La presidenta del Partido Popular (PP) de Lanzarote, Astrid Pérez, ha calificado en nota de prensa de “auténtica indecencia” la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de obligar a los propietarios de viviendas ocupadas a tributar en el IRPF por rentas que nunca han llegado a percibir. Para Pérez, esta medida “es un nuevo ejemplo de cómo el Gobierno de España sigue dando la espalda a los propietarios y castigando a quienes cumplen la ley, mientras se protege de facto a los okupas y a los morosos”.
La dirigente popular ha señalado que esta situación se produce en un contexto normativo “profundamente desequilibrado”, que ha contribuido a agravar el problema de la okupación y la “inquiocupación” en toda España, incluyendo Canarias.
“Estamos ante una política que penaliza al propietario dos veces: primero, cuando pierde el control de su vivienda o deja de cobrar su alquiler, y después cuando viene Hacienda y le exige tributar por unos ingresos ficticios, que no ha percibido. Es simplemente injustificable y un disparate más a los que nos tiene acostumbrados el gobierno de Sánchez ”, ha afirmado.
Astrid Pérez ha criticado la realidad paralela en la que vive el Gobierno y el “negacionismo” de la izquierda que insiste en minimizar un problema real que afecta a miles de familias.
“Mientras algunos tienen la desfachatez de decir que la ocupación no es realmente un problema, hay propietarios que están viviendo auténticos dramas personales porque además de perder el control de sus viviendas, asumir costes legales y económicos durante años, encima deben tributar por alquileres que ni siquiera han cobrado, lo que es un verdadero disparate”, ha subrayado.
En este sentido, ha recordado que las denuncias por ocupación ilegal y conflictos relacionados con el impago de alquileres ha continuado aumentado en los últimos años, evidenciando que se trata de “una realidad que no se puede seguir ignorando y que requiere de soluciones inmediatas”.
Asimismo, la presidenta insular del PP ha cuestionado la eficacia de las medidas impulsadas por el Gobierno dentro de su paquete anticrisis, señalando que “lejos de solucionar el problema de acceso a la vivienda, han generado más inseguridad jurídica y han retraído la oferta de alquiler”.
“El resultado es claro: menos viviendas disponibles, precios más altos y más dificultades para las familias”, ha añadido Pérez, quien ha reiterado la necesidad de “dejar de criminalizar a los propietarios y actuar con firmeza frente a quienes vulneran la ley”.
