Estracto_de_la_factura_remitida_por_Sergio_Machin_al_Cabildo.doc
El consejero de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo Sergio Machín, metido en estos momentos en un turbulento proceso que podría terminar con su expulsión de la formación, ha remitido esta semana a la institución que preside Pedro San Ginés una factura emitida por el despacho de abogados Garrigues para que se abone a cuenta de las arcas públicas, según atestigua el documento al que ha tenido acceso este diario.
Fuentes consultadas en la institución aseguran que es el primero de los integrantes de los consejos de administración que gestionaron la empresa Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA) hasta que entró en concurso voluntario de acreedores que ha intentado que sea el Cabildo quien pague los gastos de su representación letrada, utilizando un método similar al que propuso en su día la concejal tránsfuga del Partido Popular (PP) en Arrecife, Nayra Callero, entendiendo que su situación judicial se debe a una actuación política en defensa de los intereses de la institución y que por tanto es ésta la que debe sufragar el gasto.
El consejero nacionalista ha presentado una factura por importe de 10.500 euros que le ha remitido el despacho que eligió para su defensa en el contencioso que se ha mantenido en los últimos años, Garrigues, que justifica la cantidad bajo el concepto de “factura inicial por servicios profesionales prestados dentro de los autos de medidas cautelares 5/2011 del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria (concurso de Inalsa) y en el que se le exige el embargo preventivo de sus bienes hasta un máximo de 44.000.000 de euros por haber formado parte del Consejo de Administración de la sociedad en el periodo comprendido entre 2007 y 2009”.
La factura, que ha cogido por sorpresa a los actuales integrantes del grupo de gobierno del Cabildo, se traslada a la institución coincidiendo con uno de los momentos más tensos que se recuerdan desde que San Ginés tomó posesión como presidente de la corporación. Coincide, además, con el lío que se ha organizado una vez que, como adelantó este diario, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) pretende cobrar la deuda que ha quedado al margen del contrato con Canal Gestión S.L. en un proceso que podría provocar, si así lo estima el juez que lleva el caso, que se proceda finalmente al embargo de los bienes de todos los integrantes de los dos consejos de administración de Inalsa que se han visto afectados por la medida, entre ellos políticos conocidos de CC como el propio Machín, la consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Inés Rojas, el viceconsejero de Política Territorial del Ejecutivo autonómico, Mario Pérez, y el alcalde de Haría, José Torres Stinga, o del Partido Socialista (PSOE) como el actual portavoz del Grupo Parlamentario, Manuel Fajardo Palarea, la viceconsejera de Educación del Gobierno canario, Manuela Armas, o el ex presidente del Cabildo y ex alcalde de Arrecife Enrique Pérez Parrilla.
Las fuentes consultadas no han precisado a este diario si finalmente se va a abonar la factura, puesto que es un tema que, según han precisado, no les ha dado ni tiempo a mirar.
La otra versión
Este diario ha consultado a la parte afectada, desde donde se ha trasladado una versión distinta. Según explican, la factura no ha sido enviada al Cabildo por el consejero, sino por el despacho de abogados que le ha defendido. Es más, Sergio Machín entiende que no será la última que llegue del mismo despacho, puesto que fueron varios los integrantes del Consejo de Administración de Inalsa los que contrataron los servicios de Garrigues.
De igual modo, el consejero cree que no habría que sacar de contexto un asunto así, puesto que cualquier político del Cabildo que se ha visto involucrado en alguna cuestión jurídica vinculada con el ejercicio de su cargo, como sucede en la actualidad, no se ha pagado de su bolsillo su defensa letrada.
