- Calculan que la cuantía de las indemnizaciones que el Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno de Canarias tendrían que afrontar y que van a ser reclamadas, supera en una primera estimación "los 200 millones de euros"
La Entidad Urbanística de Conservación (EUC) del Plan Parcial Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, ha solicitado al Cabildo de Lanzarote que promueva de inmediato las medidas legales necesarias para restituir definitivamente la seguridad jurídica a los 450 vecinos y promotores del Plan Parcial.
Los residentes advierte, mediante un comunicado remitido a través de un gabinete de prensa contratado, del grave daño causado por la "confusa y arbitraria" actuación de los servicios jurídicos de la Corporación insular, a los que acusan de haber intervenido en el Plan Parcial cuando todas las viviendas estaban culminadas, de forma selectiva -pues "hay vecinos afectados y otros no, aunque estén en las mismas circunstancias"- y creando a su paso sólo incertidumbre e inseguridad jurídica.
Para la Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial Playa Blanca, la actuación "injusta y discriminatoria" del Cabildo de Lanzarote "al recurrir únicamente determinadas licencias del Plan Parcial Playa Blanca que fueron otorgadas con la autorización del Ayuntamiento de Yaiza y del Gobierno de Canarias, revela una actuación selectiva y abusiva" contra cerca de 450 compradores y promotores, mientras que "exonera de las cargas de los procedimientos judiciales a otros planes parciales igualmente afectados por problemas formales" en la publicación de la ordenación urbanística de Yaiza.
Como ejemeplo de esta política arbitraria y selectiva del Cabildo de Lanzarote, los residentes afectados destacan que en planes parciales como los de Montaña Roja o San Marcial del Rubicón u otros, donde fueron notorias las discrepancias políticas del Cabildo sobre la aplicación de las Directrices, los servicios jurídicos de la Corporación insular no han recurrido ninguna licencia.
Además, destacan, se da la extraordinaria situación de que dentro del Plan Parcial Playa Blanca los servicios jurídicos del Cabildo, "encomendados a un despacho privado de abogados, han dirigido la defensa de un promotor del Plan Parcial, a su vez, cliente de este despacho, que ha estado comprando selectivamente terrenos en los dos últimos años".
Por todo ello, aseguran que este "inexplicable conjunto de actuaciones discriminatorias y arbitrarias" han causado cuantiosos daños a 450 adquirentes de viviendas y a empresarios que han actuado correctamente, y puede provocar consecuencias económicas más graves si el Cabildo de Lanzarote no retira los procedimientos. Y es que las viviendas y parcelas afectadas han sido adquiridas con licencia y a precio de mercado por particulares y empresarios que desconocían la existencia de procedimiento alguno en relación con esas licencias.
Igualmente, la EUC del Plan Parcial no comprende cómo la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, manifiesta públicamente y en privado a los propietarios que no se van a derribar las viviendas y, al mismo tiempo, mantiene los procedimientos que pueden posibilitar ese derribo.
Dicen los residentes que todas las inversiones tanto en la adquisición de las parcelas del Plan Parcial Playa Blanca como en su posterior edificación y desarrollo urbanístico efectuadas se hicieron conforme a licencias autorizadas por el Ayuntamiento de Yaiza, y teniendo en cuenta que el Gobierno de Canarias consideró que el Plan no estaba afectado por las desclasificaciones de las Directrices, por lo que, aseguran, de no ser las licencias correctas, serán las administraciones las responsables de regularizarlas y, si no fuera posible, "deberán indemnizar a los promotores y compradores".
Reiteran que el Cabildo actuó de forma selectiva después de que el Plan Parcial Playa Blanca estaba completamente urbanizado y las viviendas construidas.
