La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el polémico médico Juan Manuel Sosa contra la sentencia dictada por la Plaza Número Uno del Tribunal de Las Palmas por la que le obligaba a devolver unos 300.000 euros de dinero cobrado ilegalmente cuando decidió transfugarse del grupo de Coalición Canaria (CC), donde era portavoz, para blindar a la entonces presidenta del Cabildo de Lanzarote, la socialista María Dolores Corujo. En una sentencia que se considera firme del pasado 30 de marzo, con la magistrada Inmaculada Rodríguez Falcón como ponente y con el apoyo de los magistrados Jaime Borrás Moya y Francisco José Gómez de Lorenzo Cáceres, la Sala condena también al ex político palmero a las costas del procedimiento.
El Alto Tribunal ha rechazado, en un fallo notificado este martes a la Primera Corporación insular y al que ha tenido acceso este diario, el intento del ex consejero nacionalista de tumbar la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, fechada el 30 de julio de 2025, en la que se confirmaba la validez de las resoluciones dictadas por el Gobierno de Canarias y los informes del Consejo Consultivo que avalaban la ilegalidad de los cobros que obtuvo después de marcharse del grupo en el que era portavoz para pasar a ser consejero de Sanidad de un Gobierno inicialmente conformado por el Partido Socialista (PSOE) y el Partido Popular (PP) y posteriormente por los socialistas y dos consejeros de Podemos que entraron cuando se rompió el pacto original, tal y como calcularon los que llevaron a cabo la operación. De este modo, una vez que devuelva los 300.000 euros a los que se le condenan más otros 200 euros de costas, se pone ahora sí fin a uno de los culebrones políticos de la Isla en la última década, el que provocó el PSOE liderado por la propia Corujo para cambiar la voluntad de quien era en el Cabildo portavoz de CC, liberado no como consejero sino como médico que es del Servicio Canario de la Salud (SCS), cobrando por el tiempo que lleva de servicio mucho más dinero del que podría haber cobrado por su puesto político. Lo curioso del caso es que cuando decidió abandonar su papel en la oposición, utilizando todo tipo de argumentos peregrinos, lo hizo pasando al Gobierno siendo consejero de Sanidad, departamento sobre el que no tienen competencias los cabildos, y siguiendo con el sueldo de galeno que en realidad no le correspondía, puesto que por Sanidad sólo se pueden liberar los portavoces de grupo, y él había dejado de serlo al transfugarse. Sus antiguos compañeros, que podrían haber gobernado en pacto con el PP de no haberse producido esta maniobra de compra de voluntad de un político que cambió de bando, no pararon hasta hacer ver que al menos su ruindad tendría que tener una contraprestación económica, puesto que sin darse cuenta o dándose cuenta había cobrado una cantidad muy superior a lo que le correspondía, la diferencia de su salario de médico mal cobrado y el dinero que le habría correspondido simplemente como consejero de Sanidad.
Sosa presentó una demanda contra el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote con el objetivo de anular las resoluciones de la Consejería de Presidencia y Justicia que le obligaban a reintegrar el dinero cobrado irregularmente, pero el tribunal ha rechazado todos sus argumentos por segunda vez. En este sentido, la sentencia supone un desmentido directo al entonces consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, quien aseguró en sede parlamentaria que las resoluciones estaban “bien dictadas” y que Sosa tenía derecho al cobro, cuando la justicia acaba de ratificar otra vez la anulación de ambas resoluciones y ratifica que no tenía derecho a percibir esos fondos.
Del mismo modo, el ex consejero de Sanidad, Blas Trujillo, que negó repetidamente que existieran cobros indebidos y afirmó que no le constaba ninguna irregularidad, ha quedado igualmente desmentido: ahora la justicia confirma que no solo existieron esos cobros indebidos, sino que Sosa debe devolver hasta el último euro.
Nota de Coalición Canaria
Después de que Crónicas adelantara la noticia, CC ha enviado una nota de prensa valorando la sentencia del TSJC. Para ellos, el fallo judicial es contundente y acredita que Sosa continuó cobrando dinero público sin cumplir los requisitos legales exigidos. "La propia sentencia subraya que la situación era radicalmente nula y desmonta los argumentos del recurrente, fijando con claridad la responsabilidad en su conducta", subrayan.
Los nacionalistas se finan en que el tribunal señala que era el propio Sosa “quien se encontraba en mejor posición para conocer y corregir la irregularidad" puesto que "sabía desde el 2 de diciembre de 2019 que había perdido la condición de portavoz […] y aun así solicitó mantener su situación […] sin comunicar ese dato esencial”, incidiendo en que “la cuestión no es desde cuándo lo sabía la Administración, sino desde cuándo lo sabía el propio interesado, pues la Administración no puede rectificar lo que ignora y que el afectado omitió comunicar”.
Asimismo, CC remarca en su resumen que el fallo recoge que el propio Sosa “ocultó —de forma dolosa o negligente— que previamente había renunciado al cargo de portavoz” y concluye de forma tajante que: “la responsabilidad primaria recae en el propio apelante, que […] sabía perfectamente que ya no cumplía los requisitos esenciales […] y, sin embargo, solicitó la continuidad […] como si nada hubiera cambiado”.
En relación con el dinero público percibido, dicen que los magistrados no dejan margen de duda al establecer que “la administración autonómica se las exigirá al recurrente que es quien ha recibido las cantidades indebidas […] sin que pueda pretender […] que las administraciones […] resuelvan la cuestión”.
El secretario general de CC en Lanzarote, Pedro San Ginés, subraya que “el TSJC viene a confirmar que no era una cuestión partidista, sino una situación extremadamente grave que denunciamos durante años, en la que se sustentó una mayoría de gobierno bajo la responsabilidad de Dolores Corujo, comprando con fondos públicos la voluntad de este tránsfuga de manual”.
El dirigente nacionalista añade que “lo que hoy confirma la Justicia es extremadamente grave, porque vincula el uso indebido de fondos públicos con la estabilidad política de una etapa que nunca debió producirse en esos términos”.
CC considera que esta sentencia no solo obliga a la devolución del dinero público, sino que retrata una forma de actuar en política que debe tener consecuencias. “Hoy la Justicia ha hablado claro. Y lo que ha dicho es que se cobró sin cumplir la ley y que esa situación se mantuvo en el tiempo con consecuencias políticas evidentes”, concluye San Ginés.
