La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el polémico médico Juan Manuel Sosa contra la sentencia dictada por la Plaza Número Uno del Tribunal de Las Palmas por la que le obligaba a devolver unos 300.000 euros de dinero cobrado ilegalmente cuando decidió transfugarse del grupo de Coalición Canaria (CC), donde era portavoz, para blindar a la entonces presidenta del Cabildo de Lanzarote, la socialista María Dolores Corujo. En una sentencia que se considera firme del pasado 30 de marzo, con la magistrada Inmaculada Rodríguez Falcón como ponente y con el apoyo de los magistrados Jaime Borrás Moya y Francisco José Gómez de Lorenzo Cáceres, la Sala condena también al ex político palmero a las costas del procedimiento.
El Alto Tribunal ha rechazado, en un fallo notificado este martes a la Primera Corporación insular y al que ha tenido acceso este diario, el intento del ex consejero nacionalista de tumbar la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, fechada el 30 de julio de 2025, en la que se confirmaba la validez de las resoluciones dictadas por el Gobierno de Canarias y los informes del Consejo Consultivo que avalaban la ilegalidad de los cobros que obtuvo después de marcharse del grupo en el que era portavoz para pasar a ser consejero de Sanidad de un Gobierno inicialmente conformado por el Partido Socialista (PSOE) y el Partido Popular (PP) y posteriormente por los socialistas y dos consejeros de Podemos que entraron cuando se rompió el pacto original, tal y como calcularon los que llevaron a cabo la operación. De este modo, una vez que devuelva los 300.000 euros a los que se le condenan más otros 200 euros de costas, se pone ahora sí fin a uno de los culebrones políticos de la Isla en la última década, el que provocó el PSOE liderado por la propia Corujo para cambiar la voluntad de quien era en el Cabildo portavoz de CC, liberado no como consejero sino como médico que es del Servicio Canario de la Salud (SCS), cobrando por el tiempo que lleva de servicio mucho más dinero del que podría haber cobrado por su puesto político. Lo curioso del caso es que cuando decidió abandonar su papel en la oposición, utilizando todo tipo de argumentos peregrinos, lo hizo pasando al Gobierno siendo consejero de Sanidad, departamento sobre el que no tienen competencias los cabildos, y siguiendo con el sueldo de galeno que en realidad no le correspondía, puesto que por Sanidad sólo se pueden liberar los portavoces de grupo, y él había dejado de serlo al transfugarse. Sus antiguos compañeros, que podrían haber gobernado en pacto con el PP de no haberse producido esta maniobra de compra de voluntad de un político que cambió de bando, no pararon hasta hacer ver que al menos su ruindad tendría que tener una contraprestación económica, puesto que sin darse cuenta o dándose cuenta había cobrado una cantidad muy superior a lo que le correspondía, la diferencia de su salario de médico mal cobrado y el dinero que le habría correspondido simplemente como consejero de Sanidad.
Sosa presentó una demanda contra el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote con el objetivo de anular las resoluciones de la Consejería de Presidencia y Justicia que le obligaban a reintegrar el dinero cobrado irregularmente, pero el tribunal ha rechazado todos sus argumentos por segunda vez. En este sentido, la sentencia supone un desmentido directo al entonces consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, quien aseguró en sede parlamentaria que las resoluciones estaban “bien dictadas” y que Sosa tenía derecho al cobro, cuando la justicia acaba de ratificar otra vez la anulación de ambas resoluciones y ratifica que no tenía derecho a percibir esos fondos.
Del mismo modo, el ex consejero de Sanidad, Blas Trujillo, que negó repetidamente que existieran cobros indebidos y afirmó que no le constaba ninguna irregularidad, ha quedado igualmente desmentido: ahora la justicia confirma que no solo existieron esos cobros indebidos, sino que Sosa debe devolver hasta el último euro.
(Avance informativo)
