El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha comparecido este viernes en rueda de prensa para explicar los pormenores de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ha suspendido parte de las normas transitorias que prohíben de manera expresa las desaladoras privadas para autoconsumo, y lo ha hecho para asegurar que en principio “aunque este decreto se eliminase entrarían en vigor las normas hidrológicas anteriores que también prohíben las desaladoras”.
San Ginés ha recordado que el presidente Nicolás de Páiz, del CDS (Centro Democrático y Social), fue quien en 1991 aprobó por unanimidad el Plan Insular; y posteriormente en el 2001, Enrique Pérez Parrilla (PSOE), con el respaldo del pleno hizo suyo este Plan Insular, normativas que recogen la prohibición de las desaladoras privadas. En esta ocasión incluso la Asociación de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (ASOLAN) aprobó el Plan Hidrológico.
El presidente adelantó que “esta sentencia será recurrida por el Gobierno de Canarias, y presumiblemente por el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote (CIAL) aunque hoy no está personado en el proceso”.
En cualquier caso, aclaró que “aunque estas normas resulten definitivamente anuladas, la norma de aplicación en vigor sería la anterior que como se ha dicho hace 27 años las prohíbe”.
El presidente lamenta no sólo que tanto el Gobierno de Canarias que es ante quien se ha presentado el recurso como en el Consejo "nos enteramos una vez más por cierta prensa local que ha tratado de engañar a la opinión pública dando a entender que es una sentencia contra el Consejo del Agua que presido por aprobar un monopolio que ya existía hace casi tres décadas para beneficiar a terceros y que además no es una sentencia contra el Consorcio del Agua de Lanzarote, ni contra el Consejo Insular del Agua de Lanzarote, quien ni siquiera está personado en el proceso".
En esta línea, concretó que el 5 de mayo de 2016 el Consejo de la Reserva de la Biosfera en Haría se pronuncia a favor del Plan Hidrológico y afirman la mayoría de sus miembros estar "a favor de dar continuidad y mantener bajo el control del Consorcio Insular de Agua de Lanzarote el Ciclo Integral del Agua". "De tal forma que -como siempre ha sido- sólo se autoricen nuevas desaladoras de autoconsumo donde no llegue la red pública. Por interés general se acuerda igualmente que se mantenga en la norma tender a una gestión a nivel insular de la desalación de agua para abastecimiento urbano, turístico e industrial. Sólo votaron en contra tres miembros del Consejo: Asolan y el PP cambiando el sentido de lo que en su día aprobaron; y el grupo Ciudadanos que defendió vehemente la liberalización de las desaladoras y por tanto disparar el precio del agua de abasto doméstico", apuntó.
"Votaron a favor en el Consejo, el representante del Gabinete Científico de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote defendió la propuesta del Cabildo y votaron a favor los dos representantes del Gobierno de Canarias; el representante del Ministerio de Agricultura Alimentación y Medioambiente del Estado; el representante de la Universidad de La Laguna; el representante de la Universidad de La Palmas; los sindicatos; la Fundación César Manrique; los representante de los ayuntamientos de la Isla; los representantes de los Partidos: Coalición Canarias, PSOE, Somos y Podemos; el representante las Asociaciones de Agricultores, y el representante de Asociaciones vecinales", insistió el presidente.
"Se trata de la defensa de un modelo de Isla que respaldamos de manera amplia la representación política del Cabildo (CC, PSOE, PIL, Nueva Canarias, Somos, Ciudadanos y Podemos) y una amplio espectro de la sociedad defensa del carácter público del ciclo integral de agua de Lanzarote como fórmula de redistribución de la riqueza para seguir manteniendo el agua de abasto doméstica más barata de las grandes ciudades de Canarias", argumentó por último el presidente.
