MARIO PÉREZ, vicepresidente segundo del Cabildo:
“No le pedimos a Prats un análisis de la situación sociopolítica de Lanzarote, sino un Plan Territorial. Su informe llegó tarde, incompleto y conociendo ya el requisito de la Ley de Impacto Ambiental. La Cotmac decide el viernes, así que su renuncia la entendemos menos todavía”
Fernando Prats ha puesto fin voluntariamente, aunque sin perder demasiado dinero, al compromiso adquirido con el Cabildo desde la adjudicación a la empresa Auia S.L.,de la “Consultoría y Asistencia para la Redacción del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística (PTEOT) de Lanzarote”, licitada mediante concurso público el pasado 29 de julio de 2005 y encargada allá por el mes de abril del año pasado.
A pesar de que el PTE no ha sido todavía ni siquiera aprobado inicialmente, Prats y su equipo no tienen la intención de perdonarle un euro a la Máxima Corporación lanzaroteña, y ya han cobrado íntegramente, por el momento, el 80 por ciento de la cantidad estipulada en el contrato: 48.000 de los 60.000 euros, aunque todavía les queda una parte por cobrar, unos 12.000 euros que ya han sido reclamados. Así lo confirmaron este martes fuentes de la Consejería de Política Territorial y de la de Economía del propio Cabildo, que aseguraron que incluso los pagos se realizaron de manera adelantada.
Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda, Luis Arráez, precisaba este miércoles que aunque la factura por los restantes 12.00 euros ya había sido presentada por Prats en Política Territorial, el equipo de gobierno estudiará a partir de este jueves, tras el regreso de Inés Rojas de la London World Travel, si finalmente el Cabildo debe liquidar o no dicha cantidad ya que "el trabajo por el que se contrató a Fernando Prats no ha sido culminado".
Tres facturas
Según la Consejería de Economía y Hacienda de la Primera Corporación, todos los pagos efectuados a Prats han recibido el visto bueno de los técnicos de la Oficina del PIOL (Plan Insular de Ordenación de Lanzarote).
La primera factura por el primer pago de los tres contemplados en el contrato de Prats, de 18.000 euros, fue presentada en noviembre de 2005 y cobrada el día 9 de diciembre. Tal y como señala el pliego de condiciones del concurso adjudicado a la empresa AUIA (Arquitectos Urbanistas Ingenieros Asociados), dicho pago supone el 30 por ciento del montante total, y se corresponde con la entrega de la memoraia previa del PTE.
La segunda factura, por 30.000 euros, fue presentada por Prats en el Cabildo el pasado 21 de febrero y liquidada el día 18 de mayo como correspondía a la entrega del documento de aprobación inicial.
En cuanto a qué va a pasar ahora tras la marcha de Prats, Luis Arráez aclaró que "el documento recoge muchas cuestiones solicitadas por el Cabildo, los ayuntamientos y los colectivos sociales, así que se aprovechará y su redacción tendrá que ser finalizada".
Según Arráez, el grupo de gobierno tendrá que apoyarse ahora en informes de los servicios técnicos y jurídicos del Cabildo para analizar la situación, conocer qué se ha hecho y qué no se ha terminado, y aclarar así si finalmente se le pagan a Prats los 12.000 euros restantes y el modo en que se acomete la culminación del PTE.
Reacciones
Para los representantes del Partido Socialista (PSC-PSOE) en el Cabildo, sin embargo, es lógico que Prats y su equipo lo hayan cobrado todo. El vicepresidente primero, Manuel Fajardo, argumenta que “ya han cumplido con su trabajo, que era la redacción del Plan”, y aunque no se haya aprobado todavía, “Prats incluso ha estado presente en muchas de las reuniones en las que se expuso el PTE”. Además, el secretario general socialista en la Isla, para el que Prats finalizó su trabajo el pasado mes de febrero, reveló que el urbanista ya venía avisando de la necesidad imperiosa de aprobar cuanto antes el documento.
Precisamente, según Fajardo, Prats remitió una misiva el pasado 6 de septiembre a la presidenta, los vicepresidentes y el consejero de Política Territorial, Carlos Espino, alertando sobre la urgencia de la situación. Fajardo cuestionó la labor de los ayuntamientos de la Isla a la hora de presentar propuestas al PTE, y calificó “de vergüenza” la actitud de la oposición, tras rechazar el viernes la suspensión de licencias en municipios turísticos, la que “ahora es la única medida válida en tanto no se apruebe el PTE”.
