FOTOS: DORY HERNÁNDEZ
La presunta trama de corrupción municipal y urbanística desmantelada este lunes en el Ayuntamiento de Arrecife, al parecer dirigida por varios políticos del PIL (Partido de Independientes de Lanzarote), se dedicaba a cobrar comisiones ilegales a empresarios, según la Guardia Civil.
La operación policial, bautizada con el nombre de Unión y que se ha extendido a Gran Canaria, se inició a raíz del cobro de una de estas comisiones, de 100.000 euros, que fue interceptada por la Guardia Civil en Guatiza, Teguise, a uno de los intermediarios de la red en el momento de su entrega.
Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) informó este lunes por la mañana de la detención de diez personas implicadas en esta trama, la Guardia Civil asegura que los detenidos son nueve, aunque no se descartan más arrestos. Posteriormente se han producido más arrestos.
Los arrestados son el líder del PIL, Dimas Martín, quien se encuentra en prisión cumpliendo una condena; su hija María Elena Martín, jefa del servicio de contratación del Ayuntamiento de Arrecife; el primer teniente del Consistorio Ubaldo Becerra (PIL), y el concejal de Urbanismo y Economía y Hacienda, José Miguel Rodríguez (PIL).
También han sido detenidos el ingeniero jefe de la oficina técnica municipal, Rafael Arrocha; el ex vicepresidente del Cabildo Segundo Rodríguez (PSC-PSOE), un empresario de Gran Canaria y dos intermediarios.
Según informó el TSJC, que no ha facilitado ningún nombre de los arrestados, entre los detenidos se encuentra un ex presidente del Cabildo de Lanzarote, dos concejales del Ayuntamiento de Arrecife, dos funcionarios del Consistorio y varios empresarios.
A los detenidos se les imputa delitos contra la Administración Pública, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, exacciones ilegales y contra la ordenación del territorio.
En esta operación, dirigida por el juez de instrucción número 5 de Arrecife, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han registrado las dependencias del Ayuntamiento de Arrecife y de su Oficina Técnica, una oficina y varios estudios de arquitectura, así como los domicilios de algunos de los detenidos y la celda que ocupa Dimas Martín en la prisión de Tahíche.
Según la Guardia Civil, la investigación ha permitido desarticular "una importante trama organizada" dedicada al cobro de comisiones presuntamente ilegales a empresarios cuyos intereses económicos "dependen en buena medida de decisiones administrativas que están en manos o bajo la esfera de influencia de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización".
Así, la Guardia Civil cita "el pago de facturas por servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos y concesión de licencias".
La red, que viene siendo investigada por la Guardia Civil desde hace más de un año, se ha desarticulado a raíz del cobro de una de estas comisiones por uno de los intermediarios de la organización, que fue detenido in fraganti con 100.000 euros en efectivo.
La Guardia Civil también investiga una supuesta manipulación de la adjudicación del avance del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife.
La investigación ha sido llevada a cabo por miembros del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife y de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas.
La Guardia Civil ha informado de que la operación se encuentra bajo secreto de sumario y continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones o imputaciones.
Uno de los detenidos en la operación Unión ha sido un empresario que fue arrestado en Gran Canaria y fue trasladado a Arrecife, para su puesta a disposición del juez del caso, en un helicóptero de la Guardia Civil.
Un día “impactante”
Poco antes de las diez de la mañana de este lunes saltaban todas las alarmas: agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil desplazados desde Madrid acordonaban la sede consistorial de Arrecife e irrumpían para desalojar el edificio de ciudadanos y retener a trabajadores, concejales y técnicos con acceso a información privilegiada.
Mientras, efectivos de la Unidad Centralizada Operativa (UCO), equivalente a un cuerpo como la Guardia Civil en Europa, se hacían con el edificio municipal y otras sedes colindantes como la Oficina Técnica, la Oficina de Contratación y el propio Archivo Histórico Municipal. Antonia es una de estas ciudadanas que mientras tramitaba ciertos asuntos en el Ayuntamiento se encontró con la intervención judicial.
“Nadie nos informó de nada, simplemente se identificaron como Guardia Civil de Madrid y nos dijeron que teníamos que desalojar el Ayuntamiento a toda prisa. Posteriormente el juez del Juzgado Número 5 se personó en una de las salas en las que estábamos y nos explicó que se trataba de una operación judicial. Fue impactante, lo primero que pensé fue en un aviso de bomba; es una pena que en el exterior seamos noticia por esto y no por otras cosas”.
Una vez declarada la intervención, mientras desde fuera se precintaba el perímetro del edificio por la avenida Vargas y las calles Liebre y Manuel Miranda, en el interior varios concejales que estaban reunidos sean trasladados hasta otras dependencias. Allí se les reunió, se les dejó incomunicados y, tras un registro de pertenencias e identificación, quedaron apostados en sillas haciendo un círculo que en todo momento permaneció custodiado por la Guardia Civil.
