La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC), sindicato adscrito a la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP), rechaza y condena firmemente la censura ejercida por el Gobierno de Marruecos sobre varios periodistas españoles que a lo largo de las últimas semanas han intentado informar sobre la situación de inestabilidad política que se está viviendo en el Sáhara Occidental.
Del mismo modo, UPCC no puede permanecer callada ante la pasividad con la que el Gobierno español está actuando con respecto a lo que consideramos un ataque directo contra el Artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos, que reconoce la potestad de los ciudadanos para“investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Las últimas acciones del Gobierno marroquí contra la Libertad de Prensa y el Derecho a la Información de la Ciudadanía se produjeron el pasado viernes, cuando tres periodistas de la Cadena Ser, Angels Barceló, Ángel Cabrera y el canario Nicolás Castellano, fueron conducidos a comisaría y posteriormente expulsados del país, impidiendo así que pudieran informar sobre lo puede considerarse un ataque directo de Marruecos contra el pueblo saharahui.
Ese mismo día el corresponsal de ABC, Luis de Vega, vio cómo el mismo Gobierno le retiraba su acreditación para continuar trabajando en el país africano, mientras se prohibía aterrizar en El Aaiún a una decena de periodistas que viajaron desde Gran Canaria.
Sin embargo, la censura y coacción de Marruecos contra los periodistas españoles lleva produciéndose desde mucho antes. El pasado, domingo día 7 de noviembre, el gobierno marroquí impidió la entrada en el país de tres periodistas canarios que viajaban junto al eurodiputado Willie Meyer.
Del mismo modo, este gobierno deniega por sistema otorgar todos los permisos para ejercer su labor de informadores a cualquier periodista canario o español que pretende informar sobre la situación de El Aaiún, impidiendo la entrada a los profesionales a la ciudad.
Esta situación, además, no resulta nueva para los periodistas españoles que trabajan en esta parte del mundo que, durante mucho tiempo, se han visto sometidos a una continua y estrecha vigilancia policial cada vez que han intentando trabajar desde el Sáhara Occidental.
Ni la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, ni el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, han condenado esta actitud coactiva por parte del país vecino, demostrando la falta de compromiso de este Ejecutivo no sólo con el Derecho a la Información recogido por la Constitución Española, sino además con la situación de desamparo e indefensión en la que se encuentra el pueblo saharahui ante los ataques de Marruecos.
Igualmente, desde este sindicato se denuncia la violación de los Derechos Humanos, las desapariciones forzosas, las torturas comprobadas y verificadas, así como la matanza de civiles inocentes en el territorio saharaui.
