El senador por la Comunidad Autónoma de Canarias y expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha desistido por escrito a comparecer ante la Comisión de Suplicatorios del Senado a la que había sido citado este martes para que aportase alegaciones frente a la actuación solicitada por el Tribunal Supremo de levantar su aforamiento.
Con esta acción, Pedro San Ginés afirma en nota de prensa que da por sustanciado el trámite de audiencia y asume que el Pleno del Senado proceda a levantar su aforamiento en la sesión que celebrará el próximo 30 de septiembre, registrando el escrito en el que expresa su “absoluta confianza en el Estado de Derecho y mi máxima colaboración con la Administración de Justicia, al objeto de que quede aclarada mi inocencia, sin la sombra de duda que suele rodear a todo proceso penal”, subraya.
El senador y expresidente del Cabildo de Lanzarote reitera su absoluta tranquilidad ante la instrucción, o en su caso apertura del juicio oral, ya decretada por el juez Jerónimo Alonso desde el año 2022, por cuanto entiende imposible resultar condenado por denuncia falsa cuando en realidad él nunca interpuso ninguna denuncia; y recuerda que la causa ya fue archivada inicialmente por el propio Tribunal Supremo, que luego atendiendo a un recurso de la denunciante y la Fiscalía acordó continuar con la causa.
Sobre la acusación de falso testimonio, adelanta: “Repetiré lo mismo que dije como testigo en la instrucción de juicio contra Carlos Espino y en la instrucción del Supremo como acusado, porque todo lo dicho es verdad y fue corroborado con documentos oficiales aportados a la causa en ejecución de un acuerdo del Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) y, en declaraciones mucho más expeditivas que las suyas, por parte del director económico y financiero de los CACT”.
Una denuncia con evidente intencionalidad política
El procedimiento se centra en dos acusaciones. Una supuesta falsa denuncia y el ya referido presunto falso testimonio. Sobre la primera, San Ginés subraya la imposibilidad de una condena: “Es sencillamente imposible resultar condenado por una denuncia que nunca interpuse. La denunciante fue la presidenta del PP de Lanzarote y entonces consejera de los CACT, Astrid Pérez, quien cumpliendo con su deber actuó por acuerdo del Consejo de Administración de dicho ente público.
“Lo sorprendente y lo que viene a demostrar la evidente intencionalidad política de, esta sí, falsa denuncia es que no figuren como denunciados ninguno de los miembros del Consejo de Administración que adoptaron el acuerdo de denunciar, entre los que no me encontraba, ni la denunciante que lo ejecutó, todos ellos cumpliendo con su deber. Ni tampoco aparecen denunciados por falsos testimonios quienes presentaron testimonio no solo más expeditivos que los míos, sino aportando además pruebas documentales de cuanto yo solo había esbozado”, añade San Ginés.
Contratos inflados
Dichas pruebas -explica el senador- “demuestran que el socialista Carlos Espino, en su etapa como consejero de los CACT, dio instrucciones para que se abonaran cientos de miles de euros a tres empresas del padre del denunciante, con contratos inflados, sobrecostes injustificados, en un caso triplicando el importe de lo contratado y en los otros dos sin contrato alguno. Todo ello quedó respaldado por un peritaje judicial que certificó que los precios abonados superaban ampliamente los valores de mercado”.
