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Un “presunto delito de abuso de autoridad y subsidiariamente extralimitación en el ejercicio del mando”. Estos son los motivos por los que el pasado 13 de junio el abogado, Manuel Ángel Molina, decidió a presentar una denuncia en el Juzgado Togado Militar Territorial nº 52 de Las Palmas de Gran Canaria, ante el General Jefe de la Guardia Civil de Zona de Canarias y el Subdelegado del Gobierno tras recibir, según explicó, “en el buzón de mi casa un sobre que contenía diversa documentación en relación con el capitán de la Guardia Civil, Francisco M. Alba, destinado en Fuerteventura”.
Entre la documentación recibida por el letrado se encuentra la denuncia de la pareja de un guardia civil por un supuesto delito de “acoso y abuso de autoridad que sufre su familia por parte del denunciado”, así como, otra denuncia de un agente por un presunto delito de maltrato y persecución por parte del Capitán y una tercera realizada por un grupo de mujeres de guardias civiles destinados a la Isla alegando una presunta “persecución que el denunciado, el capitán, Francisco Manuel Alba, ejerce contra sus maridos”.
Otro de los documentos aportados por Molina es la denuncia pública que hace varias semanas hicieron miembros de la Asociación Independiente de la Guardia Civil, ASIG, que aseguraron que Fuerteventura era una de las zonas dónde más correctivos se aplicaban, una media de 3 por agente en los 3 últimos años.
Asimismo, en la denuncia del letrado se recogen varios hechos puntuales que reflejan un presunto “maltrato” a los agentes de la guardia civil con expresiones, tales como: “viste como un niñato”, “el cabo es un desastre y no sabe mandar”, “no salga de la oficina porque no eres un ejemplo para el ciudadano" y “hay que echar de la isla a los que saben mucho de motores”, haciendo referencia presuntamente a los agentes que filtraron la desaparición de más de 200 motores de patera.
Por todo ello, el abogado, Manuel Ángel Molina, propone hasta una decena de testigos que podrían acreditar lo expuesto en la denuncia y solicita que en el caso de que “los hechos expuestos no fueran considerados delictivos se ponga en conocimiento del superior jerárquico del denunciado por si los hechos pueden ser constitutivos de las correspondientes sanciones disciplinarias por el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil”.
