El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes un acuerdo de ayudas por el que las consejerías competentes, bajo la coordinación de la Vicepresidencia, iniciarán las actuaciones dirigidas “al otorgamiento de ayudas y la adopción de medidas para mitigar las pérdidas y daños producidos por el incendio en la isla de Gran Canaria”.
Según se manifiesta en el acuerdo y ha explicado el vicepresidente del Gobierno, Pablo Rodríguez, debido a las graves consecuencias de este incendio, no solo por las hectáreas quemadas sino por el fallecimiento de una persona y las repercusiones para la seguridad con la necesidad de evacuación de personas, el Gobierno de Canarias ha considerado preciso establecer ayudas y medidas que “reparen y palíen, en la medida de lo posible, las pérdidas y daños que se produzcan, con el objeto de contribuir con la vuelta a la normalidad de las zonas afectadas”.
Estas ayudas, tal y como resalta el Ejecutivo en nota de prensa, serán compatibles con las establecidas o que pudieran establecerse por otras administraciones públicas y mitigarán, entre otras cuestiones, los daños sufridos por la población en general, así como los que hayan registrado empresarios y profesionales.
Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto de 500.000 euros, por parte de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, para el “inicio inmediato de los trabajos de recuperación y regeneración de la zona afectada por el incendio en Gran Canaria”, según ha explicado el vicepresidente, Pablo Rodríguez.
En concreto, esta cuantía irá destinada a la restauración hidrológica forestal, control de la erosión y desertificación, así como a trabajos complementarios en los espacios forestales incendiados para mitigar los posibles efectos de posteriores lluvias. También, se apoyará la retirada y tratamiento de la biomasa forestal quemada, y la restauración de infraestructuras rurales de uso general, caminos naturales y vías verdes.
Además, esta primera partida, que se verá complementada una vez que se realicen los informes necesarios por parte de las consejerías competentes, irá dirigida a la recuperación y regeneración ambiental de los efectos del incendio en los espacios de la Red Natura 2000, especialmente en los hábitats de interés comunitario y en aquéllos en los que existan especies de interés comunitario, endemismos o especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Pablo Rodríguez ha manifestado que, del mismo modo, “se ha activado la solicitud de colaboración necesaria y urgente, al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), para la restauración de los terrenos afectados dados los importantes daños causados, no solo de carácter ecológico sino también en varias zonas urbanas, agrícolas y ganaderas de Gran Canaria”.
Según ha remarcado el vicepresidente, la superficie total quemada, aproximadamente de 2.780 hectáreas, supera las 2.500 fijadas por el Ministerio para establecer medidas de urgencia en los territorios insulares para paliar los daños producidos por los incendios forestales. Estas medidas suponen la declaración de zona de actuación especial para la restauración forestal y medioambiental de las zonas afectadas y la declaración de emergencia de las obras a ejecutar por el MAPAMA.
Además, la superficie afectada incluida en lugares de la Red Natura 2000, en concreto en Zonas Especiales de Conservación, es de 1.836,75 hectáreas, una extensión que supera las 250 hectáreas establecidas para territorios insulares; a lo que se suma que, de las 2.780 hectáreas afectadas, 2.677 pertenecen a la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos y 1.157 a la reserva de la Biosfera de Gran Canaria.
Declaración institucional
El Consejo de Gobierno de Canarias ha querido también mediante una declaración institucional expresar públicamente su reconocimiento al trabajo llevado a cabo por todos los efectivos de los gobiernos autonómico, insular, locales y estatal.
Así, muestra su agradecimiento al trabajo realizado por los efectivos del área de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, EIRIF del Gobierno de Canarias con base en La Palma, La Gomera y El Hierro, el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, la Unidad Militar de Emergencias con los destacamentos de Gran Canaria, Tenerife y Sevilla, Policías Locales y Protección Civil de varios municipios, Servicio de Extinción de Incendio, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria, Cuerpo General de la Policía Canaria, Policía Nacional, Guardia Civil, Servicio de Urgencias Canario y Cruz Roja y diferentes grupos de voluntario, con especial mención a los bomberos voluntarios y al Colegio de Veterinarios de Gran Canaria, que han participado y han colaborado para mitigar los efectos y en la extinción del incendio forestal que comenzó el pasado 20 de septiembre en la isla de Gran Canaria.
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha querido mostrar su pesar por el fallecimiento de una vecina de San Mateo y muestra sus condolencias a familiares, amigos y vecinos. Al mismo tiempo, muestra su apoyo con los ayuntamientos de la Vega de San Mateo, Tejeda, San Bartolomé de Tirajana. Valsequillo, Agüímes, Santa Lucía de Tirajana, Ingenio, Valleseco y Telde.
El Consejo de Gobierno agradece, además, a todas las administraciones su solidaridad con la isla de Gran Canaria, un agradecimiento que hace extensivo a colectivos, ciudadanos y empresarios que han ofrecido todos los medios que estaban a su alcance.
