ACN
El presidente de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Casimiro Curbelo, anunció este martes que si el Gobierno regional no ingresa en el plazo de un mes los 200 millones de euros que le adeuda por distintos conceptos, la Federación presentará el 14 de julio un recurso por la vía contenciosa administrativa, "situación que hará que se origine una cadena de recursos, ochenta y siete más siete, por la invitación a los ayuntamientos".
En un acto informativo ofrecido tras la reunión que mantuvo la Fecai en Tenerife, Curbelo dijo esperar que en la reunión que los cabildos mantendrán con el presidente del Gobierno, Adán Martín, el 30 de junio, éste "pueda evitar" llegar a ese extremo, porque de lo contrario "le caerá una llovizna de sentencias desfavorables", expresó.
En cuanto al IGTE, el también presidente del Cabildo de La Gomera indicó que la Fecai quiere que se repartan los 116 millones de euros correspondientes al 58 por ciento de los recursos de los 40 millones de 2004, de los 80 de 2005 y de los 80 de 2006. "Son 200 millones a repartir de acuerdo a la aplicación del 58 por ciento para la participación de las corporaciones locales -ayuntamientos y cabildos, 116 millones- y 42 del Gobierno -48 millones de euros-". En este punto, recordó que el Gobierno actualmente "lo está asumiendo todo, cuando realmente lo tiene que repartir con las corporaciones locales".
En base a este reparto, 44.105.365 euros irían destinados a Gran Canaria, 8.191.545 a Lanzarote, 6.495.340 a Fuerteventura, 45.444.225 a Tenerife, 6.426.580 a La Palma, 2.979.590 a La Gomera y 2.357.355 a El Hierro.
Sentencias
Curbelo señaló que el principal objetivo del encuentro del 30 de junio es "evitar que los tribunales le sigan dando más varapalos" al Ejecutivo autonómico, después de haber dictado sendas sentencias favorables a las reclamaciones que planteaban los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, que han supuesto "un par de varapalos". Así, insistió en que la intención es "evitar que le den más", refiriéndose en este caso al IGTE y al fondo de suficiencia en lo relativo a las competencias transferidas.
El presidente de la Fecai indicó que la sentencia de Lanzarote es "muy clarificadora, porque viene a dar la razón al Cabildo y es extrapolable al resto de los cabildos" en lo relativo al recurso presentado. En este sentido, insistió en que los gastos en gestión "son "excesivos, por lo que el Tribunal le dice al Gobierno que debe repartir 8,8 millones entre los cabildos". Además, resaltó, le indica que ha de pagar los intereses legales a las administraciones correspondientes de 4.000 euros diarios.
Como consecuencia de la sentencia, destacó, ha de pagar a los cabildos 43.011.829 euros, distribuidos de la siguiente manera: 13.036.218 euros para Gran Canaria, 3.785.434 euros para Lanzarote, 3.237.820 para Fuerteventura, 18.699.386 euros para Tenerife, 2.138.483 euros para La Palma, 1.0883.845 euros para La Gomera y 1.030.643 euros para El Hierro
Fondo de suficiencia
Sobre el fondo de suficiencia, recordó que los cabildos reciben las competencias transferidas y delegadas, y se suelen actualizar con un incremento anual del 2 por ciento. De acuerdo con ese fondo, el Estado, que transfiere a la Comunidad Autónoma una serie de recursos, "se refería a un porcentaje del 3,54 por ciento de los recursos que han sido transferidos, pero en la liquidación final se habla de un 6,79 por ciento, por lo que hay una diferencia de recursos que ha recibido la Comunidad del Estado y, sin embargo, no los ha hecho repercutir en las transferencias a los cabildos", precisó.
En este sentido, explicó que se trata de 2,9 millones de euros que se distribuyen entre los cabildos, quienes solicitan que se produzca el reparto correspondiente. "Esperamos que en la reunión con Adán Martín, este problema quede resuelto porque, de lo contrario, lo reclamaremos también por la vía contencioso administrativa", anunció.
Programa Operativo Local y Ley de Cajas
En cuanto al Programa Operativo Local, Curbelo señaló que el Ministerio de Administraciones Públicas, para ejercitar determinados controles a las corporaciones públicas, especialmente cabildos y diputaciones, pretende aplicar un control de una auditoría externa. Los cabildos consideran que el Ministerio debe tomar las medidas correspondientes para que las certificaciones que están en estos momentos en tramitación sigan ese proceso, es decir, que se desactive ese procedimiento, así como piden al Estado que cualquier auditoría externa que se pretenda hacer en cuanto al Programa Operativo Local para 2002-2005 se haga por el Ministerio y con cargo a sus recursos.
La Ley de Cajas fue otro de los asuntos abordados en la reunión de hoy, sobre la que el presidente de la Fecai subrayó que en la representación de las cajas, los cabildos tenían un 10 por ciento, que se ha reducido al 5 por ciento. "El Gobierno debe ser más consciente del papel que ejercen los cabildos como órganos de gobiernos insulares, y ese 10 por ciento que se ha visto mermado no sólo se tendría que mantener sino, incluso, incrementar", sostuvo.
