miércoles 26/1/22

La Princesa Letizia, emocionada, consuela a los familiares de los soldados fallecidos, a los que da el pésame.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha abierto una investigación por el atentado perpetrado en el Líbano que causó la muerte a seis militares españoles, y ha prohibido que se incineren sus cadáveres por si fuera necesario más adelante practicarles una segunda autopsia para esclarecer algún aspecto de la investigación. Según informaron fuentes jurídicas, el magistrado, que ha actuado de oficio, ha pedido informes sobre lo sucedido a los Ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores.

AGENCIAS

El juez Fernando Grande-Marlaska.

La decisión del juez, según las mismas fuentes, no afecta al traslado a Colombia del cadáver del soldado Jefferson Vargas, previsto para hoy mismo, que podrá ser enterrado en su país de origen, pero no incinerado. Los otros cinco militares españoles muertos en el Líbano son Johnattan Galera, Juan Carlos Villora Díaz, Manuel David Portas Ruiz, Jeyson Castaño y Yhon Edisson.

Grande-Marlaska ha aplicado el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece la competencia de los tribunales españoles "para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la Ley penal española", como delito de terrorismo, entre otros.

Según las primeras investigaciones, fue la explosión de una furgoneta de la marca Renault, cargada con 70 kilos de explosivo, provista de placas de matrícula falsas y con el número de bastidor manipulado, la que acabó con la vida de los seis cascos azules españoles cuando viajaban en un blindado BMR sin inhibidores de frecuencia.

El 4 de diciembre de 2003, después del atentado que el 29 de noviembre de ese año había costado la vida a siete agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Irak, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu también decidió abrir una investigación sobre lo sucedido.

Las diligencias fueron archivadas el 13 de febrero de 2004 en vista de que los hechos estaban siendo investigados "por las autoridades de las fuerzas de la Coalición desplegadas en la zona" y de que se desconocía la identidad de las personas responsables del "ataque armado" a los funcionarios españoles.

También en el accidente del 'Yakovlev 42', donde murieron 62 militares españoles al estrellarse el avión en el que viajaban, la Audiencia Nacional abrió una investigación contra los altos cargos militares que se desplazaron a Turquía a repatriar los cadáveres. El propio Grande-Marlaska ordenó el pasado 1 de junio mantener abierta la pieza en la que se investiga posibles responsabilidades en la errónea identificación de los cuerpos.

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