La propia concejal de Asuntos Sociales, Emilia Perdomo (PIL), contaba su experiencia en primera persona. “No sabemos a qué se debe la intervención. Lo cierto es que nos han registrado y nos han sometido a varios controles antes de poder abandonar el Ayuntamiento. La sorpresa ha sido grande, sobre todo porque no nos esperábamos una intervención de estas dimensiones”, afirmó.
Otros concejales de la Corporación que habían quedado fuera del edificio también vivieron una situación de pánico, aliñada con grandes dosis de incertidumbre. Es el caso de Isabel Martinón, edil del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL). “Se habla de dos detenidos pero la información que tenemos es muy poca. Yo había salido a desayunar y cuando intenté volver a entrar ya no pude. Hay mucha expectación y lo que queremos saber es a qué se debe esta actuación de la Guardia Civil”, aseveró.
En el mismo sentido se manifestaba el portavoz socialista en el Ayuntamiento capitalino, Víctor Betancort. “Se trata de una actuación de un poder independiente, y es ese sentido tenemos que acatar cualquier decisión o actuación que la justicia tome. El alcalde, en representación de la Corporación, sigue dentro con la secretaria, y de momento no sabemos nada más, salvo que se han producido varias detenciones”.
En torno a las 10:48 horas una de las hijas de Dimas Martín, María Elena Martín, era escoltada por la Guardia Civil hasta un turismo que se dirigió a gran velocidad hasta los juzgados. La actuación judicial daba un respiro y cobraba visos de tensa calma. Sin embargo, a la paulatina salida de funcionarios del Ayuntamiento le seguían movimientos intrigantes de la Guardia Civil: mientras se precintaba la parte trasera del Ayuntamiento, un funcionario era conducido al propio Archivo Histórico Municipal para proceder a su apertura y registro. Por otro lado, una furgoneta blanca llegaba con diversas cajas de cartón vacías y que, de un momento a otro, iban a ser rebosadas de documentación. La inquietud de cientos de vecinos y curiosos agolpados en la acera de enfrente del Ayuntamiento se mezclaba con la desorientación de muchos, la sorpresa de otros y la incertidumbre de saber qué estaría pasando en el interior del edificio. En medio del caos circulatorio en que se había convertido el centro de Arrecife, decenas de cámaras de televisión y periodistas trataban de obtener la mejor toma, el último dato.
Un par de parejas de comprometidos se quedaron este lunes sin su boda por la intervención judicial.
Por su parte, el resto de portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento manifestaban sus impresiones ante el despliegue policial. Con “absoluta sorpresa” acogía el portavoz del PP, Cándido Reguera, la noticia. “No sabemos si la actuación se debe a hechos que han tenido lugar en el presente mandato o en anteriores. Lo cierto es que se habla de comisiones que tienen que ver con las obras adjudicadas por Arrecife en el Plan Zapatero”, algo de lo que, aseguró, “desde el PP no teníamos ni la menor idea”.
De otro lado, Andrés Barreto, concejal de Alternativa Ciudadana, mostraba su satisfacción por el inicio de la intervención judicial y esperó que la justicia actuara con quien debe hacerlo. “Si es para combatir la corrupción, bienvenido sea”, afirmó. El edil de Alternativa Ciudadana sopesó posibles irregularidades cometidas por el actual grupo de gobierno, entras las que citó el cambio de la compañía aseguradora del personal del Consistorio. “Llevábamos muchos años con la misma empresa y ahora, de golpe y porrazo, se cambia de compañía sin dar explicaciones ni a grupos políticos ni al Comité de Empresa, y sin si quiera sacar un posible concurso público”, afirmó.
Con el alcalde de Arrecife, Enrique Pérez Parrilla, todavía en el interior, sobre las 15:00 horas dos de los detenidos, el concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez, y la encargada de Contratación, María Elena Martín, eran conducidos desde los juzgados hasta el Ayuntamiento por agentes del Instituto Armado, que ya habían comenzado por los accesos de atrás a sacar copiosa documentación impresa en grandes cajas y maletines.
A la normalización del tráfico en el centro capitalino, convertido en verdadero caos circulatorio durante toda la jornada, se le unió en una dantesca mezcla los mensajes de la actual campaña electoral hacia las Elecciones Europeas.
Frente al precinto de la Guardia Civil algunos vecinos preguntaban cuándo estaría abierto el Ayuntamiento: la respuesta, 'vuelva usted mañana que hoy el Ayuntamiento estará cerrado durante todo el día'.
