jueves. 28.03.2024

María Teresa Fernández de la Vega.

AGENCIAS

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que Israel entiende que la Justicia en España actúa con "total independencia" a la hora de tomar decisiones tras conocerse que la Audiencia Nacional investigará a un grupo de militares israelíes por un ataque en la Franja de Gaza en 2002.

En la rueda posterior al Consejo de Ministros, De la Vega ha subrayado que la posición del Gobierno es respetar la acción de los tribunales y no inmiscuirse en el desarrollo del caso abierto por el juez Fernando Andreu contra el ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer y otros seis militares de Israel.

"España es un estado de derecho y la Justicia actúa con total independencia. Eso lo saben todos los países europeos y los países democráticos. En estos momentos, ésa es la posición. Así se lo hemos trasladado al Gobierno de Israel y estamos seguros de que así lo entiende", ha manifestado la vicepresidenta.

En sus declaraciones ha recordado que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, expuso ya esta posición a su colega israelí, Tzipi Livni, lo que De la Vega ha considerado un acto que "forma parte de la normalidad democrática". Según la vicepresidenta, no ha habido más contactos con el Ejecutivo israelí.

"Lo que le incumbe al Gobierno son las relaciones políticas. En un estado de derecho, todo el mundo sabe que el poder judicial es independiente", ha insistido.

De la Vega ha manifestado que el máximo interés del Ejecutivo es que haya una paz duradera en la Franja de Gaza y que se reanude la vía del diálogo para resolver el conflicto en Oriente Próximo.

Israel cree que juzgarle es perder la 'brújula'

La Audiencia Nacional ha recibido ya la documentación sobre el ataque de 2002 y que el embajador israelí, Raphael Schutz, confía en que sirva para cerrar el caso porque seguir adelante con este "abuso" de la legalidad es perder "un poco la brújula".

Se trata de unos 300 folios en inglés y hebreo remitidos por el Gobierno israelí sobre las decisiones adoptadas por la Corte Suprema de Justicia en relación con la muerte de Salah Shehade, el jefe del brazo armado de Hamas cuando ocurrieron los hechos.

El embajador israelí en España considera que la querella obedece a "motivos políticos" que persiguen "deslegitimar, no sólo el derecho de Israel a defenderse, sino peor aún, de deslegitimar la misma existencia de Israel".

Raphael Schutz ha sido tajante al argumentar que un mundo donde se abre un proceso judicial contra el derecho de defensa propia y no contra los mismos terroristas, "es un mundo que perdió un poco la brújula".

Tras invitar a las autoridades españolas a "reflexionar sobre cómo se podría evitar el abuso político del sistema" e impedir, de ese modo, que la relación entre España y su país se vea perjudicada.

Los medios israelíes dicen que España cambiará la ley

Varios medios de comunicación israelíes informan de que Moratinos ha prometido a Livni que el Gobierno español trabajará para intentar cambiar la ley con el fin de limitar la jurisdicción de los tribunales españoles para investigar delitos de genocidio cometidos fuera de España.

Según los diarios 'Haaretz', 'Jerusalem Post', 'Yediot Ahronot' y la radio militar israelí, Moratinos telefoneó a Livni para anunciarle que el Ejecutivo tiene previsto modificar la ley. Los medios de comunicación reproducen declaraciones de Livni en las que saluda que el Gobierno español "haya decidido parar este fenómeno" y avanza que Israel seguirá trabajando con otros gobiernos para intentar frenar "investigaciones similares infundadas".

De la Vega cree que Israel entiende la independencia de la Justicia española
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