- El incremento de la financiación de los servicios públicos esenciales, el aumento de la inversión productiva y del empleo, y rebajas fiscales principales prioridades de los presupuestos
- Las cuentas incluyen rebajas fiscales por valor de 124 millones y se destinan 4,5 millones a reforzar la lucha contra el fraude fiscal
- La financiación del POSEI adicional será incrementada en 1,7 millones de euros
El Consejo de Gobierno aprobó este lunes el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018, unas cuentas que ascienden a 8.239,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,9% que se traduce, de forma global, en 938,6 millones más con relación al presupuesto inicial de 2017. Si no se tiene en cuenta el pago de la deuda, el aumento presupuestario para el próximo año será de 767,5 millones, un 11,9% más.
La consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno, Rosa Dávila, resaltó en la rueda de prensa posterior al Consejo, según explica el Ejecutivo en un comuicado de prensa posterior, que en términos absolutos, “se trata del mayor presupuesto y el que más crece de la historia de la autonomía, por delante del de 2006 y 2007, que fueron hasta ahora los que más crecieron en esos años de bonanza económica previos a la crisis”.
A pesar de este incremento tan importante, dijo, “no son todo lo expansivas que nos hubieran gustado, ya que nos hemos visto obligados a movernos en un escenario de prudencia presupuestaria como consecuencia del retraso en la aprobación, o posible prórroga, de los Presupuestos del Estado y la incertidumbre generada por los efectos que sobre la economía puedan tener las tensiones políticas en Cataluña”.
Dávila señaló que el incremento de las partidas destinadas a los servicios públicos esenciales, como consecuencia de la desvinculación del REF del sistema de financiación autonómica, así como el aumento de la inversión productiva para promover el crecimiento y seguir generando empleo y la rebaja fiscal a familias, pequeñas empresas y autónomos para que dispongan de mayor liquidez y capacidad de gasto constituyen las principales prioridades de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018.
Según el proyecto de Ley aprobado por el Gobierno, que ahora será remitido en tiempo y forma al Parlamento para su tramitación y aprobación definitiva, las cuentas para 2018 destinan 5.808 millones a los servicios públicos esenciales, 439,7 millones más que en 2017. Esta cantidad supone el 80% del total del presupuesto de gasto no financiero.
En este sentido, “el compromiso del Gobierno con el gasto social y con las personas que más lo necesitan es absoluto”, aseguró la consejera.
Por áreas, el presupuesto de sanidad crece 231,7 millones, “para ofrecer un mejor servicio y tratar de reducir las listas de espera”. También se apuesta por la educación, con un incremento de algo más de 100 millones de euros, lo que sitúa el gasto educativo de la Comunidad Autónoma en el 3,7% del PIB y en la senda del alcanzar en 2022 el objetivo del 5% que establece la Ley Canaria de Educación.
Las partidas destinadas a políticas sociales, como empleo, vivienda e igualdad, también se incrementan en 99,5 millones, “en línea con el esfuerzo realizado en las cuentas anteriores y en sus respectivas leyes de crédito extraordinario con los colectivos sociales más necesitados”, dijo Rosa Dávila.
Así mismo, aumenta la inversión en 318,2 millones (45%) y de forma global todas las partidas destinadas a apoyar a los sectores productivos de las Islas, “con la finalidad de permitir y fortalecer un crecimiento más dinámico y sólido de la economía”, puntualizó la responsable de Hacienda.
También destaca, junto al cumplimiento de los objetivos de estabilidad, deuda pública y regla de gasto la reducción del endeudamiento por importe de 258 millones.
Por otro lado, los presupuestos incluyen rebajas fiscales en el IRPF y el IGIC para familias, pymes y autónomos por valor de 124 millones de euros, y refuerza la lucha contra el fraude fiscal incrementando el presupuesto de la Agencia Tributaria Canaria en 4,5 millones.
Contexto económico
Los cuentas para 2018 se enmarcan en un contexto de crecimiento económico y de consolidación de la recuperación de la economía debido principalmente a la expansión de la demanda interna, en especial del consumo privado.
Según las previsiones que maneja el Gobierno, la economía canaria crecerá este año en torno al 3,3%, dos décimas por encima de la media de España y más de un punto por encima de la estimada para los países de la Eurozona.
Por su parte, la tasa de paro se reducirá hasta el 24,3%, dos puntos porcentuales menos que al finalizar 2016, aunque continuará en unos niveles históricamente elevados.
En 2018, las previsiones para la economía canaria, al igual que para la economía española y europea, apuntan hacia una moderación del crecimiento. El PIB estimado se incrementará entre un 2,5% y un 2,8% y la tasa de paro bajará hasta 22,9%.
En los dos últimos años, Canarias creará casi 40.000 nuevos empleos, a razón de 23.000 en 2017 y 17.000 en 2018. Y el paro se reducirá en 33.426 personas.
Los presupuestos cuentan ya con el respaldo del Partido Popular. A este respecto, la consejera de Hacienda asegura que el Gobierno mantiene abierto el diálogo con el resto de los grupos parlamentarios para seguir sumando apoyos.
“Nuestro objetivo es que sean las cuentas de todos”, indicó.
La financiación del POSEI adicional será incrementada en 1,7 millones de euros
Además, el Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado también declarar ampliable una línea de financiación del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) adicional en 1,7 millones de euros para hacer frente al compromiso adquirido con el sector respecto a la puesta al día de estos pagos. El POSEI adicional es aquél que abonan los estados miembros y que en el caso de Canarias y por la situación generalizada de crisis se dejó de percibir desde 2011 por parte del Estado.
