El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, encarcelado por la 'operación yate’, que investiga entre otros delitos el pago de comisiones por la concesión de licencias urbanísticas ilegales en ese municipio de Lanzarote, se retractó este miércoles de su anterior declaración ante la titular del Jugado número 2 de Arrecife, en la que implicó en sobornos a varios empresarios.
Reyes compareció de forma voluntaria ante la jueza. En su declaración señaló que cuando lo detuvieron, a finales de septiembre, “estaba con unas heridas de consideración, con posibilidad de coger una infección, escuchaba a su mujer toser y a su hija Beatriz llorar”.
Aseguró que al estar presente su mujer en la segunda declaración que hizo tras su detención, sufrió “presión y desespero”, lo que le llevó a declarar, según se recoge en su declaración judicial. Reyes afirmó que no supo el daño que hizo a esas personas “que no tienen culpa de nada”, en referencia a los empresarios implicados en el pago de sobornos.
El ya ex vicepresidente del PNL dijo que no se acordaba de lo que había declarado y que se quería retractar porque lo que dijo es falso y que lo indicó por intentar salvar a su familia. Reconoce, no obstante, que no se le denegó asistencia médica y que se le leyeron sus derechos.
Fuera de Lanzarote
A las preguntas del Ministerio Fiscal, Reyes señaló que no sabe por qué dio los nombres que dio. “Son los primeros que le vinieron”, se recoge en su declaración, publicada en parte por la agencia Acn Press. Posteriormente, a las preguntas de su abogado, afirmaó que llegó al convencimiento de que si decía unos nombres su mujer y sus hijos no irían a prisión y que esos nombres se le vinieron al pensamiento, No obstante, dice la declaración, el ex alcalde “tuvo la intención de decir nombres de personas que no fueran de Lanzarote para no tener que verlos todos los días”.
El ex regidor de Yaiza declaró que quería pedir disculpas a esas personas y a la jueza “por el tiempo que le ha hecho perder”. Se le pregunta si recibió visitas en la cárcel de abogados de otros imputados en la causa y contesta que sí, que ha recibido “a varios letrados de otros imputados para hablar de esto”. Inmediatamente, sin embargo, lo niega en varias ocasiones y dice que la pregunta no la había entendido bien.
A las preguntas de su nuevo abogado, Pablo Luna, reconoce que escribió una carta desde la cárcel en la que se retractaba de su declaración y se la dio a este letrado. Dijo que ningún letrado de otro imputado le pidió que cambiara su declaración y que él la modificó libremente.
Reconoce, en ese turno de preguntas, que citó a esos empresarios, no por venganza pero sí por “diferencias” con alguna de esas personas y para salvar a su familia. Negó que nadie le hiciera entrega de dinero durante su permanencia en la alcaldía y que su familia, sus hermanos, se han unido para apoyarle económicamente.
Reyes no quiso contestar a ninguna de las preguntas de la abogada de la acusación, que le formuló más de veinte cuestiones. No quiso explicar la procedencia del dinero ilícito que ha manejado, ni cómo ha contactado con su actual letrado, ni justificar el patrimonio de su familia, ni si conoce a los empresarios nombrados y a otros.
La jueza volvió a decretar su ingreso en prisión provisional. A Reyes se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. También continúan imputados en esta causa su mujer, tres de sus hijos, los empresarios Juan Francisco Riquelme, Ignacio Díaz de Aguilar, Joaquín Cañada, Marcelo Machín, Simeón Camacho y el abogado Felipe Fernández Camero.
