La Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre los contratos firmados durante la primera etapa de la pandemia por las comunidades autónomas de Baleares y Canarias con la presunta trama en la que habría participado Koldo García, ex asesor del ex ministro de Fomento José Luis Ábalos, para el suministro de mascarillas. Así lo ha anunciado este lunes el órgano comunitario en un comunicado en el que precisa que abre las diligencias tras recibir "una denuncia de un particular" y llevar a cabo "diversas medidas encaminadas a verificar su competencia para investigar los hechos alegados". El organismo explica que investiga las operaciones millonarias por delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias sobre la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, una de las sociedades clave del caso. En el caso de Canarias, el ex presidente Ángel Víctor Torres, actualmente ministro de Política Territorial, es sospechoso no sólo ya de haber aceptado comprar a la trama por orden directa de Madrid sino de haber perdido 4 millones de euros anteriormente por la fallida compra de mascarillas a la empresa RR7, a lo que se ha sumado a última hora otro tercer caso en el que está involucrada gente como el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, o el político Lucas Bravo de Laguna.
La Fiscalía Europea, según adelantó la agencia Europa Press, ha adoptado esta decisión tras recopilar información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, quienes investigan en España a siete miembros de la presunta 'trama Koldo', que habría pagado comisiones irregulares para conseguir contratos de mascarillas con la Administración durante la primera etapa de la pandemia. Según ha precisado, también ha recopilado datos de los diferentes organismos encargados de gestionar la financiación de la Unión Europea. "En base a la información recabada, se tomó la decisión de iniciar formalmente la investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias de conformidad con la legislación nacional y el Reglamento de la Fiscalía Europea", apunta.
El organismo comunitario no precisa si ya figuran personas o empresas imputadas por dichos delitos o si de momento solo investiga hechos.
La Fiscalía Anticorrupción española remitió documentación a la Fiscalía Europea el 8 de junio de 2023 a través de un decreto "al afectar a fondos de la Unión Europea".
