AGENCIAS
PP y PSOE han coincidido este martes en la necesidad de crear un "registro nacional" de pederastas que mejore el control de este tipo de delincuentes para evitar que se repitan casos como el de Mari Luz Cortés, presuntamente secuestrada y asesinada por un hombre que previamente estaba condenado por abusar de sus hijas.
Así, el Congreso ha dado luz verde, a raíz de una proposición no de ley de los 'populares', a la creación de este registro, al que solo tendrán acceso las autoridades judiciales y las Fuerzas de Seguridad, con el fin de proteger los derechos constitucionales al honor, la intimidad personal y la propia imagen de los delincuentes.
La Cámara Baja también se ha mostrado a favor de las enmiendas presentadas por CIU a una proposición no de ley del PP que insta al Gobierno a endurecer las penas para delitos de abusos sexuales a menores.
Al debate de la iniciativa ha asistido el padre de Mari Luz Cortés, Juan José, al que los diputados que han intervenido le han mostrado su respeto y solidaridad.
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría , explicó que, más allá de incrementar las penas, el PP había tomado la decisión de solicitar la creación de un registro de pederastas después de que Mariano Rajoy se reuniera la semana pasada con los padres de Mari Luz Cortés.
Por su parte, el portavoz en la Cámara Baja del PSOE, José Antonio Alonso, explicó que el PSOE es partidario de que ese registro de pederastas específico forme parte del registro general de delincuentes para que se anote la conducta del sujeto "una vez que reciba la primera condena, sin esperar a que sea firme".
Alonso justificó esta medida en la "conducta especialmente peligrosa" de los pederastas y recalcó que el Ministerio de Justicia está trabajando también "en una revisión de las penas" para endurecer el tratamiento de esta clase de delitos.
Además, recalcó que, más allá de una "elevación proporcional" de las penas, lo importante es que se consiga un "cumplimiento efectivo de las mismas" y un control exhaustivo de la Administración para evitar posibles riesgos de reincidencia postcondena.
