El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado su decisión de rechazar la solicitud del Gobierno canario de suspender los permisos concedidos a Repsol para hacer sondeos petrolíferos en aguas próximas a Canarias, tal y como ya dictaminó el pasado 4 de junio.
Así lo ha acordado la Sala de lo Contencioso-Administrativo en una resolución en la que rechaza el recurso de reposición interpuesto por el Gobierno de Canarias contra esa anterior decisión del 4 de junio, por considerar que no ha lugar "ni por forma ni planteamiento", según han confirmado fuentes del Alto Tribunal.
La resolución que el Gobierno canario pedía revisar, según recogen varias agencias de noticia este lunes, es el auto por el que el pasado 4 de junio el TS rechazó su petición y la del Cabildo de Lanzarote de que, por ejecución de la sentencia que dictó esa misma Sala de lo Contencioso en 2004 contra esos primeros permisos, se anularan también los concedidos este mismo año.
En la resolución recurrida y ahora ratificada, el Supremo argumentaba que el motivo en que fundó su decisión de 2004 fue que "se habían omitido, respecto de unas determinadas labores de investigación previstas para un específico período temporal, las medidas de protección medioambiental obligadas en virtud de la Ley 34/1994, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos".
La Sala entiende, por el contrario, que el real decreto de este año incorpora las medidas de protección ambiental cuya omisión llevó a la sentencia de 2004, con el añadido de que en él se integran, además, las disposiciones de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 2008.
Por ello, razona que "difícilmente puede admitirse" que, con este nuevo real decreto, el Consejo de Ministros haya "tratado de eludir la sentencia (de 2004) cuando, en realidad, tiene como objetivo y designio precisamente el de incorporar al proyecto de investigación y al programa de trabajos las medidas medioambientales cuya falta pusimos de relieve".
Frente a la falta de medidas de protección de 2001, los nuevos permisos, según el Supremo, contienen las propuestas por las propias empresas, las exigidas por la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, los estudios que se tendrán que realizar en cada uno de los trabajos y las que puedan exigirse por aplicación de las leyes de ordenación del territorio y protección de los recursos marinos.
El Consejo de Ministros decidió el pasado 16 de marzo mediante real decreto convalidar los permisos otorgados a Repsol hace once años por entender que se habían solventado los defectos de carácter ambiental que habían llevado al Supremo a ponerlos en cuestión.
En concreto, ese acuerdo del Gobierno central permite a Repsol y a sus socios en este proyecto -Woodside Energy Iberia y RWE Dea AG- prospectar nueve zonas del Atlántico situadas entre las islas de Fuerteventura y Lanzarote y la mediana imaginaria que divide las aguas españolas de las marroquíes.
Desmentido del Gobierno de Canarias
Por su parte, el portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, señaló este mismo lunes, en relación a las informaciones recogidas por varias agencias de noticias, en las que se asegura que el Tribunal Supremo ha autorizado las prospecciones, que “hay que insistir en que el Tribunal Supremo lo que afirma es que el Real Decreto 547/2012 no contradice la sentencia del año 2004, pero no se ha pronunciado sobre su legalidad”.
Martín Marrero ha concretado, de acuerdo a lo que publica la Agencia Canaria de Noticias (ACN PRESS), que “el Tribunal Supremo no ha dicho sí a la legalidad de las prospecciones: se ha limitado a resolver un recurso sobre una posible contradicción con su fallo en el año 2004”. En ese sentido, el portavoz del Ejecutivo explicó que “el pleito principal, en el que se dirime la legalidad de las prospecciones, no tiene aún pronunciamiento, puesto que aún estamos en plazo para formalizar la demanda correspondiente”.
Con esta valoración, el Ejecutivo niega las informaciones publicadas este lunes que aseguran que el Alto Tribunal ha vuelto a avalar los permisos concedidos por el Gobierno español a Repsol para realizar prospecciones petrolíferas en las costas canarias, y que el Ejecutivo canario recurrió.
