El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó este jueves establecer una serie de recomendaciones al anteproyecto de la nueva Ley de Extranjería que tramita el Gobierno de España. Entre ellas destaca la necesidad de reforzar las garantías de los menores no acompañados en los procesos abiertos para el retorno a sus países de origen, además de la exigencia de motivación y de audiencia al interesado en los procedimientos de expulsión de los inmigrantes.
Igualmente, el CGPJ sugiere una "mayor reflexión" en la redacción de esta ley en lo relativo al cómputo del plazo de internamiento de un extranjero. Así, el máximo órgano de los jueces cree que se debe "garantizar la necesaria proporción entre esa medida administrativa y el respeto a la protección de los derechos fundamentales".
Además, el CGPJ recomienda la "aplicación tasada y restrictiva" de la suspensión del periodo de internamiento, de forma que el Pleno del órgano judicial apuesta por que se eliminen como causas de suspensión la tramitación de los procedimientos de asilo, la solicitud de habeas corpus o la enfermedad, "salvo que se acredite su empleo fraudulento".
Por otra parte, el informe aconseja también excluir de las infracciones graves contempladas en el anteproyecto de ley los actos de hospitalidad realizados con carácter solidario y sin ánimo de lucro en apoyo de los inmigrantes.
Finalmente, el dictamen del CGPJ constata que la nueva regulación "salvaguarda la distribución de competencias que en este sentido corresponden a las comunidades autónomas en el ejercicio de sus responsabilidades en esta materia". Sin embargo, este acuerdo ha contado con los votos discrepantes, a título particular, de los vocales Concepción Espejel Jorquera y Claro José Fernández Carnicero. Estos consideran que la competencia en materia de extranjería corresponde en principio en exclusiva al Estado.
