Cada seis de diciembre celebramos el aniversario de nuestra Carta Magna, logro histórico para un país que salía de una dictadura y supo generar esta Ley de leyes. Ha permanecido vigente durante 44 años y nos ha proporcionado un marco legal en que hemos desarrollado un estado de derecho plural y moderno. Destinada a permanecer, aunque posiblemente con alguna modificación, es sin duda el gran marco legal y ético de la sociedad española.
Pero hemos de ser escrupulosos en su cumplimiento, pues acatarla es la mejor manera de defenderla, empezando por las autoridades del estado y el mundo de la política, si no este referente de convivencia se irá deteriorando. Comentar que solo el 8% de los españoles confía en los partidos políticos, frente al 18 % europeo.
Un grave incumplimiento constitucional es la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de la justicia, autentico pilar de nuestra sociedad e imprescindible en cualquier democracia, que lleva 4 años con el mandato caducado. Al exigirse una mayoría de tres quintos, no resulta fácil su renovación. No se ponen de acuerdo los partidos políticos, sobre todo el Partido Popular, que la ha bloqueado todos estos años, dando hasta 20 excusas diferentes. Esta falta de cumplimiento de sus obligaciones legales no es propia de un partido, que se proclama constitucionalista y de estado, que aspira a gobernar España.
Son las Cortes Generales, depositarias de la soberanía popular, quienes deben proponer nombres para esta renovación. Así al Congreso de los Diputados, le corresponde la propuesta de 10 nombres (6 jueces y 4 juristas reputados). Al Senado le corresponde idéntico número, pero ninguna de las dos cámaras, ante la falta de acuerdo en los principales partidos, ha realizado propuesta alguna. Es su responsabilidad promover pactos, que hagan posible la renovación. Las mesas de gobierno de Congreso y Senado deberían tomar inactivas al respecto, llamando a capítulo a los portavoces de los grupos incumplidores afeándoles su falta de responsabilidad. Entiendo que los reglamentos de ambas cámaras contemplan medidas coercitivas ante incumplimientos de este calibre.
El artículo 56 de la Constitución dice: ”El Rey es el Jefe del Estado, ……. arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”, no creo que un CGPJ en funciones desde hace 4 años con sus facultades limitadas por ley, tengan un funcionamiento regular. Es el Jefe del Estado quien tiene el deber de intervenir, citando a los líderes de los principales partidos políticos, pidiendo explicaciones y exhortándoles al preceptivo cumplimiento.
Ninguna institución o autoridad del estado debería ponerse de perfil ante un fragrante incumplimiento constitucional, cosa que está ocurriendo. Esta anomalía democrática no debería mantener por más tiempo. Como dice un amigo, con gran sabiduría popular, tal vez, retirando el sueldo a los actuales miembros del CGPJ se arreglaría el problema.
El proclamarse constitucionalista, no puede ser asistir hoy a los actos institucionales para celebrar el Día de la Constitución, proclamando sus bondades y resaltando su importancia, para mañana incumplir nuestra norma básica.