Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) denunció este miércoles en comisión parlamentaria que los presupuestos para 2026 de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad responsabilidad de Nieves Lady Barreto son “insuficientes” para la “necesaria” modernización de la administración pública, para abordar la renovación de las infraestructuras judiciales y garantizar una justicia digna en las islas. La diputada de NC-BC Carmen Hernández afirmó tras el encuentro, tal y como recogen los nacionalistas en una nota de prensa enviada a este diario, que el aumento de 18,8 millones de euros es “irrisorio” ante los retos estructurales del sistema público.
Con un presupuesto general del Gobierno de Canarias que ha aumentado en 2.300 millones de euros entre 2024 y 2026, la parlamentaria del grupo nacionalista progresista declaró que resulta incomprensible que el gabinete presidido por Fernando Clavijo no priorice la modernización administrativa ni la mejora de la Justicia.
Denunció que el Ejecutivo de CC y el PP “no dota” a la administración pública de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para ser “eficiente, ágil y moderna”. Apuntó que el proyecto de modernización apenas crece en medio millón de euros, una cifra “claramente insuficiente para abordar la digitalización, la renovación de plantillas y la formación del personal público”.
Según Carmen Hernández, Canarias necesita una administración del siglo XXI, y este presupuesto es una condena para seguir anclada en el pasado. Señaló igualmente que las cuentas “no reflejan un verdadero” plan de choque para renovar y modernizar las infraestructuras judiciales, muchas de ellas “denunciadas año tras año” por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y la Fiscalía por sus condiciones de “habitabilidad, accesibilidad y salubridad”.
Entre los ejemplos, mencionó que los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, Granadilla de Abona, Los Llanos de Aridane, La Orotava o Arrecife siguen sin soluciones reales. Subrayó que la adecuación del auditorio de Tenerife como dependencias judiciales es una “medida transitoria” que no puede sustituir la construcción de un nuevo edificio judicial.
Aunque el presupuesto contempla 7,4 millones de euros con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para eficiencia energética en los edificios de Arona, Arrecife, San Bartolomé de Tirajana y Arucas, la diputada de NC-BC indicó que, de recursos propios, la inversión apenas aumenta 8,6 millones de euros, una cantidad “insignificante frente a la magnitud de las necesidades”.
La diputada denunció que partidas “esenciales” del sistema judicial “se mantienen congeladas” desde 2024. Entre ellas, el turno de oficio y asistencia jurídica gratuita (21,5 millones de euros), el de oficio para la violencia de género (2,5 millones de euros), la implantación de la mediación (211.000 euros), los puntos de encuentro familiar (920.000 euros) y el plan de igualdad (45.000 euros).
Con la litigiosidad más alta del Estado, el Gobierno de CC y el PP invierte una cantidad “ridícula” en mediación y en violencia de género, cuando aumentan los casos, el presupuesto se “mantiene igual. Eso es inadmisible”, alertó Carmen Hernández.
Además, denunció el recorte de 3,8 millones de euros en inversiones de reposición para los juzgados, que pasan de 5,2 millones de euros a 1,4 millones de euros. Así como la falta de inversión en medios tecnológicos y en la implantación del expediente judicial electrónico.
Hernández reconoció que el área de Seguridad Ciudadana es la única que mejora su posición relativa al destinarse más recursos al Cuerpo General de la Policía Canaria. Pero advirtió de que no puede considerarse un éxito cuando el resto de pilares de la consejería se quedan atrás.
La parlamentaria de Nueva Canarias mantuvo que, con estos presupuestos, no se garantiza una justicia del siglo XXI ni una administración pública capaz de dar respuestas a la ciudadanía canaria.
