Hein de Haas, catedrático de Sociología en la Universidad de Ámsterdam y profesor de Migración y Desarrollo en Maastricht, que lleva unos 30 años investigando sobre el tema, tiene un libro “Los mitos sobre la inmigración, 22 falsos mantras sobre el tema que nos divide” (mayo, 2024), que debería ser leído por políticos, periodistas y la sociedad en general. En el capítulo final habla de que las democracias liberales están atrapadas en un “trilema migratorio”, entre (1) el deseo político de controlar la inmigración; (2) los intereses económicos que buscan que haya más inmigración; y (3) la obligación de respetar los derechos humanos fundamentales de migrantes y refugiados. Estas metas políticas en conflicto parecen inconciliables, lo que explica por qué las políticas inmigratorias pueden resultar incoherentes y, por tanto, a menudo ineficaces, cuando no contraproducentes.
Principalmente, los políticos han intentado resolver este trilema con una apariencia de control, recurriendo a una retórica de mano dura con la inmigración y tomando unas medidas sobre todo simbólicas, como la construcción de muros y vallas, y alguna que otra redada en los lugares de trabajo. Mientras, a la vez, facilitan la entrada legal de inmigrantes y, en la práctica, toleran la inmigración ilegal. Quizá tales políticas les sirvan a determinados políticos para ganar votos, pero nunca han solucionado ningún problema, incluso lo han empeorado, al tiempo que las retóricas irresponsables fomentan un clima en el que la extrema derecha se envalentona, y el racismo, la polarización y la intolerancia se expanden por doquier. Para contrarrestarlas, la próxima vez que un político se comprometa a atajar la migración ilegal, habría que preguntarle por qué permite que a los empleadores no se les castigue cuando contratan a trabajadores sin papeles y explotan a trabajadores migrantes, y qué políticas alternativas proponen para abordar la escasez de trabajadores. No deja de ser sorprendente, además de un ejercicio de hipocresía extraordinaria, que muchos empresarios, votantes de VOX, partido que habla de poner muros y vallas contra la inmigración ilegal, sean los que más se benefician de ella. Y mientras tanto no les importa encender los ánimos en la sociedad española con discursos antiinmigratorias, auténticamente salvajes y sádicos.
Otra manera de salir de este trilema, propuesta por políticos y expertos, es la migración temporal. Esto permitiría a los gobiernos cubrir las necesidades laborales urgentes y evitar los potenciales problemas de los asentamientos permanentes. No obstante, tales propuestas ignoran que muchos estudios sobre la migración han demostrado que esta no es la solución para la mayoría de los tipos de migración. Las migraciones temporales solo pueden funcionar en forma de empleos estacionales en casos muy concretos, como en la agricultura. Además, los empresarios en su gran mayoría no quieren la movilidad laboral y prefieren que los trabajadores experimentados y de confianza se queden. Por otra parte, los Gobiernos tienen dificultades para forzar el regreso, ya que, si se cierran fronteras, los emigrantes temporales tienden a quedarse y no regresar.
Otra manera más radical de salir del trilema, propuesta por algunos liberales y economistas favorables a la inmigración, es la de fronteras abiertas. Existen evidencias de que una movilidad más libre puede ser beneficiosa y no conduce inexorablemente a que se convierta en masiva. Ha habido migraciones libres en épocas pasadas, entre México y Estados Unidos, entre Turquía y Alemania, entre Marruecos y España, que se han convertido en circulares, los trabajadores van y vienen, y es menos probable que fuerce a los migrantes a instalarse de una manera permanente. Confiar en que ocurra algo parecido en un futuro no parece realista. Además, resulta difícil tener unas fronteras verdaderamente abiertas sin algún tipo de ciudadanía conjunta, que otorga a los residentes de un país los mismos derechos. En consecuencia, eslóganes como “abramos las fronteras” resultan tan poco prácticos como “cerremos las fronteras”, en cuanto guías concretas para políticas migratorias. La inmigración siempre va a necesitar algún tipo de regulación.
Si los Gobiernos fueran responsables en su pretensión de controlar o reducir los niveles de inmigración, esto debería reflejarse en implantar unas reformas económicas drásticas y volver a regular los mercados de trabajo, lo que a su vez exige un cambio fundamental en las políticas económicas y, quizá, también, una reducción del crecimiento económico. Dicho de otra manera, perseguir esta clase de reforma exige un planteamiento radical de algunos de los principios fundamentales que han guiado las políticas económicas y de mercado en el último medio siglo. ¿Aspiramos a vivir en unas sociedades en las que las parejas reciben dos ingresos, pero están tan ocupadas que deben delegar cada vez más las tareas del hogar en trabajadores migrantes? ¿Queremos crear una sociedad en la que a las élites les sirve una nueva clase marginal conformada en su mayor parte por migrantes? ¿Deseamos externalizar cada vez más el cuidado de niños y ancianos, y dejarlos al cuidado de los trabajadores migrantes, o creemos que los Gobiernos deberían responsabilizarse de crear y subvencionar centros de atención? Ni que decir tiene que eso requiere pagar impuestos progresivos, pero como estamos constatando se está imponiendo cada vez la política fiscal de “donde mejor están los impuestos es el bolsillo de los ciudadanos”, porque los impuestos son un robo. El político que dice “los impuestos son un robo”, ¿se atrevería a decirlo a los padres cuyos hijos están siendo tratados en una planta de oncología de un hospital público? Vaya allí, dígaselo, si tiene agallas.