Por último, el Gobierno ha querido agradecer la actitud solidaria y responsable del pueblo de Gran Canaria en las tareas de extinción y su colaboración en las labores de evacuación.
El Gobierno invertirá 2,9 millones de euros en reforzar la lucha contra el fraude fiscal
De igual modo, el Consejo de Gobierno autorizó este lunes un gasto plurianual de 2,9 millones de euros para la contratación, mediante procedimiento abierto, de un servicio de consultoría estratégica para la implantación de un nuevo sistema de información para reforzar la lucha contra el fraude fiscal.
La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, explicó al término de la reunión del Consejo que dentro de las funciones de la Agencia Tributaria Canaria (ATC) se encuentra hacer efectivo “el deber de todos los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de la Comunidad Autónoma”.
En este sentido precisó que, tal como se indica en el Contrato de Gestión de la ATC para el período 2015-2017, entre sus directrices y como primera línea estratégica figura el control tributario y la lucha contra el fraude fiscal.
En ese mismo documento, se señala en su segunda línea estratégica como uno de los elementos a desarrollar que la necesidad de impulsar la lucha contra el fraude fiscal “supondrá directamente reforzar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria de la Comunidad Autónoma conforme marca la ley”.
La también portavoz del Gobierno explicó que hasta la fecha, la ATC ha venido realizando esta función mediante el cruce de los datos disponibles relativos a los contribuyentes de forma manual mediante el uso de productos de microinformática personal, es decir, con la utilización de hojas de cálculo tipo Excel y bases de datos tipo Access.
Esta escasez de medios para hacer frente a la cada vez mayor complejidad en la realización de actividades fraudulentas justifica, a juicio del Gobierno, la necesidad de que la ATC además de disponer de herramientas o productos de software para la obtención de métricas, patrones o tendencias de comportamiento indicativos de posibles conductas fraudulentas, incorpore los sistemas de información necesarios que contribuyan a la implantación de una estrategia de lucha contra el fraude y conformen un tratamiento integral del mismo.
En el Presupuesto de la ATC para 2017 figura un proyecto de inversión denominado “Lucha contra el fraude fiscal”, con cargo al cual la Agencia se ha dotado de las licencias necesarias para el uso de herramientas de software con el fin de combatir eficazmente el fraude tributario.
El presupuesto máximo de licitación para la implantación del nuevo sistema de lucha contra el fraude fiscal asciende a 2,9 millones euros, con la siguiente distribución de anualidades: 145.000 euros en 2017, 1.450.000 en 2018 y 1.305.000 en 2019
Nuevo reglamento de funcionamiento interno del Consejo de la Juventud de Canarias
El Gobierno de Canarias aprobó además el Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo de la Juventud de Canarias y establece un proceso excepcional de convocatoria, previo a la elección de la primera Comisión Permanente, para que las entidades que pueden designar representantes en este órgano soliciten, en el plazo de un mes, su integración en el mismo.
El Consejo Canario de Juventud es un órgano de participación, representación y consulta que tiene como finalidad primordial canalizar las iniciativas y propuestas de la juventud, así como velar por los mecanismos que garanticen su participación libre y eficaz en el desarrollo político, social, económico y cultural.
Con este decreto, elaborado por la Comisión Gestora del Consejo de la Juventud de Canarias, finaliza el desarrollo reglamentario relativo a la organización y funcionamiento del órgano, lo que permitirá la elección de la primera Comisión Permanente que, a su vez, posibilitará al Consejo desarrollar sus funciones plenamente.
Con el fin de lograr la mayor participación y representación del colectivo de población joven en el Consejo de la Juventud de Canarias, en el decreto se establece que, previa a la elección de la primera Comisión Permanente y disolución de la Comisión Gestora, se realizará una convocatoria excepcional de integración en el mismo para aquellas entidades juveniles que no pudieron hacerlo mediante el proceso de participación convocado mediante Resolución de la Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud de 18 de mayo de 2015.
Según el Decreto 61/2015, de 23 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de la Juventud de Canarias, podrán ser miembros de pleno derecho del Consejo de la Juventud de Canarias las personas designadas representantes de las asociaciones de jóvenes constituidas legalmente, las secciones juveniles de asociaciones de cualquier ámbito que cuenten con órganos de representación y decisión propios y plena independencia para los asuntos juveniles y las federaciones de asociaciones legalmente constituidas que estén compuestas por un mínimo de tres asociaciones de jóvenes, todas ellas que cumplan con los requisitos establecidos en dicho decreto, y los Consejos de la Juventud Insulares.
Francisco Javier González, nuevo director general de Patrimonio y Contratación
El Consejo de Gobierno acordó por último el nombramiento de Francisco Javier González como director general de Patrimonio y Contratación. Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna, es abogado de profesión desde 1993. entre 2007 y 2011 fue concejal en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos. En 2015, accedió a la Alcaldía del municipio, cargo que ejerció hasta agosto de 2017.
