• "No es verdad que se haya suspendido ninguna comisión, porque nunca se ha convocado, hasta que no este aprobado el Reglamento no se puede citar a ningún miembro", explica el Gobierno insular en un comunicado
• Aclara que este tipo de sesiones no son vinculantes, no es obligatoria su asistencia, ni hay sanciones al respecto, es un acto administrativo
• De acuerdo con el informe jurídico, la comisión investigadora "carece de relevancia y efecto"
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, asegura este viernes en un comunicado de prensa que un informe jurídico de la Institución que preside obliga a aprobar en Pleno el reglamento para celebrar la comisión de investigación sobre la adjudicación del ciclo integral del Agua a Canal Gestión Lanzarote.
En el pleno del 8 de junio de 2018 se aprobó la creación de una comisión especial de investigación con el objetivo de estudiar y dictaminar el proceso administrativo que culminó con la adjudicación del ciclo integral del agua en la isla de Lanzarote a Canal Isabel II, tras la misma el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, encargó un informe jurídico que determinase la forma oficial de realizarla. Dicho informe, alega el Gobierno insular, recoge que es imprescindible que se apruebe previamente un reglamento de funcionamiento para que pueda celebrarse. Este reglamento a su vez no tendrá validez hasta que se apruebe en sesión plenaria. Añade “no es verdad que se haya suspendido ninguna comisión, porque nunca se ha convocado, hasta que no esté aprobado el Reglamento no se puede citar a ningún miembro”.
En el informe se explica que este tipo de comisiones ‘no tienen similitud con las comisiones informativas, ya que éstas se crean esencialmente para dictaminar e informar asuntos a decidir en pleno’, su ‘dictamen deberá ser debatido y votado por el pleno’. Según el Reglamento Orgánico del Cabildo de Lanzarote ‘las comisiones de investigación especial, ninguna incidencia puede tener sobre las decisiones del asunto objeto de la misma. De pretender alguna decisión distinta a la de crítica y control, que cristalizara en algún acuerdo de competencia del pleno, se requeriría, el dictamen de la competente comisión informativa’.
El informe recoge textualmente que ‘los funcionarios locales, tengan o no habilitación de carácter nacional, no tienen obligación de comparecer cuando sean requerido o citados a las denominadas comisiones municipales de investigación. La inasistencia a dichas citaciones o comparecencia no implica reproche alguna de carácter disciplinario, ni administrativos, ni penal. Las órdenes que pudieran producirse a este respecto por los superiores jerárquicos de estos funcionarios estarían huérfanas de cobertura legal, (…) tal comparecencia tendría carácter voluntario’.
Estas comisiones locales, distintas del Senado u otras instituciones estatales, según el informe ‘considera rotundamente, que no existe cobertura legal alguna que ampare la posibilidad de sancionar dicha inasistencia, por lo que habrá de considerarse los requerimientos o citaciones como meras invitaciones a los destinatarios que pueden aceptar o hacer caso omiso de las mismas sin incurrir en responsabilidad alguna’.
El informe concluye ‘a efectos sustantivos y no políticos la propuesta de la comisión investigadora carece de relevancia y efecto’.
San Ginés informa que “se va a celebrar este acto administrativo cuando tengamos el reglamento, que es preceptivo para poder convocar a los miembros, y en el mismo se debatirá básicamente un absurdo, si era mejor escoger una oferta de 55 millones u otra de 15 millones de euros”.