Acciones contra el Gobierno, el Cabildo y el Ayuntamiento
Ante la incertidumbre creada por la confusa actuación de los servicios jurídicos del Cabildo de Lanzarote, los propietarios afectados del Plan Parcial Playa Blanca emprenderán acciones contra el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Yaiza y el Cabildo de Lanzarote que, no habiendo recurrido en su día la decisión del Gobierno sobre las Directrices, se mostró inicialmente conforme con las inversiones efectuadas en el Plan Parcial y cambió arbitrariamente de parecer cuando ya estaba completamente urbanizado el Plan Parcial y prácticamente edificadas y entregadas las viviendas.
Cuantías y contradicciones en el PSC
La cuantía de las indemnizaciones que el Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno de Canarias tendrían que afrontar y que van a ser reclamadas, supera en una primera estimación "los 200 millones de euros".
La EUC del Plan Parcial Playa Blanca manifiesta además que todos los proyectos y edificaciones que se han acometido en su desarrollo se han ejecutado cumpliendo los parámetros del PIOT de Lanzarote revisado en el año 2000. "Fue en esta revisión (última aprobada y hoy en vigor) en la que el Cabildo incluyó el Plan Parcial en el PIOT siendo presidente el socialista Enrique Pérez Parrilla".
Por ello, apuntan también las múltiples contrariedades entre unas y otras políticas, las inciadas por Pérez Parrilla, y las que actualmente desarrolla la misma formación, en este caso el Partido Socialista, bajo el mando de la presidenta del Cabildo, Manuela Armas.
Si, por otra parte, el Cabildo considera que la publicación tardía de las ordenanzas de un plan parcial es motivo para recurrir las licencias, "debería impugnar la totalidad de las miles de licencias que se han dado en la mayoría de los planes parciales de Lanzarote", subrayan.
Para el caso del Plan Parcial Playa Blanca, afirman, si estaba en desacuerdo con su exclusión de la lista de planes afectados por las Directrices del Gobierno de Canarias, "debería haberlo recurrido en el momento que se publicó esta decisión y no años más tarde cuando se han realizado inversiones de cientos de millones de euros".
Antecedentes y normativa aplicable
El alcalde Yaiza, José Francisco Reyes, concedió la licencia de urbanización el pasado 11 de diciembre de 2003, a sabiendas de la imposibilidad de hacerlo.
El Plan Parcial Playa Blanca fue aprobado inicialmente en 1988. Sin embargo, el 29 de junio de 1989, la COTMAC (Comisión de ordenación Territorial y medio Ambiente de Canarias) -aplicando el Acuerdo del Cabildo del 23 de enero de ese mismo año, por el que suspendía los acuerdos y actos de planes parciales que eran contrarios a las determinaciones del PIOT, aprobado inicialmente en esa fecha-, suspende la aprobación definitiva del Plan Parcial Playa Blanca.
La decisión de la COTMAC fue recurrida judicialmente por los promotores, fallando a favor de estos el Tribunal Supremo el 10 de julio de 1996. En la sentencia, se determina la aprobación definitiva del Plan Parcial Playa Blanca -anulando la decisión de la COTMAC- por silencio administrativo, considerando como fecha real de su aprobación definitiva 3 meses después de la suspensión de la CUMAC.
El decreto 95/2000, de 22 de mayo, de Revisión Parcial del PIOT, incluye el Plan Parcial Playa Blanca, pero variando su uso parcialmente turístico (2967 plazas turísticas y 1484 residenciales) por un uso exclusivamente residencial de 4451 plazas. A pesar de esto, los promotores no adaptaron el proyecto de urbanización al nuevo uso recogido en la Revisión del PIOT del año 2000. De igual modo, la Revisión Parcial para la adaptación del PIOT, aprobada por el pleno del Cabildo en febrero del año pasado, suspende por el período de dos años el procedimiento de aprobación, modificación y revisión del Plan Parcial Playa Blanca.
A la normativa anterior se le añade la Ley 6/2001 de Medidas Urgentes, -que en su disposición adicional segunda, extingue la eficacia de todos aquellos planes parciales de uso total o parcialmente turístico aprobados antes de 1995- y las Directrices de Ordenación General y de Ordenación del Turismo del gobierno de Canarias.
