La parlamentaria autonómica de Coalición Canaria Vidina Espino reconoció en el programa "A Buena Hora" de Crónicas Radio de este martes que, como periodista, le está costando no dar a conocer el dictamen resultante de la comisión de investigación que se ha llevado a cabo en el Parlamento de Canarias con el Caso Mascarillas. Eso sí, reconoció que es un dictamen serio, riguroso y documentado. También aseguró que afortunadamente, tenemos una justicia garantista que condena a los culpables de los delitos, tal y como hemos visto en los casos de Ábalos o Koldo, pero libera a quienes hayan podido aparecer en los primeros momentos de las investigaciones y luego se ha demostrado que son inocentes.
- Viendo lo que ha habido después en el ámbito nacional, puede parecer que lo que ha ocurrido en Canarias con el Caso Mascarillas se ha quedado pequeño.
- Para nosotros no es pequeño porque estamos hablando de más de 20 millones de euros que se hicieron en contratos que han sido investigados o están siendo investigados por la justicia. Lo que afecta a Canarias es algo importante aunque si lo comparamos con el resto de lo que hemos visto, puede parecer que no es tan importante pero sí que lo es porque es dinero público y 20 millones de euros en tratos privilegiados a determinadas empresas no es algo que esté bien y tenemos que investigar y ver qué responsabilidades políticas hubo en esos contratos.
- Ángel Víctor Torres está involucrado porque era su Gobierno pero resulta que se hacen encuestas y dicen que si se celebraran elecciones, volvería a ganar el PSOE en Canarias.
- Las encuestas serán cuando lleguen las elecciones. Nosotros estamos intentando en esta comisión de investigación, que ya ha celebrado 29 sesiones, doce reuniones de ponencias para ponernos de acuerdo acerca de un informe, determinar esas responsabilidades políticas, que apuntan al Gobierno de Canarias y a su presidente, sino también para una serie de recomendaciones o instrucciones que son necesarias para evitar que vuelva a ocurrir lo que pasó, que se comprometiera dinero público de forma negligente porque está siendo investigado por la justicia.
- ¿Qué ha sido lo peor para usted?
- Sin duda el quebranto a las arcas públicas más importantes es del de RR7 porque fueron cuatro millones de euros que se pagaron por unas mascarillas que nunca llegaron, que estaban falsificadas y aun así, a pesar de que las mascarillas estaban falsificadas, lo que se hizo es que en lugar de ese contrato que ya se había extinguido, lo que se hizo fue dar marcha atrás, volver a activar un contrato extinguido, algo que la Fiscalía Anticorrupción ha calificado como grotesco, y dar una segunda oportunidad a esa empresa para que trajera mascarillas, que nunca trajo. Es un caso que está investigando la Fiscalía Europea.
- Se ha emitido un dictamen pero todavía no pueden contarlo porque es secreto.
- Efectivamente, es una de las cuestiones que establece el Reglamento de Canarias. A mí me resulta llamativo porque yo, que soy periodista y estoy acostumbrada a la transparencia y a poder contarlo y explicarlo todo, que tengamos que guardar este secreto del contenido exacto del dictamen hasta el día del pleno, se me hace extraño. Me encantaría poder contarle detalles o las aportaciones que hemos hecho desde CC pero puede decirles que es un dictamen serio, riguroso, basado en hechos y todo lo que ponemos en ese dictamen lo intentamos probar documentalmente con las declaraciones que hicieron en su momento los comparecientes y además de esas responsabilidades políticas, creo que hay una parte muy importante de recomendaciones por si se da otra situación de emergencia y que tengamos una Administración más fuerte y con controles más serios para poder afrontarla.
- Con las filtraciones que hay absolutamente de todo en el ámbito nacional, no parece que haya habido filtraciones del dictamen.
