España reaccionó el lunes con virulencia en contra del Gobierno argentino y anunció que tomará represalias sin concretar tras el anuncio de una nacionalización de YPF que quitará a la española Repsol la participación de control en su filial argentina, según avanza la agencia Reuters.
"El Gobierno condena con absoluta energía la arbitraria decisión de Argentina de expropiar las acciones de Repsol en YPF", dijo el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, tras una reunión de urgencia con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Industria, José Manuel Soria.
En una rueda de prensa conjunta, tanto el ministro de Exteriores como el de Industria anunciaron que han solicitado el apoyo expreso a sus socios europeos y que están ultimando medidas "contundentes" que se anunciarán en los próximos días.
"Habrá consecuencias", dijo García Margallo que acusó a Buenos Aires de faltar a su palabra y de romper el clima de coordinación y amistad que ha presidido durante décadas las relaciones entre ambos países.
Los dos ministros explicaron que los responsables argentinos de planificación y economía habían acordado con el titular español de Industria el pasado 28 de febrero que "cualquier tipo de diferencia con respecto a YPF sería resuelta amistosamente por los grupos de trabajo constituidos por ambos países".
El titular de exteriores dijo que el Gobierno ha pedido a las instituciones europeas que discutan por vía de urgencia la medida de Argentina en Estrasburgo.
Aunque a la vista de lo ocurrido, el ministro de Exteriores señaló que "nada es descartable", el Gobierno español se mostró confiado en que la nacionalización de YPF no dispare una andanada de medidas en contra de otras empresas españolas con intereses en un país que, según García Margallo ha quebrado con esta medida "el clima de confianza necesario para atraer inversiones".
"Hay otras empresas españolas efectivamente en el sector financiero, en el sector de las telecomunicaciones, en el sector también energético que tienen intereses e inversiones", reconoció Soria. "Nosotros esperamos que este clarísimo gesto de hostilidad no sea el principio de una escalada que solo contribuiría a agravar más una situación".
En su primera declaración oficial, Repsol calificó de "ilícita" una decisión que va a combatir legalmente y que incluyó la expulsión de sus trabajadores en YPF.
La petrolera española que cifró en 4.122 millones de euros el valor participación de su participación del 57,43 por ciento en YPF a finales de 2011, dijo que la nacionalización implicará una reducción de la deuda neta del grupo de 1.600 millones de euros.
En las cuentas de 2011, YPF representó un 25,6 por ciento del resultado operativo del grupo Repsol y un 21 por ciento del resultado después de impuestos.
