Lanzarote alberga una biodiversidad marina única, un patrimonio natural de valor incalculable. Sin embargo, esta riqueza se encuentra hoy al borde del colapso, víctima de una amenaza silenciosa pero constante: la sobreexplotación del litoral por parte de la pesca recreativa.
Lo que a simple vista podría parecer una actividad inofensiva, ligada al ocio, la tradición o el sustento familiar, se ha transformado en uno de los factores más agresivos para la biodiversidad costera. Y lo más alarmante es que esta destrucción avanza con la bendición de un sistema que concede licencias de forma masiva, sin apenas control ni vigilancia, y con la indiferencia cómplice de instituciones y ciudadanía.
En Lanzarote hay un número de licencias recreativas activas totalmente desproporcionado en relación al tamaño del litoral, a la fragilidad del ecosistema y a la limitada capacidad de fiscalización real. Estas licencias autorizan capturas de hasta 5 kilos por persona y día —una cantidad que ya representa una presión significativa incluso bajo cumplimiento estricto. Pero la realidad es otra: pocos respetan los límites. Nos gusta señalar con el dedo a quienes vienen de fuera a "saquear" nuestros recursos, pero olvidamos que los primeros en no respetar nuestra casa somos nosotros.
No sirve escudarse en la falta de medios. Recursos hay, pero la gestión es ineficaz, ineficiente y, en muchos casos, negligente. Renunciar a la vigilancia por falta de voluntad política es una forma más de abandono institucional.
El furtivismo, lejos de ser una excepción, se ha convertido en una práctica cotidiana. Personas sin licencia, o con permisos caducados, pescan sin límite alguno: en zonas prohibidas, de noche, con artes ilegales, sin respetar las tallas mínimas, y llevándose incluso especies protegidas. Pero el verdadero problema no es solo el furtivo. Es sobre todo, el entorno que lo permite. Es el vecino que no denuncia. Es quien calla y quien mira hacia otro lado o incluso colabora.
Esta complicidad social es igual de destructiva. Al normalizar el incumplimiento, se erosiona el sentido de responsabilidad colectiva y se alimenta una cultura de impunidad que debilita cualquier esfuerzo por proteger nuestro medio marino. El daño no es solo ecológico: es también ético y social. Cuando permitimos la ilegalidad, estamos renunciando a nuestro papel como cuidadores de un bien común. Estamos fallando como comunidad porque Lanzarote es eso…una comunidad fallida que al igual que los estados fallidos o los narcoestados hace de la impunidad y la corruptela su seña de identidad y su forma de gobernanza.
Y a este panorama se suma otro enemigo silencioso: la ausencia de un sistema adecuado de depuración de aguas. Los emisarios submarinos siguen vertiendo aguas residuales al mar, muchas veces mal tratadas o directamente sin tratar. Nos bañamos —literalmente— en aguas con materia fecal. Y, aun así, se sigue pescando en esas zonas y consumiendo ese pescado como si no pasara nada.
Lanzarote no puede seguir mirando hacia otro lado. La pesca recreativa descontrolada, el furtivismo impune, los vertidos fecales y la dejadez institucional están vaciando y contaminando nuestro litoral. Estamos destruyendo, entre todos, lo que debería ser un patrimonio compartido, una herencia para las generaciones futuras. El problema no es solo lo que hacen unos pocos sino lo que permitimos todos los demás a esos pocos. Quien pesca más de la cuenta, quien calla, quien no denuncia, quien no fiscaliza y quien no actúa. Las verdades del barquero son incómodas, pero necesarias.