Los representantes del Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC) ha exigido este lunes en una nota de prensa enviada a este diario que alguien a quien en principio no identifican asuma la responsabilidad por el resultado de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), adelantada en primicia informativa por este diario, que condena a los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote al pago a una ex trabajadora de más de 100.000 euros sólo en concepto de indemnización. Aunque el tema tiene un largo recorrido, puesto que la denuncia de la afectada en los tribunales se produjo en 2022 bajo el mandato de la socialista María Dolores Corujo, el sindicato alude al mismo momento en el que se sacaron las plazas a las que accedió en 2018, cuando el presidente del Cabildo era el nacionalista Pedro San Ginés. En cualquier caso, el sindicato mayoritario se limita a narrar lo que consideran que estuvo mal y a decir que se deben asumir responsabilidades, pero no especifica quién.
“Desde FSOC queremos manifestar públicamente nuestra preocupación y firme rechazo ante los hechos recogidos en la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que condena a la empresa a abonar más de 100.000 euros a una ex trabajadora de los Centros de Arte, Cultura y Turismo por una promoción irregular de una plaza de auxiliar administrativo. Este no es un hecho menor. No sólo estamos hablando de un perjuicio económico para la empresa pública sino de una vulneración grave de los principios de igualdad, mérito y capacidad”, apuntan en su escrito. “Nos preocupa, y mucho, que esta actuación no sea un caso aislado, sino el reflejo de una forma de actuar que pone en riesgo la transparencia y legalidad en la gestión del personal”, añaden.
“Queremos recordar que ya en el Consejo de Administración del 6 de septiembre de 2018, nuestro representante sindical advirtió que las contrataciones realizadas no se ajustaban a las bases de la convocatoria. Se ofertaba una única plaza, pero se otorgaron plazas fijas a cuatro personas más, que debían haber sido incluidas en la lista de sustituciones, no convertidas en personal fijo de forma directa”, comentan. “La directora de Recursos Humanos, en su respuesta, apeló al convenio colectivo para justificar estas actuaciones. Sin embargo, el artículo 41.1 del convenio es claro: la lista de sustituciones se conforma con personas que no acceden a la plaza, pero tienen puntuación suficiente, y su función es cubrir sustituciones o vacantes provisionales durante un año, no otorgar plazas fijas sin convocatoria”, recuerdan.
Desde FSOC los trabajadores exigen que se asuman las responsabilidades pertinentes. “No se puede seguir tolerando una interpretación arbitraria del convenio colectivo ni decisiones que comprometan la legalidad y la equidad en los procesos de selección. Estamos aquí para defender los derechos de todas y todos los trabajadores, y no vamos a permitir que se pisoteen los principios que deben regir en cualquier administración pública. Basta ya de decisiones unilaterales y de usar las normas según convenga. Exigimos rigor, transparencia y respeto al marco legal y convencional”, argumentan por último en su nota.
