El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Arrecife, Pedro de Armas,
visitó este miércoles por la noche las instalaciones de la Asociación de Vecinos de Titerroy,
para informarles de la situación de la antena de telefonía móvil que se
encuentra en esta zona de la capital, concretamente en la calle José
Pereyra Galviati, dentro de una propiedad privada. De Armas explicó a los
vecinos, que habían solicitado la reunión con el edil arrecifeño, que la
retirada de la antena de la calle José Pereyra Galvitati era cuestión de
tiempo, ya que solamente “se encuentra a la espera de que la justicia nos
permita entrar en la propiedad privada donde está instalada”.
De hecho, el concejal adelantó a los vecinos que el Ayuntamiento tiene ya
retenidos en sus presupuestos 6.000 euros destinados a derribar dicha
antena. “Puede ser mañana, dentro de dos meses o de tres, pero se hará,
porque ya ha sido declarada ilegal por los tribunales de justicia y, por
tanto, podemos retirarla sin ningún problema”.
Además, y para tranquilizar a los vecinos de la zona, muy preocupados por
los problemas de salud que se pudieran derivar de estas antenas, informó
que el Ayuntamiento había recibido el pasado 22 de abril de 2009 un
escrito de Unelco comunicándole la “suspensión y baja” del suministro de
dicha antena.
“Este grupo de gobierno y yo personalmente estamos trabajando a fondo en
la legalización de todas las antenas de telefonía móvil del municipio de
Arrecife, de acuerdo con la ordenanza municipal, procediendo a legalizar
solamente aquellas que cumplan con la normativa; las demás, serán
demolidas”, dijo el concejal de Urbanismo de la capital, que insistió en
que la retirada definitiva de la antena de la calle José Pereyra Galviati
tan solo estaba a la espera de que el “juez nos permita entrar en una
propiedad privada”.
“Desde el 23 de marzo de 2010 el propietario tiene la orden de derribo de
dicha antena y nos consta que el pasado 20 de septiembre ha recibido una
notificación del juez dándole cinco días para presentar sus alegaciones,
pero como saben la justicia no va al mismo ritmo que las denuncias de los
vecinos”, añadió De Armas.
Cabe destacar que tanto el presidente como el vicepresidente de la
Asociación de Vecinos de Titerroy, Ismael Montero y ‘Mangüe’ ,coincidieron
en que se “han hecho las cosas mal”, si bien se mostraron esperanzados, al
igual que el resto de los vecinos presentes en la reunión, en que al final
el trabajo de ocho o diez años tenga los frutos deseados”.
Ordenanza sobre telefonía móvil
Por otro lado, el concejal de Urbanismo declaró que el Ayuntamiento de
Arrecife tiene una ordenanza aprobada sobre telefonía móvil que impide su
colocación cerca de “cualquier centro educativo, centros sanitarios,
hospitales y geriátricos, residencias de ancianos o cualquier otro que el
Ayuntamiento de Arrecife considere conveniente mediante razonamiento
motivado”.
La ordenanza municipal para la instalación y funcionamiento de las
instalaciones de radiocomunicación y telefonía móvil en el municipio de
Arrecife, aprobada en pleno el 9 de mayo de 2006, indica, además, que las
instalaciones permitidas estarán sujetas a la aprobación previa de un plan
de implantación y desarrollo de toda la red en el municipio, “siendo el
nivel máximo permitido de exposición a campos electromagnéticos no
ionizantes en suelo urbano de 10 micro W/cm2 en toda la zona o espacio
ocupado por el público en general”.
Por lo tanto, la solicitud de la licencia para las instalaciones
individuales debe contar con el Plan de Implantación, en caso contrario
será ilegal. En este punto el concejal señaló que si los vecinos vieran
algún movimiento raro, tendente a la instalación de posibles antenas
ilegales “deben denunciarlo ante la Policía local, que será la encargada
de paralizar la obra”.
La ordenanza municipal para la instalación y funcionamiento de las
instalaciones de radiocomunicación y telefonía móvil en el municipio de
Arrecife pretende la regulación de las infraestructuras necesarias para
la cobertura de la telefonía móvil, sobre todo “minimizando el impacto
medioambiental y urbanístico, y en la medida de lo posible, “evitar todo
daño a la salud que puedan producir dichas comunicaciones”.