- Que yo sepa no. Sí que se filtró en su momento el borrador, que fue como un esqueleto de trabajo que nos habían pasado a los diputados que formábamos parte de la comisión de investigación por parte del presidente y como se produjo la filtración de ese borrador, sí que es verdad que se extremaron las medidas de precaución y como dato curioso, puede decir que sólo se nos ha entregado una copia por grupo y en papel. Así se puede ser rigurosos con los procesos parlamentarios porque ahora cabe algún voto particular sobre ese dictamen que se aprobó en una comisión a puerta cerrada. Por eso hay que ser respetuosos con los plazos para que el resto de grupos parlamentarios puedan hacer sus observaciones y el dictamen definitivo será el que se apruebe en el pleno.
- ¿Cuándo creen que será?
- La intención es aprobarla ahora en julio, en el pleno de la próxima semana o en el último de julio, antes de que concluya este periodo de sesiones y por eso hemos intentando impulsar los trabajos porque ya son dos años de comisión y es importante concluirla porque si no, podemos seguir incorporando cosas al dictamen. Creímos que había que parar en algún momento y empezar a trabajar en el informe para cerrar estas conclusiones.
- Las sentencias de Ábalos o Koldo han demostrado que estos asuntos no son para tomárselos a broma y que para algunos no sale barato jugar con la corrupción.
- En el caso de Ábalos es que se le van acumulando los delitos; entonces, aunque las penas no sean tan elevadas por cada delito, como son muchos los delitos, se van acumulando las penas. En todo caso, en lo que nosotros nos fijamos es en las responsabilidades políticas que hubo en esa gestión de la crisis y al amparo de esa excepcionalidad que hubo para la contratación porque se activó un artículo de la Ley de Contratos del Sector Público, que daba mayor flexibilidad y se rebajaban los controles y al amparo de esa excepcionalidad, hubo quien tomó decisiones arbitrarias o contrarias a los intereses generales de la gestión de los recursos públicos. Nosotros nos fijamos más en la responsabilidad política, que es independiente de las investigaciones judiciales que está haciendo la Fiscalía Anticorrupción que sigue con RR7 o con otras causas que también puedan afectar a los contratos de Canarias que se estén viendo en la Audiencia Nacional o en el Supremo. Nosotros no somos jueces ni fiscales.
- La justicia va lenta hasta el punto de que el caso del Tito Berni todavía se está juzgando y hace poco supimos la petición de la Fiscalía para Juan Bernardo Fuentes.
- La justicia tiene sus plazos y a veces es más lenta porque también es más garantista. Como ven, las condenas pueden ser muy contundentes por delitos de corrupción, cohecho, organización criminal... Así que entiendo que los jueces y los fiscales se tomen su tiempo para hacer las investigaciones y atarlas bien y que si alguien es responsable o culpable de algo, que afronte esa pena pero que si hay personas que aparecen en un primer momento en esas investigaciones y luego se determina que no he incurrido en ningún delito, también tengan sus garantías. Lo que estamos viendo es que la justicia actúa de forma contundente.
- ¿Cree que estamos en la peor época de la política nacional?
- Estamos en una época muy mala con todos estos casos de corrupción pero además de eso, también está el ambiente, sobre todo, en el Congreso de los Diputados, de insultos, de estar a la bronca, de no llegar a acuerdos y hemos hecho el esfuerzo de que todo eso no se traslade al Parlamento de Canarias y que hagamos las cosas al modo canario, que podemos discutir y no estar de acuerdo pero llegamos a consensos en muchas cuestiones hasta el punto de que muchas de las proposiciones no de ley del Parlamento de Canarias salen por unanimidad o muchos puntos por una gran mayoría del Parlamento. Incluso hemos tenido que leyes, que sería impensable en el Congreso, como la ley de Consejos Sociales que llevé yo que fue apoyada por todos los grupos menos VOX. Ese ambiente de insulto lo está contaminando todo en el Congreso.
- Lo que pasa es que en los partidos debería haber más control de la gente que entra porque con todo el dinero que se mueve alrededor de la política, es normal que haya personas que entren sólo para llevarse ese dinero.
- Lo que pasa es que para participar en política sólo hace falta ser ciudadano español y tener más de 18 años y en un principio, tú no puedes pensar que la gente va con esa intención. Si vivimos con la sospecha permanente, no se podría vivir. Ahora bien, una vez que se detectan esas irregularidades, sí hay que ser contundente tanto por parte de los partidos políticos como por parte de la justicia.