Mal en las formas y en el fondo
En el otro extremo, aunque en idéntico sentido al pronunciamiento de la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, se manifestó ayer el presidente y portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo, Mario Pérez, para quien serán los servicios jurídicos y de contratación del Cabildo los que decidan si la renuncia es posible y cuáles son sus efectos reales. El vicepresidente segundo se mostró muy sorprendido por las formas del director del equipo del PTE.
“Su renuncia ni siquiera fue remitida a mi correo o al de la presidenta, sino al de las secretarias del Cabildo”, reveló. “No le hemos pedido a Prats que haga un análisis sociopolítico de Lanzarote, sino un Plan Territorial para la Isla, como tampoco nos interesa qué opina de que se celebren elecciones cada cuatro años”, explicó en relación a los argumentos aportados por Prats, en los que éste alega que “iniciado el período electoral, las discrepancias en el seno del Gobierno del Cabildo paralizan toda la aprobación”.
Pero Mario Pérez expuso también su decepción por el fondo en la labor realizada por Prats. En su renuncia, el técnico habla de “dificultades internas”. “En absoluto”, responde Mario Pérez. “El informe que Prats nos entregó entre abril y mayo llegó tarde, incompleto, -sin la memoria económica- y ya sabiendo que había que acatar la Ley de Impacto Medioambiental a menos que el Gobierno canario nos exonere”, dijo.
La solución a la exoneración, el viernes
La Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente (COTMAC) del Gobierno de Canarias decidirá el próximo viernes si el PTE debe o no, finalmente, ser sometido a la Ley de de Impacto Medioambiental.
Tras la reciente suspensión de licencias residenciales decretada por el Cabildo en municipios turísticos, en caso de que el Plan quede exonerado de dicho compromiso, los portavoces del grupo de gobierno aseguran que tramitarán la aprobación inicial del documento a la mayor brevedad.
En el otro escenario que se plantea, si la Cotmac obliga a que el PTE sea sometido a tal evaluación, se requeriría al menos de un período de casi dos años para emitir estudios ambientales antes de que el documento pueda ser aprobado. No está claro si habría que contratar a otro equipo de redactores, pero sí sería necesario el trabajo de técnicos para la emisión de informes.
Ocio complementario
Por otra parte, cabe recordar que la Consejería de Turismo del Gobierno canario adjudicó la redacción del Plan Insular de Ocio Complementario de Lanzarote. A pesar de que debía ser remitido en septiembre al Cabildo, todavía no ha llegado a la Isla y por el momento también se desconoce si será incluido en el PTE -lo que obligaría irremediablemente a la aplicación de la Ley de Impacto Medioambiental- o si, por el contrario, el ocio quedará en un documento aparte.
Impugnación y baja temeraria
La cantidad presupuestada en la oferta presentada por UIA, los famosos 60.000 euros, provocò incluso que una de las ocho empresas que concurrieron al concurso, Ingeniería Técnica Canaria, S.A., solicitara en los tribunales de justicia que se suspendiera el procedimiento, pidiendo que se repitiera. Esta empresa interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Cabildo de contratar al equipo del arquitecto y urbanista Fernando Prats al considerar que la preferencia del Cabildo por el equipo de Prats era “ilegal” denunciando que la oferta formulada por el equipo de Prats era temeraria y desleal, al ser casi un 80 por ciento más barata que el resto. Así, mientras las otras siete compañías aspirantes ofrecían proyectos con una media de 270.000 euros, la del equipo de Prats ascendía sólo a 60.000 euros.
Mientras fuentes de la Primera Corporación insular afirmaron entonces que Prats presentó la oferta más barata para el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística (PTEOT)- un 80% menos, pues el resto ascendía a 270.000 euros- la compañía Ingeniería Técnica Canaria S.A. consideró que la adjudicación para la redacción del Plan obedece exclusivamente a las estrechas relaciones que el equipo de Prats mantiene con algunos técnicos de la Fundación. La solicitud de impugnación fue finalmente desestimada.
El equipo de Prats ya redactó el PIOT de 1991, las modificaciones puntuales de 2000, con la llamada moratoria, y las de 2003.
