La Plataforma contra el Plan General de Santa Cruz de Tenerife ha interpuesto este lunes ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por las supuestas irregularidades que presenta el documento, dirigida contra varios dirigentes municipales, entre ellos la concejala de Urbanismo, Luz Reverón, así como contra Dámaso Plasencia, Díaz Estévanez, Begoña Ortiz, Antonio Bello, Ilda Romana, Alfonso Soriano y Sheila Trujillo. El colectivo advierte que si finalmente se aprueba el planeamiento en el Pleno convocado para este martes por el Ayuntamiento, se ampliarán las personas denunciadas y los contenidos.
La denuncia fue anunciada por el portavoz de la Plataforma, Felipe Campos, a la emisora Radio San Borondón. El abogado asegura que los promotores del PGO reconocen ya que los vecinos afectados están perdiendo derechos ya que advierte que los edificios que quedan fuera de ordenación si hay que hacerlos y tienen menos plantas, tendrán que adaptarse a los metros asignados, "por lo que cuando se asegura que les roban derechos es cierto, ya que en cuanto se le quitan plantas a un edificio y este hay que rehacerlo, tendrán que distribuirse entre todos los metros asignados en la nueva planificación urbanística", señaló.
Además, Campos explica que esa disminución de valor tiene afección directa en las hipotecas, ya que si un banco tiene concedida una hipoteca o va a darla sobre algunas viviendas que quedan fuera de ordenación valen menos y, por tanto, o no dan la hipoteca o dan menos cantidad de dinero por ellas, según recogió la emisora. En cuanto a las concedidas, agregó el portavoz de la Plataforma, "como es un tema que sale ahora, los bancos están obligados a exigir garantías adicionales, lo que además de que a los ciudadanos les están robando sus derechos, supone una limitación a la propiedad".
Campos recuerda que la Plataforma "ha descubierto en las últimas horas que hay edificios de La Salle que 10 plantas pasan ahora a seis, es decir, pierden hasta un 40%, lo que afecta a más de 1.000 personas, y tienen que soportar al lado construcciones, como el edificio de la policía nacional que tiene dos plantas y aparece con 15 y 30.000 metros de aprovechamiento, con lo cual muchos de estos vecinos estarían en ordenación y tendrían el 100% de sus derechos.