El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, ha asumido con fondos propios y abonado las correspondientes a 2014 (7,1 millones de euros) y ha convocado las de 2015 a cargo de los Presupuestos Generales. El compromiso del Ejecutivo es que con esta modificación presupuestaria y con cargo a fondos propios se vayan cumpliendo los compromisos adquiridos para poner al día estos pagos.
Aprobado el inicio de elaboración de directrices de ordenación del suelo agrario
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado, por otro lado, el decreto de inicio de elaboración de directrices de ordenación del suelo agrario, documento que tiene como objetivo proteger y promover la actividad agraria en las Islas y que será encargado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. La redacción de estas directrices está incluida en la Ley del Suelo y ha de seguir tres criterios fundamentales: promover un desarrollo sostenible de esta actividad, proteger y promover las actividades agrarias tradicionales y conservar los suelos de interés agrario. El plazo para su redacción y posterior aprobación es superior a 30 meses e incluye al menos cuatro periodos de consulta pública durante su desarrollo.
El Archipiélago cuenta con una superficie agraria útil de unas 140.000 hectáreas, lo que supone un 18,75% de la superficie de las Islas. De esta superficie, se cultiva unas 44.000 hectáreas, por lo que se estima como objetivo el poner en uso agrario parte de ese que ahora mismo no tiene uso. Así, ha informado el titular de dicho departamento autonómico, Narvay Quintero, “pretendemos que el sector gane peso en la economía de las Islas y genere nuevas oportunidades de negocio y de generar empleo”.
En la actualidad, el sector primario ocupa el 1,44% del Producto Interior Bruto de las Islas y genera más de 20.000 empleos directos.
Estas directrices de ordenación deben definir criterios de clasificación y categorización de los suelos agrarios detectados por el mapa de cultivos de Canarias, que está actualizando y publicando la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, así como de las instalaciones ganaderas existentes. Establecerá además criterios de homogeneización de la normativa vigente y definirá criterios de proporción y adecuación de usos, actividades y construcciones complementarias, tal y como prevé la Ley del Suelo. Por último, tiene previsto crear las figuras de ‘parque agrario’ concebidos como espacios para el sostenimiento de los agrosistemas más relevantes del Archipiélago.
El Gobierno eleva al Consultivo el proyecto de ley que define el régimen jurídico de las ITV
El Gobierno también ha acordado elevar al Consultivo el proyecto de ley que define el régimen jurídico de las ITV. El objetivo del Ejecutivo canario es cumplir los compromisos adquiridos con el sector
Este proyecto de ley regula, entre otras cosas, el proceso que regirá el traspaso de las 15 estaciones de servicio que están aún sujetas a régimen concesional en Canarias
Este proyecto de ley, en el que se establece el régimen jurídico de la inspección técnica de vehículos en la Comunidad Autónoma de Canarias, define las normas por las que se regirá la extinción de las concesiones otorgadas para la prestación de este servicio en las diferentes zonas concesionales de Canarias y establece el régimen sancionador de la actividad de inspección técnica de vehículos.
En la actualidad el sector de las ITV está regulado por el Decreto 93/2007 que permitió liberalizar el sector para dar una mayor cobertura y mejor prestación de los servicios a los usuarios, implantando el sistema de autorización administrativa para la inspección técnica de vehículos, en sustitución del régimen concesional, lo que ha posibilitado un notable incremento en la oferta de estaciones de ITV.
El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, asegura que la puesta en práctica del régimen de autorización administrativa ha supuesto una gran dinamización del sector de la inspección técnica de vehículos en Canarias.
En cuatro años, el número de ITV abiertas en Canarias ha pasado de 15 a 30 lo que ha llevado aparejado un notable aumento del empleo en el sector y ha supuesto un beneficio considerable para muchos usuarios del servicio, que actualmente tienen más posibilidades de elección, que disponen de establecimientos más próximos a sus domicilios y que ya no tienen que sufrir largos tiempos de espera para ser atendidos.
En este contexto, el proyecto de ley pretende confirmar y avalar el régimen de autorización administrativa para la prestación del servicio de ITV a través de una norma de rango superior, y respetando el principio de libertad de establecimiento consagrado en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Además, a través de esta ley se quiere definir las normas que regirán la extinción de las concesiones otorgadas para la prestación de este servicio en las diferentes zonas concesionales de Canarias, haciendo especial hincapié en dar continuidad al servicio y en mantener los derechos laborales del personal que trabaja en las estaciones de ITV que serán objeto de reversión.
A día de hoy, aún existen 10 estaciones de ITV sujetas al régimen concesional en Gran Canaria y Tenerife, cuyo contrato finalizará en 2019, y cinco estaciones de ITV en las islas no capitalinas cuya concesión finaliza en 2025
Desde la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento se explica que, si bien el Decreto 93/2007 incluye determinadas referencias relativas a la finalización de las concesiones otorgadas para la prestación del servicio de ITV, éstas son muy generalistas por lo que es necesario regular en un nuevo texto legal la desafectación de los bienes demaniales objeto de reversión, que pasarían a ser bienes patrimoniales, así como el procedimiento de enajenación de los bienes, de forma que se garanticen la continuidad del servicio, la concurrencia y los derechos de los trabajadores afectados, de los usuarios y los concesionarios.
