Por Manuel N. González Díaz
El Tribunal Supremo de España ha declarado en sentencia firme la ilegalidad de los permisos, licencias y obra de la Fundación César Manrique, en adelante FCM, en la colada volcánica de Tahiche, Teguise, Lanzarote. Un pleito que empezó, y empecé, yo, y no un ángel, hace diez años.
Cuando la FCM solicitó el permiso para ejecutar “la adecuación de la Casa de las Cúpulas” el funcionario de turno, hoy ya jubilado, de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias emitió un informe “negativo”, y en las observaciones escribió: “el proyecto es confuso”. Sí, efectivamente, el proyecto era muy confuso, pero para mí que la confusión era bien deliberada, había, obviamente, mala fe.
Cuando el Gobierno de Canarias recurre la sentencia condenatoria, e iban tres condenas acumuladas, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en adelante TSJC, ante el Tribunal Supremo, en adelante TS, su abogado, del Gobierno que presidía Don Adán Martín, no podía discutir o poner en cuestión lo que era indiscutible: lo hecho era ilegal. La sentencia del TS ratifica la del TSJC, y se produce la cuarta y última sentencia condenatoria. La primera la emitió el Juzgado en Las Palmas de Gran Canaria, las dos siguientes el TSJC, y la cuarta y última ha sido la del Supremo.
La Consejería del Gobierno, ante aquella petición de la FCM, que era, evidentemente, una locura: la ejecución de una obra aledaña a las Cúpulas, cerca de 700 metros cuadrados de edificación, más muros, pérgolas, y ajardinamientos, cerca de 900 metros cuadrados, no le autoriza ese proyecto, que es, a todas luces, una casa nueva sobre el volcán, y sólo le autoriza la reforma, remozamiento y “adecuación” de la Casa de las Cúpulas, también solicitada. El término “adecuación”, en sí, no existe en derecho urbanístico, en sí, el término, aplicado a éste objeto, es tramposo: adecuar no es hacer una casa nueva.
En aquel espacio aledaño a la casa ya existente había una excavación de 200 metros cuadrados, realizada por el anterior propietario, que pretendía hacer una piscina. Los dirigentes de la FCM aprovecharon esos 200 metros cuadrados e hicieron otros 200 metros más de excavación, ellos y no otros, y así desapareció la colada volcánica, y levantaron un loft de lujo (esto tampoco está en el D.R.A.E. pero cualquier persona de cultura corriente sabe que se trata de una casa, moderna y funcional) con vistas espectaculares a la lava que había quedado sin destruir.
¿Quién es el responsable? Lo que otorgó la Consejería fue un permiso para “adecuar” la casa de las Cúpulas, esto es adecentarla, remozar lo deteriorado, enfoscar alguna pared, en fin, cualquiera sabe esto. Lo normal, y propio, hubiese sido que la FCM recurriese la licencia otorgada, por incongruente (solicitaron una cosa y se les concedió otra), que por esa incongruencia fueron las condenas de cuatro instituciones judiciales, o si no recurre, acatar la licencia que le dieron...pero no hizo ni una cosa ni otra, lo que ejecutó fue una casa nueva sin autorización alguna.
Mienten cuando se declaran víctimas: ni antes ni ahora tenían autorización, lo que hicieron fue un delito, tipificado por el código penal con hasta cuatro años de cárcel, pero eso ya prescribió, y yo, mis abogados, no fuimos por la vía penal porque ya había prescrito, pasado más de tres años, pero si fuésemos, incluso ahora, obtendríamos una condena para los responsables de la FCM, su presidente, José Juan Ramírez y Marrero Portugués, y el bardo ese, Gómez Aguilera, su director de actividades fundacionales (Y dos huevos duros, que diría el marxiano -tampoco está esto en el D.R.A.E. viene de Marx, no de Karl, sino de Groucho and cía.-) por delincuentes.
¿Por qué esos referidos dirigentes no denuncian al Gobierno de Canarias y piden que se les indemnice por daños y perjuicios? Pues porque no pueden ni tienen derecho, por eso, que ellos saben, pillos, listillos, no reclaman, pues son ellos, y no otros, los únicos responsables.
Definitivamente, la Consejería autorizó lo que no se le había pedido y la FCM hizo lo que nunca se le autorizó.
La obra, en suelo rústico protegido, ni tiene interés social ni utilidad pública, puesto que no es algo que fuera autorizado.
Y luego está el caso de su portavoz, Don Alfredo Díaz Gutiérrez, que tengo por pánfilo e ingenuo, pues da la cara por ellos, los dos referidos supradichos, joder, otra vez el D.R.A.E., y la España que no se actualiza...que pretende abrir un diálogo de besugos, pero le falta un par, que no encuentra, y habla para las paredes, o para bobos, cuando mezcla este asunto con hoteles denunciados en la Isla, y con un supuesto “intercambio de estampitas”, eso ha dicho, porque en esto nunca, el denunciante, pretendió negociar nada, y los negociadores enviados por ellos, entre otros, un ex consejero del Gobierno que me amenazó con rescindir un contrato con la Dirección General del Libro si no retiraba la denuncia, y que no menciono para no avergonzar en público, fueron despachados sin más, diciéndoles que antes me iría a vivir a Madagascar que retirarles el pleito a “esos”... en realidad, por aquel entonces había recibido una oferta para encargarme de la dirección de una plantación de vainilla al sur de Ntananarivo, así que tenía muy claro que llegaría hasta el final...en realidad, la oferta sigue sobre la mesa...pero me quedaré aquí, y como siempre, ante el amigo, indulgente, y ante el enemigo, la legislación vigente.
Espero que éste, el escrito, nada literario, sea comprendido hasta por los más lerdos, habida cuenta de que existe un número de “foreros”, pequeño pero insistente, que lee y no entiende lo leído, que es lo que en puridad se llama ser “analfabeto funcional”. Shalom y Brajot (Paz y bendiciones).
Nota: (El autor es Licenciado, con grado, en Ciencias Políticas y Sociología, de la Universidad Pontificia de Salamanca y Complutense de Madrid, ex parlamentario del Parlamento de Canarias, ex consejero del Gobierno, del Consejo de Entidades en el Exterior, autor de diversas publicaciones, libros y artículos, y asesor de la Presidencia del Cabildo de Lanzarote, entre otras.)
