En algún artículo anterior he citado las palabras de la catedrática de Filosofía Moral Victoria Camps. Hoy vuelvo hacerlo: “Cuando hay corrupción existe la complicidad del grupo político y también la de toda la sociedad. Y acierta. También son responsables de ella, los empresarios que corrompen, los medios que según su línea editorial la ocultan o la magnifican, determinados funcionarios públicos que no la denuncian por temor a ser represaliados y, por supuesto, gran parte de la sociedad que la tolera.
Es una obviedad el mensaje del título del artículo. No creo sea necesario explicar el hecho de que suele haber complicidad ante la corrupción del grupo político, tratando de ocultarla mientras pueda hacerlo. También es cierto que la respuesta, cuando ya aflora, no es la misma en cuanto a su contundencia por parte de los diferentes partidos políticos. Además, la reacción ante la corrupción por parte de a la sociedad se tolera o condena según sea la preferencia política. En alguna ocasión me he hecho la siguiente pregunta: ¿Cómo es posible tanta corrupción en nuestra clase política siendo nuestra sociedad profundamente incorruptible? Cada cual puede responderla, como crea oportuno. Pienso sería muy importante en las escuelas, colegios e institutos diseñar algunas unidades didácticas para concienciar a los alumnos sobre el grave daño económico y ético de la corrupción en una sociedad. Como ya se está haciendo una educación fiscal para crear una conciencia fiscal.
Quiero fijarme ahora en el papel de los funcionarios que no la denuncian por temor a ser represaliados. Es sabido que los principales campos de la corrupción han sido y son: contrataciones de obra pública, el urbanismo, y las privatizaciones de empresas y servicios públicos. Para Víctor Lapuente, la politización de las Administraciones Públicas extiende en los funcionarios el conocimiento de las reglas de juego: «Si una joven promesa, que acaba de entrar en una administración, tiene ambiciones profesionales, se apercibirá que dedicar el 100% de su esfuerzo a hacer un trabajo impecablemente profesional quizás no sea la mejor manera de llegar a lo más alto». Y si se atreve a denunciar la corrupción además corre el riesgo de ser represaliado en la Administración. La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción tiene como objetivo evitar esas represalias. Mas, parece que no ha sido suficiente esa Ley por las declaraciones de algunos funcionarios del Ministerio que dirigía Ábalos, que transigieron o no denunciaron determinados nombramientos como también concesiones de obra pública fuera de la legalidad.
Hechas estas reflexiones sobre la corrupción voy a sumergirme en quiénes corrompen. Si hay corruptos, tiene que haber corruptores. Hoy quiero fijarme en el ámbito empresarial, en el de la actividad constructora. Mientras los medios, la justicia, la política entran en tromba contra la corrupción de los políticos, pasan prácticamente desapercibidas las actividades corruptoras de los empresarios de las grandes constructoras. Atacar, denunciar y juzgar a un Ábalos, Koldo o Cerdán resulta muy fácil. Hacerlo con los ejecutivos de las constructoras ya es más complicado. Hace falta tener coraje. Como prueba de esta injusta circunstancia pueden servir las siguientes líneas.
Una noticia de gran importancia, al afectar de pleno a los intereses de todos los españoles, pasó prácticamente desapercibida en los grandes medios de comunicación -era más noticia la financiación a un partido por parte de Venezuela e Irán o la tarjeta de Dina Bousselham. Yo pude conocerla en La Vanguardia de 8 de julio de 2022, pero en la página 45. Obviamente la redacción no tenía mucho interés en destacarla, pero por lo menos la denunció, que ya es bastante.
El titular decía así: La CNMC –La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia– sanciona a 6 grandes grupos constructores por formar un cártel. El supervisor de competencia aparta a las empresas de los nuevos concursos públicos.
Interesado por el asunto entré en la página web de la CNMC, donde aparece una nota de prensa:
Madrid, 7 de julio de 2022- La CNMC multa con 203,6 millones a 6 de las principales constructoras de nuestro país por alterar durante más de 25 años el proceso competitivo en las licitaciones de construcción de infraestructuras. Las empresas sancionadas son Acciona Construcción, S.A. (29,4 millones), Dragados, S.A. (57,1 millones), FCC Construcción (40,4 millones), Ferrovial Construcción (38,5 millones), Obrascón Huarte Lain, S.A. (21,5 millones) y Sacyr Construcción, S.A. (16,7 millones). Desde 1992, las compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. También intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos. Entre las miles de licitaciones afectadas existen infraestructuras de interés general como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc. Entre las AAPP afectadas figuran fundamentalmente las pertenecientes al ámbito de fomento, incluyendo al Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) junto con sus organismos y entidades públicas empresariales dependientes.
Las conductas constituyen una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Las sociedades democráticas se estructuran sobre la confianza de los ciudadanos en las instituciones que crearon para su vida común. Confianza en que van a funcionar de acuerdo con unas reglas conocidas que se aplican en el interés general. Por eso resultó tan desmoralizadora la comparecencia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, en la Comisión de Asuntos Económicos en el Congreso del Congreso de los Diputados del pasado 23 de marzo de 2022.
La persona que preside el organismo que trata de evitar que las grandes empresas se salten esas reglas en beneficio propio y perjuicio del ciudadano vino a decir que la Audiencia Nacional (AN) boicotea las sanciones que el organismo impone a las empresas al suspender de forma cautelar “todas y cada una de las multas” e impedir, además, de esta forma que se cumpla el mandato de evitar a esas compañías sancionadas firmar contratos con la Administración Pública. La AN ordena sistemáticamente la suspensión cautelar de las sanciones porque, en su análisis donde evalúa el interés general y el perjuicio que puede provocar a la empresa dicha sanción, siempre “prima el segundo”.
En el tema que nos ocupa obviamente la AN suspendió la multa de 203 millones de euros impuesta a las seis principales empresas constructoras de España por ponerse de acuerdo, durante 25 años, para cobrar de más en la obra pública. No hace falta ser experto para intuir que pactos que duran 25 años deben ser muy beneficiosos. Lástima que esos beneficios sean, en opinión de la CNMC, robos de guante blanco. Tanta prisa que se da el Congreso en modificar el Código Penal en determinados casos y qué poca en revisarlo para impedir que los tribunales suspendan y anulen el castigo, leve castigo, a los individuos responsables de estos blanquísimos y patrióticos acuerdos.
Lo cierto es que los recursos judiciales de las empresas, no solo de las constructoras, consiguen anular muchas sanciones u obligan al regulador a recalcular otras a la baja. En 2022 el Supremo anuló dos multas a Repsol y Cepsa por escasa competencia en el precio de los combustibles en las estaciones de servicio. Baste un dato para darse cuenta del fenómeno: Competencia impuso entre 2000 y 2012 más de 1.153 millones de euros en multas a las empresas que incumplieron la legislación, de los que solo pudo recaudar 290,4 millones de euros, es decir, solo uno de cada cuatro euros.
Supone un esfuerzo sobrehumano creer en nuestra democracia. ¿Tenemos democracia o plutocracia? La democracia nace justamente para que los votos y el número cuenten más que el dinero. Mas, el dinero es muy poderoso y todo lo corrompe, no en vano, el Papa Francisco, lo califica muy acertadamente como el “excremento del diablo”. Ah, se me olvidaba estas constructoras financiaban a algunos partidos políticos. ¿Este hecho está relacionado con la suspensión de sus multas por parte de la AN?