contenido de la resolución de la Dirección General de Función Pública de 20 de abril de 2020 se procederá por esta corporación, en el supuesto de que fuera necesario, a tramitar el procedimiento que resultare pertinente para adaptar el Decreto de esta Presidencia de 30 de diciembre de 2019 a la nueva resolución del citado centro directivo autonómico”. Un auténtico galimatías que ahora la Fiscalía quiere aclarar, teniendo en cuenta que, tal y como preveían, se produjo un cambio de criterio en Función Pública y fueron dos tribunales, el último el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), los que determinaron que el médico había cobrado unos 300.000 euros en el periodo que estuvo en el Gobierno de Corujo que no le correspondían y que por tanto, más las costas del proceso, debe devolver.
Tal y como adelantó este diario el pasado 7 de abril de 2026, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC desestimó el recurso de apelación interpuesto por Juan Manuel Sosa contra la sentencia dictada por la Plaza Número Uno del Tribunal de Las Palmas por la que le obligaba a devolver esos 300.000 euros de dinero cobrado ilegalmente cuando decidió transfugarse. En una sentencia firmada el 30 de marzo, con la magistrada Inmaculada Rodríguez Falcón como ponente y con el apoyo de los magistrados Jaime Borrás Moya y Francisco José Gómez de Lorenzo Cáceres, la Sala condena también al ex político palmero a las costas del procedimiento.
Fuentes del Cabildo confirman a Crónicas que el dinero no se ha devuelto hasta el momento al entender que el galeno ha vuelto a recurrir en un último y desesperado intento de que algún tribunal le dé la razón, provocando una evidente dilación en la ejecución de una sentencia que inicialmente parecía firme.
La investigación
El titular de la Fiscalía de Área de Arrecife, Fernando Rodríguez Navarro, el mismo que está estudiando los farragosos temas que afectan al Ayuntamiento de la capital lanzaroteña, emitió el pasado 25 de marzo un oficio dirigido al Cabildo de Lanzarote en el que solicitaba dentro de las diligencias de investigación que ha abierto que "a la mayor brevedad posible" se le enviara copia íntegra y debidamente foliada del expediente relativo a la situación administrativa de Juan Manuel Sosa Rodríguez desde el año 2019; su nombramiento como consejero normal y como consejero delegado; el régimen de dedicación y retribuciones asignadas y cualquier informe jurídico, de Intervención o de otro carácter emitidos en relación con esos extremos que quiere analizar.
También pidió el fiscal que le enviaran desde el Cabildo todos los escritos, solicitudes y comunicaciones presentadas por el consejero tránsfuga en relación con su situación administrativa y retributiva durante el periodo indicado en el decreto de Corujo que se analiza.
Rodríguez Navarro emitió posteriormente un decreto en esta fase de diligencias preprocesales en el que determina que "de la documentación aportada se desprende, indiciariamente, que el referido (Sosa) habría continuado percibiendo retirbuciones como funcionario de la Comunidad Autónoma de Cnarias tras haber perdido la condición que habilitaba su pase a la situación administrativa de servicios especiales, concretamente la de portavoz de grupo político, sin haber comunicado dicha circunstancia a la Administración competente, manteniéndose dicha percepción durante un periodo prolongado de tiempo". "Asimismo, se hace referencia a la posible adopción de resoluciones administrativas que habrían permitido el mantenimiento de dicha situación, pese a la inexistencia de los requisitos legales exigidos", añade.
El fiscal entiende que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y otros ilícitos penales conexos.
En la parte testifical el decreto ya anticipa que va a llamar a declarar a David Monte en calidad de testigo y a Juan Manuel Sosa, con asistencia letrada, en calidad de investigado, así como a otras personas que pudieran haber intervenido en los hechos. Eso fue lo que determinó en el mes de marzo en la primera prospección que hizo del asunto, cuestión que cambió más adelante.
De hecho, el 14 de mayo de este año, el fiscal elaboró otro oficio, esta vez para que el Cabildo le remitiera certificación expresa del secretario general del Pleno y del responsable del Archivo Administrativo sobre "si existe o ha existido informe del Área de Recursos Humanos de fecha 8 de enero de 2021 relativo a las retribuciones de los consejeros con dedicación exclusiva y en caso afirmativo la identificación del autor, fecha de emisión, número de registro, soporte documental y expediente administrativo en el que hubiera sido incorporado".
De igual forma, reclama que le remitieran "copia íntegra del expediente administrativo número 10851/2021 y del expediente de aprobación de los Presupuestos del Cabildo de Lanzarote para el ejercicio de ese año a fin de comprobar la existencia y contenido de la documentación referida en el decreto 5684/2021", decreto firmado por la entonces presidenta del Cabildo y que es el principal objeto de análisis de esta nueva investigación.
Informe jurídico del Cabildo
La actuación de la Fiscalía se basa también en un extenso y demoledor informe jurídico del propio Cabildo, en el que, entre otras muchas cosas, se justifica el porqué de la solicitud de la revisión de oficio del decreto de María Dolores Corujo con la finalidad de facilitar la depuración de los vicios de nulidad radical o absoluta que tiene, evitando que la situación en la que ha incurrido el reconocimiento de la declaración exclusiva y posterior retribución a Juan Manuel Sosa no produzca efectos jurídicos al tener vicios esenciales de tal relevancia y trascendencia que tienen que ser aclarados.
En sus conclusiones, el Servicio Jurídico del Cabildo dictamina que el decreto de Presidencia número 5684/2021, de 5 de noviembre, incurre en vicios de nulidad de pleno derecho conforme a la concurrencia a las causas recogidas en los artículos 47.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), en sus apartados b y f, y del 47.2 de la misma normativa.
Ese mismo documento habla de la incompetencia manifiesta del órgano de la Presidencia del Cabildo para reconocer y asumir la dedicación exclusiva con carácter retroactivo desde el 30 de diciembre de 2019, amén de la misma incompetencia para levantar el reparo de legalidad interpuesto por la Intervención de la administración insular.
Según el criterio de la jurista que avalaba el informe del pasado 20 de octubre de 2024, era necesario así iniciar el procedimiento para la revisión de oficio de ese decreto de Presidencia de 2021.
