- Manuel Marrero afirma que CC y ASG quieren “convertir las islas en un inmenso solar para la especulación”.
- “Clavijo, convencido de que el atropello al territorio puede ser ilimitado y sin controles, pretende convertirlo todo en un potencial recurso urbanizable para el turismo”
La modificación de la Ley de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma (más conocida como Ley de las ‘Islas Verdes’) supone “el tiro de gracia definitivo a nuestro suelo rústico”, motivo por el que el Grupo Parlamentario Podemos Canarias ha votado “en contra de este despropósito” impulsado por Coalición Canaria (CC) y la Agrupación Socialista Gomera (ASG).
Así lo ha anunciado el diputado Manuel Marrero, y así lo recoge poco después en nota de prensa la formación morada, que en sede parlamentaria ha afirmado este jueves que “al grito de ‘¿moratorias a mi?’, el presidente Clavijo, convencido de que el atropello al territorio puede ser ilimitado y sin cautelas ni controles, pretende convertirlo todo en un potencial recurso urbanizable para el turismo”.
“El objetivo final que han conseguido, junto con la Ley del Suelo, es el de avanzar por la senda de la desregulación caminando hacia la creciente utilización del territorio como instrumento de crecimiento turístico, a través de la implantación de la actividad turística de nueva planta en suelo rústico, precisamente en las islas con un mayor patrimonio natural y paisajístico”, ha afirmado Marrero.
"Trampa y fraude democrático"
El diputado de la formación morada ha denunciado la “trampa y el fraude democrático” que han usado los grupos Nacionalista y Mixto (ASG) al pedir la tramitación de la modificación “reduciendo los tiempos a la mitad, impidiendo la participación ciudadana y asestando una vez más, con nocturnidad y alevosía, un duro golpe al territorio”.
En este sentido, ha recordado que la Ley de las ‘Islas Verdes’ que ahora se modifica y a la que Podemos presentó una enmienda a la totalidad, “fue un anticipo de lo que luego sería la denominada Ley del Suelo”, pues ambas iban dirigidas a favor “de la especulación y los negocios”, dejando de “las necesidades perentorias de las personas”.
“Ambas se complementan en el desaguisado y la falta de cohesión sobre un plan responsable para que nuestras islas no sean pasto de la codicia y la especulación, con el consiguiente e irreversible deterioro medioambiental”, ha asegurado.
En este sentido, incidió en que las modificaciones “se hacen a la medida de los deseos especulativos”, pues “si hay impedimentos de leyes anteriores, se derogan con una nueva ley por la vía de urgencia, y se acabó el problema”.
"Un solar para la especulación"
“Primero las obras, convertir las islas en un inmenso solar para la especulación y, en última instancia, los intereses generales de la mayoría social, de esos miles de personas que viven en Canarias bajo el umbral de la pobreza”, ha asegurado.
Marrero también ha recordado que “presentamos una reclamación ante la Mesa del Parlamento, por no admitírsenos a trámite una serie de enmiendas parciales” contra la Ley que ahora se pretende modificar “y tuvimos que recurrir ante el Constitucional, porque se nos impidió la presentación de dichas enmiendas, vulnerándose así nuestros derechos como parlamentarios”. “El Constitucional nos dio la razón, pero ya la Ley estaba aprobada”, remachó.
Ahora, CC y ASG “vuelven a restringir derechos de los diputados a participar en plenitud en el procedimiento legislativo, lesionando así nuestro derecho fundamental de participación política”.
Según Marrero, “fue la misma maniobra que dio lugar a nuestro Recurso de Amparo durante aquella tramitación, que ya fue condenada por el Tribunal Constitucional”.
Para el diputado, “esta obsesión por suprimir límites al crecimiento “lleva al Gobierno y a los grupos que le apoyan” en la presentación de esta iniciativa a “renunciar a la modulación en Canarias por razones medioambientales de la liberalización de la actividad turística y sus efectos sobre el territorio y, por tanto, renuncia a hacer valer las garantías derivadas de nuestro territorio ultraperiférico, reforzadas recientemente por el nuevo Estatuto de Autonomía”.
“Supeditan nuestro suelo rústico, nuestro paisaje y nuestra agricultura a los intereses especulativos del negocio del turismo”, ha concluido.
Antonio Castro (CC) defiende que las islas verdes tengan un modelo de desarrollo sostenible con mayores expectativas de crecimiento
Por su parte, el diputado y presidente del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC), Antonio Castro, ha defendido este jueves por la mañana la toma en consideración de una Proposición de Ley especial de ordenación territorial de la actividad turística en las islas verdes, “que permita un verdadero modelo de desarrollo sostenible con el medio ambiente, que genere mayores expectativas de crecimiento en unas islas, en las que no se disfrutan de las mismas condiciones y posibilidades que en el resto”.
En este sentido, Castro Cordobez recordó que tanto La Palma, La Gomera y El Hierro se ven afectadas en su desarrollo por tener menos población, rentas más bajas, mayor dependencia del sector público, envejecimiento de la población y emigración de los jóvenes”.
El objetivo fundamental de esta modificación es una labor de reestructuración, sistematización interna y refundición del texto de la Ley 6/2002 que tras su aprobación ha sido modificada de un modo directo ocho veces y de manera indirecta otras cinco, habiendo sido afectada, igualmente, por la sentencia 42/2018 y cuyos matices respecto a determinado aspectos de índole ambiental se introducen en la nueva Ley.
