ACN
Recientemente se publicó una orden por la que se provee con tres millones de euros la mejora de explotaciones e infraestructuras de los que están en peor proceso de deterioro: Puerto del Carmen y San Agustín. El Gobierno pretende reconvertir las infraestructuras que combinan uso residencial y turístico y aplicar tajantemente el principio de unidad de explotación.
El consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Manuel Fajardo, adelantó hoy en Comisión Parlamentaria que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2007 incluirán “importantes partidas” para la renovación de las explotaciones turísticas y las infraestructuras de los siete destinos turísticos “en proceso de deterioro”, después de que recientemente se haya aprobado una orden del área por medio de la que se ponen 3 millones de euros a disposición de los interesados para llevar a cabo estas acciones en los que “estaban peor”: Puerto del Carmen, en Lanzarote, y San Agustín, en Gran Canaria.
Esta medida, que se extenderá al resto de las zonas catalogadas como obsoletas, mediante el destino de fondos “importantísimos” de los próximos presupuestos, se une a la posibilidad de materializar cantidades depositadas por los empresarios en la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), siendo éstas las dos principales apuestas del Ejecutivo para incentivar la reconversión de estos núcleos y su adaptación a los niveles requeridos de seguridad y calidad, según expuso el consejero.
Principio de unidad de explotación
El debate se inició en el transcurso de una comparecencia solicitada por el Grupo Popular en la Comisión parlamentaria de Turismo celebrada este mediodía acerca del archivo por parte de la Comisión Europea del expediente sobre la legalidad del principio de unidad de explotación turística incluido en la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias. Esta actuación de Bruselas, materializada el pasado 6 de abril mediante un dictamen favorable a este principio, da, según todos los grupos, -a excepción del PP, que expresó su preocupación- total legitimación a la medida, lo que fue celebrado también como un triunfo de los Gobiernos estatal y regional por parte del diputado socialista Julio Cruz. “Es un éxito que la Unión Europea dé la razón al Parlamento de Canarias”, dijo.
En la práctica, da un espaldarazo a la prohibición de que estén en el mercado turístico los establecimientos cuyas unidades destinadas al turismo no superen el 50% del inmueble, los que no cuenten con un único explotador y los que no hayan habilitado a la empresa explotadora. Esto es, los cabildos tienen ahora refrendada su potestad de revocar las autorizaciones administrativas para ejercer la actividad a las empresas que gestionen complejos en los que se combinen los usos residencial y turístico en las condiciones reseñadas.
El principal problema de este tipo de instalaciones, que nacieron como apartamentos o apartahoteles para el turismo de corta estancia y acabaron compatibilizando este uso con la propiedad o el alquiler por largas temporadas, es que no responden a los criterios de calidad y seguridad exigibles. Por lo tanto, este principio incluido en la Ley de Ordenación del Turismo pretende impedir su explotación dentro de la oferta alojativa turística del Archipiélago.
El Gobierno apuesta, no obstante, por “diversificar el producto turístico, sin descartar la modalidad residencial de propietarios, como segunda residencia o residencia temporal” siempre que quede al margen de la explotación turística, porque la considera “interesante para fortalecer la actividad complementaria”. Sin embargo, según añadió Manuel Fajardo, se “debe hacer un esfuerzo para que parte de estas explotaciones se renueven y para que el planeamiento municipal se adapte a la Ley de Ordenación del Territorio, de tal forma que se definan los destinos del suelo impidiendo la combinación de los usos residenciales y turísticos”. Julio Cruz reclamó también que se terminen de elaborar y se implementen los planes territoriales especiales de Ordenación Turística para posibilitar “la rehabilitación turística, que es una asignatura pendiente, entre otros, de los cabildos de Gran Canaria y Fuerteventura, donde hay un retraso de años”.
Con respecto a la situación “alegal” en la que quedan estas explotaciones por la vigencia definitiva del principio de unidad, tanto Coalición Canaria como el Partido Popular apostaron por instar la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, creando la figura del arrendamiento turístico de temporada para “dar un sentido a esa oferta”, según Toribio, que a juicio del consejero, surgió a consecuencia de la “falta de respuesta a la demanda de viviendas en las zonas turísticas”.
Vigilar el cumplimiento
Fernando Toribio criticó la supuesta falta de control por parte del Gobierno del cumplimiento del principio de unidad de explotación, porque “ni siquiera sabe decir cuántos complejos quedan fuera de él”, aseguró tras preguntárselo, sin obtener respuesta, al consejero en su primera intervención. Ante esto, tanto Fajardo como los diputados de Coalición Canaria, Belén Allende, y del PSOE, Julio Cruz, recordaron que compete a los cabildos la facultad de inspeccionar y sancionar este incumplimiento, si bien pidieron al Ejecutivo que les demande que “cumplan con su obligación de aplicar la ley y las consecuencias del incumplimiento (la revocación de las licencias)”, así como que le den toda la información acerca del cómputo, ubicación y situación de este tipo de explotaciones.
El diputado del PP reprochó al consejero que “eche los balones a los cabildos, porque es la Consejería la que inspecciona, sanciona y coordina”, ante lo que propuso que “se les dé a los cabildos todas las facultades en gestión turística, porque el Gobierno “no hace nada”.
