sábado. 20.04.2024

Pablo Iglesias ha anunciado este miércoles que los padres de los niños que deban permenecer en cuarentena pero que no hayan dado positivo en una prueba de coronavirus también tendrán derecho a una "incapacidad temporal que tenga reconocido al menos el 75% de las cotizaciones sociales". El vicepresidente segundo del Gobierno contradice así a la ministra de Hacienda María Jesús Montero, que ayer limitó este derecho a los padres de niños con una PCR positiva, informa cope.es

pablo rata

En una entrevista en "Al Rojo Vivo" de LaSexta, Iglesias ha explicado que "entre el Ministerio de Inclusión y el Ministerio de Trabajo van a extender esa incapacidad temporal también para esos supuestos". Es más, también podrán acogerse a este derecho los padres de los niños que presenten fiebre o síntomas compatibles con el coronavirus y que no han sido aún diagnosticados. "Es una cuestión de salud pública, no les podemos decir a los padres que no sean responsables. Si el niño tiene fiebre y no tiene a nadie con quien dejarlo, vamos a legislar la figura de la incapacitación temporal", ha dicho.

"No podemos decir a los padres que no sean responsables y claro que vamos a legislar la figura de la incapacidad temporal si el niño tiene fiebre y no puede dejarlo con nadie", ha indicado Iglesias, quien confía en que la medida esté en marcha "de manera inminente".

PRESUPUESTOS

Iglesias ha afirmado también que puede garantizar que el "acuerdo de presupuestos implicará una revisión de la fiscalidad en un sentido progresista y redistributivo". El vicepresidente ha reconocido que eso se tendrá que negociar y ha dicho ser consciente de que "el momento es particularmente difícil para algunas empresas" pero cree que eso tiene que ser "compatible con una revisión de la fiscalidad". "No tanto en clave ideológica sino para que el Estado tenga los recursos necesarios para afrontar desafíos que son de país", ha argumentado.

Además, ha insistido en que él preferiría que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se aprueben gracias a la mayoría parlamentaria que permitió sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez porque es la única fórmula que "garantiza estabilidad".

Iglesias ha asegurado que él no excluye el diálogo con otros partidos, pero ha pedido "no perder el sentido de la realidad", porque cree que será "muy difícil" que partidos que gobiernan con "la ultraderecha" en algunas administraciones apoyen las cuentas de un Gobierno progresista.

Es más, cree que el Ejecutivo tiene la "obligación" de buscar el apoyo de la mayoría de la investidura y no solo por una "preferencia ideológica" sino por la estabilidad del Gobierno: "debemos cuidar a nuestros aliados más obvios".

Así, aunque ha reconocido que "hay muchos actores y no se puede despreciar a ninguno", él defiende que se negocie primero con los partidos que dieron su apoyo y en segundo lugar con los que se abstuvieron como fue el caso de ERC. "No es lo mismo negociar una abstención que un apoyo", ha añadido.

SÁNCHEZ E IGLESIAS LOS PRESENTARÁN EN ACTO PÚBLICO

En este sentido, Iglesias ha explicado que en estos momentos la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, negocian un borrador inspirado en el programa del Gobierno de coalición, y que esperan tener listo "a finales de septiembre", y ha añadido que posteriormente, ese documento será presentado por los líderes de las dos formaciones que componen el Ejecutivo en un acto público.

Tras esto llegará la ronda de negociaciones con los grupos parlamentarios, sobre la que el líder 'morado' ha indicado que se hará de acuerdo a un orden de "cordura y cortesía" parlamentaria, de manera que primero se hablará con los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, luego con los que se abstuvieron, y se acabará con "el bloque de la derecha" que votó en contra. "Es de cajón de madera de pino", ha añadido.

Al hilo, Iglesias se ha mostrado convencido de que en esa negociación se debe "cuidar" la mayoría que propició la investidura y ha adelantado que para que refrenden las cuentas que propongan "habrá que remangarse".

Sobre las claves de estos PGE, Iglesias ha avanzado que deben ser unas cuentas que faciliten la reconstrucción, y que los ingentes recursos que lleguen de fondos europeos han de servir para que el país afronte una transición industrial con criterios ecológicos, que mejoren los derechos sociales, que desarrolle el sistema de cuidados y que la economía pueda contar con recursos suficientes.

LA COHERENCIA DE CIUDADANOS

Partiendo de esto, ha defendido que no se puede despreciar a ningún actor durante la negociación pero "sin perder el sentido de realidad". Y al respecto, ha apuntado que su experiencia política le dice que será difícil llegar a un acuerdo con Ciudadanos. "Otra cosa es llegar a un acuerdo puntual", ha añadido, para luego aseverar que el partido naranja gobierna en determinados territorios "gracias a la ultraderecha".

Sobre las declaraciones de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que señaló esta semana que negociará para que los PGE se alejen de la influencia de Podemos, el líder 'morado' ha explicado que es normal que busque eso y que "lo raro sería otra cosa". Y ha ahondado: "Si alguien dice que una fuerza política que gobierna en España no le gusta, pone muy difícil o imposible pactar los PGE con ese Gobierno en el que esta Unidas Podemos y yo de vicepresidente".

REFORMA LABORAL Y MODIFICACIONES EN EL IVA

Por otro lado, el vicepresidente segundo del Gobierno ha señalado que dado que entiende que el IVA es uno de los impuestos más injustos porque todo el mundo paga lo mismo independientemente de la renta que tenga, ha abogado por abordar una reforma de manera que se tienda a que productos de primera necesidad, como los de higiene femenina, reduzcan el porcentaje de IVA mientras que otros, "como comprarse un yate", se incrementen.

En cuanto a la reforma laboral pactada entre PSOE y Unidas Podemos, ha recordado Iglesias que lo que quedó firmado en el acuerdo de Gobierno "se tiene que cumplir", y ha añadido que le consta que la ministra de Trabajo está en ello, porque lo que firmaron las dos formaciones políticas "es ley".

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