El número de detenidos en la operación policial contra la corrupción desarrollada en Estepona (Málaga) asciende a 23, entre los que figuran el alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), varios concejales de la corporación y funcionarios municipales, han informado fuentes policiales.
En la operación se investiga un supuesto caso de corrupción vinculado con financiación irregular en el consistorio de Estepona.
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía han registrado desde primera hora de la mañana la sede principal del Ayuntamiento, así como las dependencias municipales de Urbanismo y Hacienda y el domicilio particular del alcalde, en la urbanización Bahía Azul.
Tras este último registro, Antonio Barrientos, salió detenido de su casa a las 14 horas acompañado de agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
Sobre las 15.20 h, el regidor ha sido trasladado de nuevo al Ayuntamiento para hacer un nuevo registro. Barrientos entró esposado por la puerta principal, según indicaron testigos presenciales. El regidor esteponero ya acudió este martes al Consistorio escoltado por agentes de la Policía, desde donde fue llevado a su vivienda en Bahía Azul.
Los delitos que se imputan a los detenidos son, en principio, los de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales.
Las fuentes consultadas han asegurado que, como en el caso 'Malaya' de Marbella, la investigación se centra en la recalificación de terrenos del municipio, que se otorgaban a diversas sociedades a un precio muy inferior al de mercado.
Múltiples intervenciones telefónicas
En la causa obran múltiples intervenciones telefónicas que indican que los concejales que firmaban esas adjudicaciones obtenían un beneficio económico.
La investigación fue iniciada por un Juzgado de Estepona en 2006 con el apoyo de la Fiscalía de Málaga, pero la trascendencia del caso y el alto número de personas implicadas les llevó a solicitar al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que la causa fuera asignada a la Fiscalía Anticorrupción.
Tras estudiar el informe en el que se detallaba el estado de las investigaciones, Conde-Pumpido decidió hace aproximadamente un mes otorgar la competencia a la Fiscalía Anticorrupción malagueña.
