Por José Pérez Dorta
Se refiere este titular de la edición de un medio regional de la semana pasada, al caso de Bravo de Laguna y otros dos concejales del ayuntamiento de Santa Brígida, pero nos viene a al pelo porque la “Jeta” es la misma, y los hechos sentenciados similares a los que vivimos en Haría. Unos y otros pensaban que por ser alcaldes podrían defender sus intereses personales con el dinero de la institución a la que representan, pensaba el uno y piensa aún el otro, que los impuestos de los vecinos podían ser utilizados para defender sus intereses personales. Utiliza don José Mariano Torres Stinga la corporación para la defensa personal, ya sea de los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas relacionadas con el cambio de uso de una parcela familiar o con el edificio de su vivienda particular, cuya licencia fue anulada por los tribunales en sentencia firme, sin hablar de otras actuaciones como la petición, como representante municipal, de un informe al Consejo Consultivo de Canarias para un asunto tan propio.
Sentencia el juez, que el derecho que se trataba de defender es de naturaleza eminentemente personal, de carácter objetivo íntimamente ligada a la persona, y que en ningún caso puede entenderse que se está tratando de defender el interés público del ayuntamiento. Recuerda el juez que el derecho del cargo público debe ser equiparado, a todos los efectos, a un particular, y en consecuencia, no está justificado el uso de fondos de un ayuntamiento para proteger un derecho estrictamente personal y no general.
Con esta sentencia y otras que existen en el mismo sentido, y por eso de que cuando veas las barbas de tu vecino quemar, pon las tuyas a remojar, el nerviosismo se está apoderando del aspirante a perpetuarse en la alcaldía, sabedor de que más tarde o más temprano tendrá que devolver lo que “Presuntamente” no le corresponde, y aferrado al sillón de la alcaldía pretende perpetuar su insolencia escondido tras esa sentencia a la que suelen recurrir todos los encausados, de que “la verdadera sentencia es la que sanciona el pueblo con su voto”. Y por eso de echarle una ayudita al pueblo por si no es consciente de sus intereses, ya Mari Carmen se está encargando de decirle a las viejecitas que el 22 de mayo las va a llevar, personalmente, para que ejerzan su derecho al voto.
En fin, que parafraseando las palabras de un compañero de partido del señor Torres, “aquí, si todos votan lo que quieren, esto ni es democracia ni es nada”
