La Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote (ADISLAN) ha emitido este lunes un durísimo comunicado para contestar a la formación Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) y a su diputada Natalia Santana y para acusar a ambos de irresponsables al difundir una información que consideran totalmente falsa sobre la situación en la que se encuentra el centro que gestionan. De hecho, aseguran que la entidad cumple estrictamente la normativa vigente y les resulta especialmente grave que se les imputen conductas que afectan a la dignidad de los profesionales que ahora han vuelto a trabajar con dedicación y entrega después de los episodios vividos en el anterior mandato en el Cabildo de Lanzarote.
Comunicado de ADISLAN
"En relación con las manifestaciones públicas realizadas por la diputada doña Natalia Santana del grupo político Nueva Canarias en sede parlamentaria y en medios de comunicación, relativas a la entidad ADISLAN, esta organización considera necesario emitir la presente respuesta formal a fin de salvaguardar su honor, reputación e imagen pública.
1º. Se niegan de forma expresa, rotunda y categórica todos y cada uno de los hechos descritos, al carecer de veracidad y rigor alguno. Las afirmaciones relativas a supuestas condiciones de insalubridad, presencia de plagas, deficiencias alimentarias o riesgos para la salud de las personas usuarias son absolutamente falsas. Asimismo, se hace constar que las imágenes difundidas públicamente no se corresponden con ninguna situación real vivida en los centros gestionados por ADISLAN, constituyendo un elemento adicional de desinformación que contribuye a generar una percepción distorsionada y perjudicial de la realidad del servicio.
2º. La entidad cumple estrictamente con la normativa vigente en materia de higiene, seguridad, atención sociosanitaria y calidad del servicio, encontrándose sujeta a los mecanismos de control, inspección y supervisión por parte de las administraciones públicas competentes, Gobierno de Canarias y Cabildo Insular de Lanzarote.
3º. Resulta especialmente grave la imputación de conductas que, además de ser falsas, afectan directamente a la dignidad de los profesionales que trabajan en ADISLAN. Las manifestaciones realizadas suponen un cuestionamiento injustificado del trabajo, la ética y el compromiso de los profesionales que, con elevada cualificación y vocación, atienden diariamente a personas con discapacidad. Este tipo de declaraciones no solo lesionan la imagen de la entidad, sino que generan un daño reputacional directo sobre sus trabajadores y trabajadoras, poniendo en entredicho su profesionalidad sin fundamento alguno.
4º. Debe subrayarse igualmente el grave perjuicio que estas manifestaciones ocasionan a la tranquilidad, confianza y seguridad de las familias de las personas usuarias, quienes depositan en esta entidad el cuidado y atención de sus seres queridos. La difusión de informaciones falsas o no contrastadas genera alarma innecesaria, angustia y desconfianza, afectando de manera directa a la tranquilidad y relación de confianza esencial para la correcta prestación del servicio.
5º. En relación con las afirmaciones sobre supuestos despidos vinculados a la acción sindical u otras causas improcedentes, se rechazan de manera categórica. Los procesos de desvinculación laboral que se han producido en la entidad están relacionados con comportamientos y actitudes contrarios a los valores de la organización y, especialmente, con conductas que vulneran o pueden comprometer los derechos, la dignidad y el bienestar de las personas usuarias. En ningún caso responden a represalias ni a vulneración de derechos fundamentales.
6º. Asimismo, se considera especialmente inadecuado el tono empleado en la exposición pública de dichas manifestaciones, que ha resultado claramente desmedido, impropio del necesario rigor institucional. Este tipo de intervenciones contribuyen a amplificar el daño reputacional causado y a generar una alarma social injustificada.
7º. La difusión de informaciones no contrastadas, especialmente desde una posición institucional, tiene una responsabilidad adicional al generar alarma social, desinformación y un perjuicio evidente a una entidad financiada con fondos públicos que presta un servicio esencial.
Por todo lo expuesto, ADISLAN manifiesta:
• Su más firme rechazo a las acusaciones realizadas sobre la entidad.
• Su exigencia de rectificación pública.
• Su reserva expresa del ejercicio de cuantas acciones, pudieran corresponder para la defensa de su honor, prestigio y defensa de sus profesionales.
Finalmente, esta entidad reafirma su firme compromiso con la transparencia y su total disposición a la colaboración".
