Ley de la Ciencia: sin las universidades y sin financiación

La Ley Canaria de la Ciencia que acaba de aprobar el Parlamento de Canarias constituye, lamentablemente, una oportunidad perdida para fortalecer el conocimiento científico que se genera en Canarias. La nueva Ley, que sustituye a la vigente desde el año 2001, nace exclusivamente con el apoyo de los grupos que apoyan al Gobierno, sin el consenso de la comunidad científica y sin el respaldo de las universidades canarias, con las que no se contó para su elaboración. Y carece, además, de la imprescindible financiación.

Esas y otras razones llevaron al voto negativo del grupo parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc). Tras proponer numerosas enmiendas a su articulado, muchas de ellas en consonancia con las justas reivindicaciones de nuestras dos universidades públicas y de los jóvenes investigadores de las Islas. Casi todas rechazadas por la mayoría conservadora que apoya al Ejecutivo de Clavijo.

Como bien señaló en su intervención nuestra diputada Carmen Hernández, hablar de ciencia no es solo hacerlo de laboratorios, publicaciones o innovación tecnológica, sino de educación, sostenibilidad, transición energética, seguridad alimentaria, adaptación al cambio climático y calidad de vida. Destacando que “invertir en ciencia no es un gasto, es una inversión estratégica en el futuro, en el bienestar de nuestra gente y en la diversificación económica que necesita Canarias”.

Maltrato presupuestario a nuestras universidades

Esta visión de futuro no es compartida por el Gobierno de las dos derechas como se puede observar en el trato que dan a nuestras universidades. Un tratamiento rechazado en el Manifiesto en defensa de las Universidades Públicas Canarias, suscrito ya por más de 4.000 personas. Y que destaca el preocupante clima de descrédito y ataque a la institución universitaria, que cuestiona “el valor de la universidad pública, tachándola erróneamente de gasto superfluo o insinuando que debería limitarse a una visión utilitarista. Debemos alertar sobre estas tendencias: cuando se deslegitima y debilita a la universidad, se erosiona un pilar de la democracia y el progreso social”.

Exigiendo, por ello, a las administraciones competentes que cumplan plenamente el mandato legal del artículo 55 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en materia de financiación, el 1% en 2030 frente al actual 0,5% que mantiene financieramente ahogadas a las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria.

Igual sucede en el apoyo presupuestario que recibe la I+D+i. En los presupuestos para este año 2026 los créditos para el área de I+D+i se reducen en 12,2 millones de euros (-12,0%). Esto repite lo que ha sucedido en los dos presupuestos anteriores de 2024 y 2025.

21,8% de recortes en I+D+i

Esto supone que en las tres cuentas públicas presentadas por este Gobierno (2024, 2025 y 2026) se recortan las partidas en I+D+i en 24,9 millones de euros (una reducción del 21,8%) respecto a las que dejó en las del año 2023 el gobierno de Progreso. Y esa sustancial bajada se produce en tres presupuestos donde el gasto no financiero total sube nada menos que en 2.310,6 millones (+22,7%).

Por tanto, y más allá de los discursos y de la propaganda gubernamental, la dura realidad es que las partidas para I+D+i han pasado de suponer el 1,12% del gasto no financiero en 2023 al 0,71 en los presupuestos para 2026. El Gobierno no deja de repetir que la I+D +i tiene un valor estratégico para Canarias y que debe ayudar a la diversificación económica hacia actividades que generen más valor añadido, pero sus presupuestos hacen justamente lo contrario.

Volviendo a lo más reciente, la aprobación de la Ley Canaria de la Ciencia, hay que recordar que las dos universidades públicas trasladaron numerosas propuestas de mejora de su articulado que fueron rechazadas por los grupos que apoyan al Gobierno de las dos derechas. No teniendo en cuenta la opinión de las instituciones que generan más del 90% por ciento de la investigación científica en Canarias, de los principales protagonistas de la generación, transferencia y divulgación del conocimiento científico en nuestras islas.

Una ley de espaldas a las universidades

Además, desde NC-bc entendemos que es un grave error que en el texto legislativo no se establezcan compromisos financieros vinculantes. Más aún, como señalábamos anteriormente, cuando este Ejecutivo lo que ha hecho es recortar de manera sustancial las partidas destinadas a I+D+i, convirtiendo a Canarias en una de las pocas comunidades en que se reduce la inversión en este ámbito.

Para superar la negativa situación en I+D+i en que se encuentra Canarias, NC-bc propuso el establecimiento de objetivos concretos, entre ellos el cumplimiento de la financiación prevista en la legislación estatal y una senda progresiva de crecimiento que posibilite alcanzar el 3,2% del PIB en 2030.

Asimismo, consideramos que en la ley Canaria de la Ciencia no se facilita una verdadera carrera investigadora para las personas jóvenes.  Al no establecerse mecanismos reales de estabilización, no impulsarse contratos de larga duración ni medidas eficaces que contribuyan a retener el talento en nuestra tierra, como reiteradamente han venido denunciando los jóvenes investigadores.

Por otra parte, no compartimos la composición del futuro consejo asesor de ciencia, ente encargado del asesoramiento al Gobierno y diseño de la estrategia científica de Canarias, en la que es claramente insuficiente la representación de nuestras universidades públicas, claves para garantizar el rigor científico y técnico en sus decisiones; solo contarán con dos de los 17 miembros que integran este órgano. Y tampoco nos parece acertada la exclusión de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).

En definitiva, tanto con esta Ley Canaria de la Ciencia como con el persistente maltrato financiero a nuestras universidades o el retroceso en I+D+i en los Presupuestos de Canarias de CC y PP se dibuja un panorama muy negativo en el que se castiga a las universidades públicas y se trata de potenciar y beneficiar a las universidades privadas, como están haciendo las derechas conservadoras y extremas en otras comunidades. Un abandono de nuestros centros superiores públicos y una escasa preocupación por el desarrollo científico y tecnológico de nuestra comunidad, con graves consecuencias presentes y futuras para el avance económico y social de Canarias.