La Delegación del Gobierno en Canarias se ha dirigido al Consorcio Insular de Aguas lanzaroteño para exigirle que subsane o anule el presupuesto correspondiente a este año 2012 por incumplimiento jurídico grave. Así lo han desvelado fuentes del Partido Popular (PP), que explican que la Delegación del Estado en Canarias ha advertido al órgano del agua dependiente del Cabildo insular de Lanzarote de varios incumplimientos que conculcan gravemente el ordenamiento jurídico. Entre ellos, "el Consorcio Insular de Aguas no ha publicado su previsión de ingresos y gastos, no ha hecho público oficialmente la deuda que tiene Inalsa".
En este sentido, el PP de Lanzarote ha presentado una moción al próximo Pleno del Cabildo para que se proceda a subsanar los incumplimientos de la normativa presupuestaria en vigor en los que incurre el Presupuesto General del Consorcio Insular de Aguas para el presente ejercicio.
Y es que, según se recoge en el Informe de Intervención al presupuesto elaborado por el Consorcio, esta entidad ha incrementado en casi un millón de euros los gastos del capítulo I, de personal, pasando de 8.455.018 a 9.152.852 euros este año. Tal y como como indica el mismo, este hecho vulnera claramente el Real Decreto de Medidas Urgentes en materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la corrección del déficit público, que establece que a partir del 1 de enero de 2012 no se puede aumentar las cuantías en las retribuciones y de la masa salarial.
En dicho requerimiento se explicita claramente que estos preceptos normativos son de obligado cumplimiento también para las empresas mercantiles públicas, que no podrán proceder a la contratación de nuevo personal, salvo en casos muy concretos y excepcionales. Por otra parte, y dentro de los incumplimientos detectados, también se encuentra el referido al equilibrio presupuestario, dándose la circunstancia de que el Presupuesto del Consorcio para 2012 se ha elaborado con déficit inicial.
Desde el Partido Popular se entiende que lo mínimo que pueden hacer los responsables públicos que están al frente de las instituciones es velar y cumplir con la legislación vigente.
