AGENCIAS
El Gobierno ha dado 'luz verde' este viernes al anteproyecto de la nueva ley de Extranjería, cuyo texto entrará en trámite parlamentario en el primer trimestre de 2009. En la rueda de prensa posterior al consejo de Ministros, el titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho ha asegurado que esta modificación va encaminada a "perfeccionar el sistema de inmigración legal y ordenada". Las principales modificaciones que incluye el texto legal son las siguientes:
El plazo de retención máximo al que se podrá someter a los inmigrantes se eleva de 40 a 60 días. El Ejecutivo decididó en el último momento suprimir la posibilidad de que, previa autorización de un juez, se pudiera extender este periodo, en circunstancias excepcionales 10 días más.
En lo que se refiere a la reagrupación familiar, el Gobierno distingue entre núcleo familiar básico, integrado por cónyuge e hijos, y los ascendientes. Para poder traer a España a estos últimos, el inmigrante deberá contar con un permiso de residencia de larga duración, es decir, como mínimo de cinco años y las personas a las que desee reagrupar deberán ser mayores de 65 años y demostrar que dependen del inmigrante solicitante. En relación con los hijos reagrupados, el nuevo texto establece que contarán automáticamente con permiso de trabajo desde la edad de 16 años.
La ley recoge también el derecho a la educación secundaria, y no sólo primaria como hasta ahora, a los hijos de los inmigrantes ilegales
Asimismo, se incluyen en el proyecto de la nueva ley los derechos de asociación, manifestación y reunión. De esta forma se responde a la obligatoriedad de garantizar los derechos fundamentales a todas las personas por el hecho de serlo, hayan entrado legal o ilegalmente en España, como establece la jurisprudencia del tribunal Constitucional.
Para propiciar la integración, el texto establece también que las Administraciones Públicas tendrán que arbitrar medidas específicas para favorecer el aprendizaje del castellano y demás lenguas cooficiales.
Por último se recoge un nuevo régimen sancionador para penar más duramente a quienes favorecen la inmigración ilegal, elevando la cuantía de las multas tanto para las faltas consideradas graves como para las muy graves.
