Por Ramón Pérez Hernández
La Junta de Gobierno de Arrecife acordó el 13.04.2012 dar nueva Licencia de Obras para amparar la pretendida legalización del Aparcamiento en el Expediente tramitado a petición de la promotora del Parking, en el 2º Incidente que tramita el TSJC. Los Informes en que se ha basado la Junta de Gobierno para otorgar la Licencia, bajo mi punto de vista no tienen fuerza legal para tal deseo del Ayuntamiento y Promotora, teniendo en cuenta que la EDIFICACIÓN ILÍCITA no cumplió los parámetros urbanísticos del PGOU Arrecife de 1998, y por eso el TSJC anuló las licencias de obra y de actividad.
El Informe Técnico fecha 12 abril 2012 anuncia favorablemente la legalización basándose en el PGOU de Arrecife en vigor por la ADAPTACION BASICA aprobada en 2004. El otro Informe emitido el 11 abril 2012 también notifica favorablemente la legalización apoyándose en el artículo 178 del Texto Refundido 1/2000 de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, cuyo párrafo 1º respalda la posibilidad de ‘legalización’, pero ¡ojo!, en el supuesto de que por alguna nueva situación jurídica, o de planeamiento, PROCEDA. Al no existir nueva situación jurídica ni de planeamiento favorable, tal interesada legalización en este concreto caso jurídico y de planeamiento es improcedente porque está prohibido por la Ley 19/1998 de lo Contencioso Administrativo en el artículo 103.4, que, palmariamente, establece: “Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento”.
Las consecuencias negativas a la legalización son producto de las “artimañas” del consistorio de Arrecife, que en 2004, en la Adaptación Básica, intentó modificar el Planeamiento para dar cabida legal al Parking, despreciando la legalidad el Pleno Municipal ya que no tenía ni tiene competencias para introducir las modificaciones sustanciales del Planeamiento llevadas a cabo a través de la repetida Adaptación Básica. Asimismo en 2007 el Pleno Municipal se inventó corregir, repito, sin tener competencias legales, ‘imaginados errores y omisiones del Acuerdo de 2004’, intentando dotar de consistencia jurídica mediante el engaño, a tales improcedentes disparates introducidos falsamente en la redacción del PGOU de Arrecife.
Evidente que no hay nada nuevo “bajo el sol” que pueda modificar el sentido jurídico de la Sentencia dictada por el TSJC el 17 marzo 2006 por la que anuló las Licencias ilegales de construcción del Parking; por ello opino, que la nueva licencia otorgada el día 13.04.2012 por el Ayuntamiento, con la desacertada intencionalidad de querer legalizar el Aparcamiento, es ‘una nada jurídica’, que al no existir en el mundo de los vivos, no sirve para ‘activar’ la legalización pretendida del Aparcamiento, edificado en fraude de ley en el subsuelo del Parque Islas Canarias de Arrecife. Me encantaría que la “FCM”, haciendo gala de su probado superior respeto a la legalidad, en el momento procesal oportuno, se oponga firmemente a este nuevo intento de burlar la ley de la Junta de Gobierno de Arrecife y la Promotora con inicuo ‘carcajeo’ a los ciudadanos. También me gustaría, por ser de justicia, que la “FCM” exija la indeclinable recuperación original del Parque Islas Canarias, ¡sííí… tal como lo diseño ‘César’!, y que lo pague la Promotora [pidió la Licencia de obra en presunto fraude de ley] única culpable del daño producido a la ciudad por el “asesinato” de ese Paraíso-litoral, el lugar de encuentro ciudadano más amplio y sorprendente, el más reconocido y divertido, la mejor zona cultural y recreativa de Lanzarote en todos los tiempos. Francamente, siento ‘vergüenza ajena’ de los característicos miserables buhoneros. Estos ataques a la legalidad urbanística contra el interés general, son los típicos necios ‘crímenes urbanísticos’ que se asemejan a las injustificadas actuaciones punibles que denunció en el Informe al TSJC en 2001 la Fiscalía de Medio Ambiente de Canarias, en el que el Sr. Fiscal Jefe afirmó que los “delincuentes urbanísticos de canarias se confinaban en las administraciones locales”.