Esta nueva ordenación jurídica dotará de seguridad y certeza jurídicas a los operadores económicos y a las Administraciones competentes para su aplicación, que estaban encontrando ciertas dificultades para la interpretación de la norma.
Asimismo se consolida el modelo de estas islas, diferenciado dentro del marco legal del ordenación de la actividad turística para el ámbito autonómico, cuyos principios siguen vigentes y actuales desde su inicial formulación en el año 2002. Estos principios reivindicaban para tales islas “permitir un modelo turístico alternativo al de la urbanización turística del litoral, que se sustente en la puesta en valor del paisaje como recurso, que dé respuesta a las demandas que con relación a estos modelos plantea el mercado y establecer los mecanismos suficientes para el traslado al mundo rural de parte de las economías que se generan por la actividad turística, en la cuantía necesaria para el mantenimiento, conservación y mejora del paisaje”.
Esta legislación especial, apuntala la prevalencia de la Ley sobre los preceptos normativos de los instrumentos de ordenación aprobados hasta la fecha, formulados e inspirados en gran medida en criterios y objetivos contrarios a la misma, y cuya infraordenación a la Ley conlleva su derogación por ésta.
Castro Cordobez destacó que esta Proposición de Ley, que surge de la iniciativa parlamentaria, “en ningún caso autoriza la urbanización del suelo rústico”, tal y como ha reconocido el Tribunal Constitucional, por cuanto no se produce un proceso de transformación del suelo. Lo que sí se permite es que el suelo rústico sea soporte a la implantación de actividades turísticas y esta nueva normativa, al incorporar determinadas innovaciones derivadas de la sentencia del Tribunal Constitucional y la adaptación a la Ley del Suelo, consigue el necesario equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad territorial y ambiental consustancial al suelo rústico y el respeto con los valores propios de cada categoría del mismo.
NC duda de la constitucionalidad de la nueva Ley
Por su parte, Nueva Canarias (NC) se abstuvo este jueves en la toma en consideración de la décima reforma de la ley de las islas verdes, en este caso promovida por CC y la ASG, al dudar de su constitucionalidad y encaje en la legislación europea. El portavoz parlamentario de NC, Román Rodríguez, se refirió a la construcción de hasta 200 camas turísticas en cualquier tipo de suelo rústico, que se definen como uso ordinario. Los nacionalistas progresistas hicieron un llamamiento a CC a reflexionar sobre las graves consecuencias de esta propuesta legislativa y, en especial, a los sectores más medioambientalistas de esta formación política, la Agrupación Herreña de Independientes (AHI). Una apelación que también extendió al PP.
Estos argumentos fueron hoy expuestos en el debate de toma en consideración de la Proposición de Ley de CC y el Mixto de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en El Hierro, La Gomera y La Palma. Una iniciativa que, para los nacionalistas progresistas, es un “nuevo palo de ciego, una huida hacia adelante”.
Román Rodríguez avisó que esta PPL supone la “décima” modificación de la norma de 2002. Sólo en la IX Legislatura, este texto legislativo, según NC, en 16 meses se ha cambiado en tres ocasiones y con esta última, la cuarta. Todos estos cambios, avisó Rodríguez, han incumplido la disposición adicional segunda de la ley de 2002, que establecía la creación de una comisión insular de segumiento de cada una de las islas implicadas, una de cuyas funciones era la de presentar una propuesta de modificación de ley.
Román Rodríguez incidió en que esta cantidad de cambios legislativos no hayan sido realizados a través de un proyecto de ley gubernamental que ofrece mayores garantías jurídicas (desde informes de los servicios jurídicos a un dictamen del Consultivo, entre otros) y de participación pública.
El portavoz de NC puso en duda el encaje constitucional y con las leyes europeas de esta iniciativa legislativa ya que “sólo se ocupa de facilitar la construcción de todo tipo de alojamientos turísticos en suelo rústico”, desde viviendas vacacionales a establecimientos turísticos de hasta 200 camas, que se definen como “uso ordinario” de suelo rústico.
También, agregó, las instalaciones sin ningún límite de camas ni tipología a través de los denominados “instrumentos de planificación singular turística, de las actuaciones turísticas declaradas de “interès público o social, aprobadas por los cabildos; y de las “ordenanzas provisionales insulares, también responsabilidad de las administraciones insulares.
El desarrollo económico y social de las islas verdes, en opinión de NC, no han sido las leyes, como se desprende de esta PPL, en la que el planeamiento es un “estorbo”. Se prohíbe, observó, que los instrumentos de ordenación impongan limitaciones cuantitativas y cualitativas a las instalaciones turísticas en suelo rústico, lo que incluye a los planes insulares, territoriales turísticos, municipales, planes y normas de espacios naturales protegidos y los planes rectores de usos y gestión de parques nacionales (ahora en manos de los cabildos).
“Ahora resulta que es tan de uso ordinario del suelo rústico, la producción de piñas como 200 camas turísticas, lo que va en contra de los usos ordinarios del suelo rústico definidos por la norma 4/2017, que es la Ley del Suelo de Canarias”, advirtió.
Román Rodríguez hizo un especial llamamiento a los promotores de esta modificación y también al PP a “repensar” esta proposición de ley y, en especial, se dirigió a los sectores más medioambientalistas de CC, la Agrupación Herreña de Independientes (AHI). El portavoz nacionalista respondió a los promotores de la reforma que los “malos” no son quienes discrepan de esta proposición de ley sino de “los que la han cambiado 10 veces sin acertar nunca”.
