El Gobierno de Canarias informó de que tiene la voluntad de implantar el próximo año la renta ciudadana, ya que es «un gran objetivo» para el ejecutivo. El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, se reunió este miércoles con la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, para coordinar los trabajos previos a la elaboración de la futura ley de renta ciudadana y avanzar tanto en su definición normativa como financiera.
«Queremos reafirmar la voluntad de implantar el próximo año la renta ciudadana, un gran objetivo de este Gobierno para el que hemos empezado a coordinar esfuerzos de cara a preparar el proyecto de ley», ha asegurado Rodríguez en un comunicado de prensa.
En esta fase se trata de activar los análisis y trabajos previos, en las vertientes jurídica y presupuestaria, que desembocarán en la tramitación del texto legal por parte del Gobierno antes de su remisión al Parlamento, ha precisado.
Noemí Santana subrayó que «hoy empieza la cuenta atrás para implantar la renta ciudadana que tanto necesita esta tierra. Es objetivo prioritario de este Gobierno mejorar la calidad de vida de la gente de Canarias.»
La cuantía de esta subvención está fijada en torno a los 470 euros y el objetivo de la consejera es que se incremente esta cantidad y se fije entre los 600 y 700 euros, según el núcleo familiar, y que incluso pueda alcanzar los 900 euros teniendo en cuenta el tamaño de la unidad familiar y sus necesidades. «Queremos ser muy ambiciosos con esta medida y, si es posible, que esta ley vaya más allá», había señalado anteriormente la Noemía Santana. Su coste, según una estimación inicial, podría alcanzar los 300 millones de euros anuales.
En la misma sesión de trabajo, ambos departamentos también acordaron reprogramar, a solicitud de los cabildos, el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, de modo que se amplía la previsión plurianual de ejecución con garantías de la financiación que se ha acordado.
Según el Gobierno, este deslizamiento temporal permitirá acompasar la gestión de las corporaciones insulares.
Noemí Santana expuso los problemas de los cabildos para poder ejecutar el plan en los plazos previstos, lo que, ha dicho, aconseja la firma de acuerdos que permitan su aplicación más allá del año 2021 y que se concretaron esta mañana.
La aportación del Gobierno de Canarias asciende a un total de 161,5 millones, a los que se suman otros 101,8 de las corporaciones insulares hasta llegar a la cifra de 263 millones de euros.
El II Plan de Infraestructuras de Canarias prevé la construcción de nuevos centros de atención sociosanitaria, así como la mejora de ya los existentes y un aumento de casi 5.500 nuevas plazas para personas mayores y con discapacidad.
