Para Olenka Bolívar, miembro del Consejo Territorial de Canarias de UPyD, el problema del consorcio de emergencias de Gran Canaria está poniendo de manifiesto, una vez más, la incapacidad absoluta de nuestros políticos para resolver los problemas que ellos mismos han creado, haciendo prevalecer siempre sus intereses partidistas y sus luchas electoralistas frente al interés del ciudadano y sobre todo en contra de una gestión eficiente del dinero público.
Según Olenka Bolívar, su creación en julio de 2003 ya estuvo contaminada por las luchas internas en el PP de José Manuel Soria y sus desavenencias con María Eugenia Márquez y Marco Aurelio Pérez, dando lugar a un consorcio en el que los principales servicios de bomberos que existían en la isla, el de LPGC y SBT, quedaban fuera del mismo. Ya tenemos un origen inconexo, desestructurado y problemático.
Olenka Bolívar añade que en el periodo de 2003 al 2007 el consorcio de emergencias estuvo marcado por protestas continuas, huelga de hambre incluida, y reivindicaciones salariales de los bomberos. La incapacidad de Soria para negociar y el oportunismo del PSOE y NC para, ante cualquier problema, fijar como objetivo prioritario el desgaste del adversario, solo han conseguido enquistar las reivindicaciones y profundizar en las desigualdades salariales y laborales de los distintos estamentos profesionales implicados en la seguridad de los ciudadanos de Gran Canaria.
Ante las medidas acordadas por el Cabildo presidido por José Miguel Pérez, que implican una serie de nuevas condiciones laborales como la movilidad, la consideración del cabo en los turnos, la ampliación de las guardias y la congelación del sueldo, los bomberos han reaccionado como siempre: con ruido, amenazas e intransigencia. En palabras de Olenka Bolívar “el presidente del Cabildo, está ahora más preocupado por ganar las próximas elecciones que por resolver el problema con sentido institucional y valentía, por lo que la última víctima política ha sido Rosa Monzón por no ceder a las exigencias y a las presiones”. Los mismos bomberos con los que el PSOE y Nueva Canarias se sacaban fotografías durante el mandato del PP, ahora son los que se rebelan contra los actuales gobernantes del Cabildo.
Según UPyD Canarias, el problema del consorcio de emergencias, como otros tantos problemas en donde intervienen diferentes administraciones gobernadas por diferentes siglas, se resolvería, si las responsabilidades estuviesen bien definidas y bien adscritas a las diferentes instituciones que nos gobiernan, de forma que no hubiera tantos intereses partidistas empeñados en sacar réditos de situaciones, que, por otra parte son astutamente aprovechadas por determinados grupos de presión, que la mayoría de las veces lo que persiguen son prebendas y privilegios.
Desde UPyD Canarias se propone que, si bien las fórmulas supramunicipales y mancomunadas, constituyen una solución coherente y sensata para dar un servicio homogéneo e igualitario a toda la isla, hace falta ir más allá y establecer una profunda revisión del reparto competencial, para delimitar funciones y establecer responsabilidades.
En este contexto y dentro de un ámbito más general, UPyD Canarias considera que el escenario ideal sería aquel en el que las competencias asociadas a los diferentes problemas que afectan a todos los ciudadanos de una isla, fuesen traspasadas de los municipios a los Cabildos, con el fin de que sea un ente único el que tome decisiones operativas, al mismo tiempo que la responsabilidad ante los ciudadanos no quede diluida entre multitud de administraciones de diferente color político.
Esta solución debería extenderse y aplicarse en todas las islas del Archipiélago Canario. "Mientras no se den las condiciones para este escenario, proponemos como medidas transitorias que se amplíe la cuota de participación del Cabildo Insular del Consorcio de Emergencias con el fin de poder adoptar decisiones operativas, que el servicio de bomberos de Las Palmas de Gran Canaria y el de San Bartolomé de Tirajana se integren en el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, con objeto de optimizar el servicio que se ofrece a la población insular, que las diferentes instituciones consorciadas, hagan prevalecer el interés general de la población y la lógica del buen gobierno, frente a sus intereses partidistas y propagandísticos", apostillan.
