La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas, respaldó este miércoles, en la Conferencia Sectorial sobre la Ley de Dependencia, la propuesta de la ministra Mercedes Cabrera de llevar a cabo a partir del mes de septiembre "una reflexión" sobre la aplicación de la norma, al tiempo que subrayó su financiación "insuficiente".
En este sentido, destacó que pese a que los beneficiarios de la ley van a recibir próximamente unos 800 euros para pagar el servicio de las plazas que hay actualmente en Canarias, en la red pública éstas tienen un costo de 1900 euros y en la privada de 2.500.
El ministerio aprobó este miércoles el reparto de los fondos que, con cargo al ministerio, corresponderán a cada una de las Comunidades Autónomas, un total de 241 millones de los que 9,1 corresponderán a Canarias.
Rojas expresó en este sentido el "descontento" de Canarias respecto a esa cifra, habida cuenta de que en este ejercicio la Comunidad Autónoma tiene presupuestados 115 millones ypor ese concepto y en el texto de la Ley se dice que el Estado financiaría un 50 por ciento.
La consejera llamó asimismo la atención de que el ministerio haya dejado sin repartir 635 millones "que no sabemos en qué va a distribuir" y no descartó que la crisis económica sea una de las causas de dicho recorte..
Rojas asimismo señaló que Canarias "no va a aceptar" que la posesión de vivienda se convierta en criterio computable en la determinación de los beneficios de la Ley, ya que se trata de "un derecho fundamental", y en este sentido también recordó cómo, por la particular idiosincrasia de Canarias, la mayoría de las personas mayores de 65 años residen en viviendas de autoconstrucción.
