María Rosario Godoy, durante su comparecencia.
El ex consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno canario Luis Soria.
La consejera de Educación y Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria, María del Rosario Godoy, aseguró este jueves que la Corporación insular acordó extender un certificado a todas las empresas que se presentaron al concurso de asignación de potencia eólica promovido por el Gobierno canario, garantizando el arrendamiento de suelo del Cabildo a la empresa que ganara el mencionado concurso, cuestión que decidiría el entonces consejero de Industria regional, Luis Soria.
AGENCIAS
La consejera, que compareció en la comisión parlamentaria que investiga las responsabilidades de las administraciones públicas canarias en el concurso eólico, indicó que el Cabildo de Gran Canaria había decidido con antelación no presentarse.
La declaración de la consejera insular, en el sentido de que el Cabildo se comprometía con las 35 empresas que optaron al concurso público a arrendar suelo del Cabildo, provocó enfrentamientos crispados entre los parlamentarios de CC y PSOE con el grupo Popular.
Tanto Belén Allende, de CC, como José Alcaraz, del PSOE, no entendían cómo el Cabildo de Gran Canaria había decidido una opción tan "sui géneris" y, a su juicio, contraria a ley de corporaciones locales; certificar el arrendamiento de suelo público a todas las empresas que se presentaron al concurso eólico cuando la ley establece que las mismas deben acudir a una subasta pública.
La consejera de Educación y Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria, María del Rosario Godoy, explicó que la decisión de certificar el arrendamiento de suelo del Cabildo a las empresas participantes se tomó en un consejo de gobierno insular, del que ella no forma parte.
"No suscribimos ningún contrato con las empresas, simplemente se les certificaba a las 35 que en caso de ganar el concurso eólico el Cabildo de Gran Canaria se comprometía a arrendar suelo de su propiedad para la instalación de la empresa", aseguró.
"Como el concurso se suspendió, el Cabildo de Gran Canaria sigue siendo el propietario del suelo", agregó.
La consejera de Educación y Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria insistió en que se concedieron certificaciones de arrendamiento a todas la empresas que se presentaron al concurso, "no mirábamos qué empresas se presentaron, eso lo tenía que hacer la consejería de Industria".
María del Rosario Godoy, tras asegurar que desconocía las bases de concurso e ignoraba que se valoraba más en el concurso poseer suelo público que privado, señaló que fueron los técnicos los que decidieron que el Cabildo de Gran no optara al concurso eólico.
Santiago Pérez, del PSOE, insistió en que las disposiciones legales señalan que las empresas privadas que quieran comprar o arrendar suelo público deben acudir a una subasta, "salvo cuando existen circunstancias urgentes, ¿sabe si había circunstancias urgentes para no acudir a la subasta?", preguntó.
La consejera dijo que no se iban a vender los terrenos que se iban a arrendar, y aseguró desconocer por qué no se llevó a subasta el arrendamiento del suelo del Cabildo.
María del Rosario Godoy explicó que los interesados en arrendar suelo del Cabildo tenían que rellenar unas hojillas y se comprometían a pagar el 6% del valor del suelo y el 15% de la facturación de energía, y agregó que desconocía el tiempo de arrendamiento.
Para Belén Allende, esta forma de actuar "monocolor" Cabildo de Gran Canaria "tiene su intríngulis", y afecta a los intereses de los ciudadanos de Gran Canaria y de todos los canarios.
Sin informes jurídicos
También declaró el gereten del Consejo Insular de Aguas, José Luis Guerra, dictó un decreto para la concesión de terrenos de dominio público hidráulico para la instalación de parques eólicos y decidió conceder a todos los solicitantes un certificado de disponibilidad de terrenos provisional, fórmula que no estuvo acompañada de informes jurídicos
Guerra afirmó que el organismo autónomo otorgó certificaciones provisionales de disponibilidad de terrenos de dominio público hidráulico a todos los solicitantes, porque el beneficio de la cesión de terrenos dependía del planeamiento eólico.
El Consejo Insular de Aguas, titular del dominio público hidráulico de los cauces de los barrancos, dictó un decreto el 24 de noviembre de 2004 para la concesión de terrenos de dominio público hidráulico para la instalación de parque eólicos destinados a verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares, y decidió, una vez finalizado el plazo de información previa, conceder a todos los solicitantes -39 en total- un certificado de disponibilidad de terrenos provisional.
La concesión administrativa definitiva se condicionó a la obtención por alguna de las empresas de la autorización de los parques eólicos por la Consejería de Industria. Sin embargo, Guerra reconoció que no se realizó ningún informe jurídico que avalara la fórmula por la que optó el organismo autónomo de Aguas de Gran Canaria, pero insistió que se optó por esa vía porque la ocupación de dominio público no garantizaba por sí sola beneficios al Consejo Insular.
La diputada socialista Gloria Gutiérrez acusó al organismo de aguas de hacer dejación de sus competencias y recordó que el establecimiento del mapa eólico corresponde al Cabildo y la potencia a la Consejería de Industria. Además, recalcó que el Consejo Insular de Aguas debe velar por su propio interés, que no tiene que coincidir con el del departamento autónomo de Industria.
Gutiérrez indicó que otorgar los certificados a todas las empresas fue una forma de “acallarlas” y criticó que se dejara la decisión tanto de la concesión de terrenos como de la potencia eólica a la Consejería de Industria.
En similares términos se manifestó el parlamentario del PSOE Santiago Pérez, quien recordó que se trataba de ceder suelo para desarrollar una actividad rentable y aseguró que con la fórmula “ingeniosa” que emplearon, el Consejo eludió determinar cuál era la oferta más beneficiosa.
El diputado del Partido Popular, Jorge Rodríguez, habló de la insistencia del PSOE de afirmar que el concurso público convocado por la Consejería de Industria -en manos entonces de Luis Soria, del PP- estuvo amañado. Además, acusó a los socialistas de utilizar la idea de la contradicción, ya que “si se les da a todos es para acallarlos y si se le da a uno es para beneficiarlo”.
