lunes. 04.07.2022
La Dirección de Recursos Económicos ordena reintegrar todo el importe mal cobrado más los intereses de demora

Sanidad rectifica y da la razón al joven lanzaroteño al que le reclamaban más de 70.000 euros después de permanecer en coma en Gran Canaria

Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria.
Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria.

Después de la enorme repercusión que tuvo la noticia adelantada por este diario, finalmente el Servicio Canario de la Salud (SCS) ha llevado a cabo una rectificación en toda regla en el caso de Christian Morales, un joven lanzaroteño que sufrió un grave accidente de tráfico en Las Palmas de Gran Canaria que permaneció ingresado en coma en la isla redonda y que muchos meses después de su recuperación recibió el terrible susto de que Hacienda le había embargado la nómina y la cuenta corriente al reclamarle una cantidad que llegó a ponerse cerca de los 80.000 euros. Ahora, confirmando también la información que había adelantado el programa "A buena hora" de Crónicas Radio-COPE Lanzarote la semana pasada, el Gobierno de Canarias ha enviado una notificación al afectado en la que resuelve, a través de la Dirección General de Recursos Económicos, que anula el cargo de 65.816,92 euros que se solicitaba de manera absolutamente injustificada. Además, señala en la parte final de la resolución, en un documento al que ha tenido acceso este diario, que se reintegrará el importe que le fue indebidamente embargado al conejero además de los intereses por la demora. Es a todas luces un cambio de postura de la Administración en el que, más rápido de lo habitual y después de que tuviera Morales que contratar a un abogado, se determina lo insólito que era tratar de cobrar a un ciudadano español por la asistencia que recibió en un hospital público de este país. 

En noviembre de 2021 el departamento de Tesorería y Recaudación del SCS, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, desestimaba el recurso de reposición interpuesto por el joven lanzaroteño Christian Morales, residente en Teguise y al que Hacienda le había embargado su cuenta bancaria tras no haber abonado los casi 80.000 euros que la Administración le reclamaba por los cuidados recibidos tras sufrir un accidente de tráfico en 2017 tras el que quedó en estado de inconsciencia durante unos días.

Lo sorprendente del caso era que políticos como el por aquel entonces portavoz de Sanidad del Partido Socialista (PSOE) en el Parlamento autonómico, el también lanzaroteño Marcos Hernández, no sólo mostraban su extrañeza y su indignación ante este caso, sino que llegó a afirmar en los micrófonos de Crónicas Radio-COPE Lanzarote que iban a hacer las gestiones necesarias para que se frenara algo tan absurdo como es tratar de cobrarle a un ciudadano español por la asistencia recibida en un hospital público. Ninguna de sus gestiones ni la del resto de implicados sirvió en primera instancia y llegó una resolución que provocó que el joven lanzaroteño y su familia tuvieran que acudir a los tribunales de justicia, con la carga económica que eso suponía y el tiempo de espera por la lentitud de la administración, para demostrar que todo era un monumental lío que habían organizado aquellos a los que parecía que lo único que les preocupa era tener razón.

El fundamento para justificar este embargo por parte del SCS era que ni el herido ni su familia se dieron por notificados por parte de la Administración para que se realizara el papeleo de la mutua correspondiente, algo que manifestaban desde la familia que era falso porque la primera comunicación se produjo en Las Palmas cuando el joven estaba en coma después del accidente. La otra parte de la familia se encontraba en Lanzarote en el momento de la supuesta notificación pendiente de poder encontrar un vuelo para ir a Gran Canaria. El resto de las comunicaciones, además, llegaron a un domicilio que no correspondía con el de la familia, errores que la administración pretendía que pagara el administrado.

Morales defendía en el citado recurso que interpuso que nunca le fueron notificados los gastos y alegaba también que ninguna de las administraciones implicadas le comunicó absolutamente nada, y menos durante los 21 días en los que estuvo en coma.

El recurso de este joven lanzaroteño recibió por tanto una primera respuesta negativa por parte del SCS, con lo que la Agencia Tributaria, el propio SCS y también la Gerencia del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria le quisieron cobrar casi 80.000 euros por los servicios médicos que recibió.

En esta nueva resolución el SCS cambia su postura, también como consecuencia de las presiones en medios como el nuestro y de las gestiones que siguió realizando el parlamentario Marcos Hernández, y señala que “teniendo en cuenta que la providencia de apremio controvertida fue notificada sin problemas en el domicilio fiscal del deudor, la administración debió poner en la notificación de la factura el mismo celo que puso para notificar los demás actos del procedimiento ejecutivo, y no utilizar el mecanismo de la publicación de la citación por comparecencia en el BOE sin haber agotado antes las posibilidades de efectuar la notificación personal en los términos establecidos en el articulo 110 de la Ley General Tributaria”.

Además, indica que “la anulación de la providencia de apremio trae consigo, como lógica consecuencia, la nulidad de la diligencia de embargo de cuentas bancarias”. También afirma que “el órgano resuelve estimar la reclamación económico- administrativa por no venir ajustado a Derecho el acto impugnado”.  

El SCS finaliza su informe indicando que “a la vista de la documentación que obra en el expediente se desprende que el domicilio fiscal del reclamante en el año 2019, no era el mismo que el del año 2021 cuando se practicó la notificación de la Providencia de Apremio”.

Sanidad rectifica y da la razón al joven lanzaroteño al que le reclamaban más de 70.000...
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