Si un gobierno consigue que en su país el salario medio sea bajo, conseguirá costes de fabricación bajos, productos con precios de venta bajos, más competitividad que en el resto de países y, en circunstancias como la actual, salir antes de la crisis, según comentan los expertos. Para conseguir salarios bajos, muchos gobiernos, principalmente, están creando la necesidad de llegadas masivas de inmigrantes a sus países (en España, por ejemplo, el 12% de la población es inmigrante), ya que los inmigrantes, por definición, al llegar a un país de acogida no reclaman derechos, sino que se conforman con sobrevivir, a la expectativa de mejorar en el futuro. En cambio, la población autóctona (nacida en el país) reclama más fácilmente derechos (mayor sueldo, incluido), ya que parte de una situación de mayor estabilidad.
En economía, cuantas más empresas ofrezcan un determinado producto, más bajo será el precio de venta de dicho producto. Igualmente, cuantos más trabajadores estén dispuestos a trabajar a cambio de un salario bajo, más bajo será el salario medio en el mercado laboral. Por tanto, cuantos más inmigrantes en un país, más bajo será el salario medio.
Por eso hay gobiernos que, buscando buenos resultados económicos para el país, no dudan en aprobar leyes de despenalización o de legalización del aborto para que, al producirse pocos nacimientos en el territorio, sea necesario recurrir a inmigración masiva, descienda el salario medio, se reduzcan los costes de fabricación, los productos sean baratos y el país sea más competitivo. Sin embargo, ¿es justo que se permita asesinar gente inocente por el bien de la economía? ¿Podemos esperar que los países donde el aborto es ilegal eviten la tentación de despenalizarlo? ¿Podemos esperar que los países donde el aborto es legal se decidan a penalizarlo otra vez y tengan en cuenta que los derechos humanos deberían estar por delante de la economía?
Gonzalo García Camps
