La Junta de Andalucía ha confirmado este martes que pagará la defensa jurídica a los altos cargos o funcionarios en activo imputados por la juez Alaya en el caso de los ERE fraudulentos que lo soliciten, pese a ejercer la Administración autónomica la acusación en la causa, según ha confirmado este martes el diario El Mundo. De este modo, el Gobierno regido por Partido Socialista (PSOE) e Izquierda Unida (IU) imitan la fórmula propuesta y aprobada inicialmente por sus compañeros en el Ayuntamiento de Arrecife, donde también acordaron inicialmente secundar una iniciativa en este sentido de la concejal tránsfuga del Partido Popular (PP) Nayra Callero.
Según cuenta el rotativo en su edición digital, la noticia la ha confirmado a preguntas de los periodistas el portavoz del bipartito, Miguel Ángel Vázquez, durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Vázquez ha argumentado que la Junta tiene obligación de hacerlo en caso de recibir la petición del alto cargo o funcionario imputado en cumplimiento del Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, en vigor desde finales del año 2000.
Una iniciativa similar causó un notable revuelo este año en la isla de Lanzarote, después de que inicialmente se acordara dar el visto bueno a la iniciativa de Callero por parte del PSOE y de Coalición Canaria (CC) en Arrecife. Posteriormente, a tenor de la presión popular que se ejerció y tras la denuncia de los grupos de la oposición, los dos socios de gobierno dieron marcha atrás y acordaron secundar una iniciativa de Alternativa Ciudadana (AC-25M) para dejar sin efecto lo acordado. En el punto de mira de la historia estuvo siempre el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, el socialista José Montelongo, en estos momentos imputado en el caso Montecarlo.
